Redacción Canal Abierto | En el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, Amnistía Internacional dio a conocer si su nuevo informe titulado El costo de la retirada: barreras, endeudamiento y desigualdad en el acceso al aborto en Argentina, que da cuenta del “alarmante deterioro en el acceso al aborto en el país, como consecuencia de la falta de insumos y la retracción sostenida del Estado nacional en su rol de garante de la salud sexual y reproductiva”.
“Como resultado –advierte el relevamiento-, no solo se profundizan los obstáculos preexistentes, sino que se generan nuevas formas de exclusión que trasladan el costo del acceso a las propias mujeres y personas gestantes, afectando de manera desproporcionada a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad”.
El aborto es derecho
Entre los datos más alarmantes, la organización registró un aumento de más del 300% en las consultas y denuncias por obstáculos en el acceso al aborto recibidas a través de su formulario online, en comparación con el año anterior. Si bien estos datos no son representativos de la situación nacional, ante la ausencia de datos oficiales y la opacidad estatal, permiten advertir el agravamiento de las dificultades.
“En un país con profundas desigualdades territoriales, donde las provincias ya financian más del 75% del gasto en salud, trasladarles de manera exclusiva la responsabilidad por la compra de insumos y el sostenimiento de políticas de salud sexual y reproductiva, sin transferencia de recursos, profundiza las brechas existentes. El sistema de compras centralizadas permitía reducir costos, planificar la provisión y procurar un piso equitativo de acceso a derechos en todo el país. Cuando ese acceso queda sujeto a la capacidad de cada jurisdicción, las mujeres y personas gestantes en situación de mayor vulnerabilidad quedan más expuestas a abortos inseguros y a riesgos para su salud y su vida”, señaló Mariela Belski, directora de Amnistía Internacional Argentina.
Endeudarse para acceder a un derecho
El informe revela que más de la mitad de las provincias reportaron falta de misoprostol y que casi la totalidad registró desabastecimiento de mifepristona, medicamentos fundamentales para el acceso a abortos seguros. Asimismo, según informó el Estado nacional, en 2025 se registraron 191 secuencias de llamados a la línea 0800 de salud sexual por faltante de insumos.
Si bien algunas provincias intentaron compensar esta situación con recursos propios, muchas reconocen que no tienen capacidad suficiente para garantizar una provisión regular y equitativa de insumos para el acceso a la salud sexual y reproductiva. En este contexto, mujeres y personas gestantes fueron informadas en los centros de salud que deben adquirir la medicación por sus propios medios, con costos que pueden alcanzar los $300.000. Algunas, incluso, llegaron a explorar la posibilidad de recurrir a préstamos o endeudarse para acceder a una práctica que el Estado debería garantizar de forma gratuita.
La ONG subraya que la falta de insumos impacta también en el funcionamiento del sistema de salud: “se erosiona la capacidad de respuesta en el primer nivel de atención, se concentra la demanda en algunos pocos hospitales de mayor complejidad y se profundizan las demoras que empujan a muchas personas a transitar embarazos más avanzados, lo que las expone a mayores riesgos y situaciones de angustia”.
Si bien la organización recibió casos por falta de insumos en todo el país, Salta se destacó por la persistencia de los casos y por la reiteración de un mismo patrón: mujeres y personas gestantes que acudían al sistema público de salud eran informadas de que no había medicación disponible y de que debían adquirirla por sus propios medios, pese a su elevado costo. Esto se ve reflejado en la cantidad de secuencias registradas por la línea 0800 de salud sexual por faltante de insumos: casi el 50% corresponden a esa provincia.
Frente a este escenario, en abril de 2026, Amnistía viajó a la provincia con el objetivo de relevar el impacto que el retiro del Estado nacional está generando sobre el acceso a la salud sexual y reproductiva en las provincias. Salta constituye un caso ilustrativo de las consecuencias que la retracción de la rectoría nacional puede generar sobre los sistemas locales de salud y sobre las trayectorias concretas de quienes buscan acceder a sus derechos sexuales y reproductivos.
Niñas, adolescentes y jóvenes: un acceso más desigual
El impacto de estas medidas es especialmente grave en niñas y adolescentes. En 2025, Amnistía Internacional registró, en su formulario de denuncias por barreras en el acceso, 69 consultas de personas de entre 14 y 19 años, un aumento del 306% respecto del año anterior. El 80% de las adolescentes que se contactaron no sabía cómo ni dónde acceder a una interrupción del embarazo. Esto ocurre en un contexto donde el Plan ENIA, una política pública que había demostrado resultados concretos en la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia fue desmantelada y desfinanciada.
En los casos más graves, especialmente en niñas más jóvenes, se registran situaciones de extrema vulnerabilidad, muchas veces atravesadas por violencia o abuso, donde la falta de información, acompañamiento y respuestas oportunas del sistema de salud agrava aún más el riesgo.
Sin información, sin anticonceptivos, sin educación sexual integral y sin circuitos claros de atención, las niñas y adolescentes quedan más expuestas a la violencia, la continuidad forzada de embarazos y la interrupción de sus proyectos de vida.
San Isidro: la posible institucionalización de circuitos de obstrucción
Testimonios relevados por Amnistía Internacional dan cuenta de la existencia de un posible circuito de obstrucción en el acceso al aborto en el Hospital Materno Infantil de San Isidro . Entre las prácticas reportadas se incluyen exigencias no previstas por la ley, instancias de reconfirmación del consentimiento, derivaciones indebidas a psicólogos, comentarios moralizantes y la presunta intervención de personas ajenas al equipo de salud.
En paralelo, una investigación periodística de CNN en abril 2026 reveló la presunta existencia de un protocolo interno de actuación en hospitales del municipio que establecería circuitos de atención con instancias, derivaciones y requisitos incompatibles con la Ley 27.610.
En este escenario, frente a la falta de respuesta institucional y la acumulación de evidencia sobre estas prácticas, Amnistía Internacional realizó una presentación judicial con el objetivo de acceder a información oficial sobre este presunto protocolo y las prácticas denunciadas que expondrían a mujeres y personas gestantes a obstaculizaciones prohibidas por la ley y comprometerían a profesionales de la salud en conductas contrarias a sus deberes legales y profesionales.
A fines de la semana pasada, la existencia del protocolo fue confirmada en el expediente judicial. Este reconocimiento resulta especialmente relevante, ya que desplaza la discusión desde la existencia de prácticas aisladas hacia la implementación de una directiva institucional que habría organizado el circuito de atención frente a solicitudes de aborto y cuya legalidad y compatibilidad con la Ley 27.610 deberán ser objeto de control.
Otras barreras en el acceso al aborto
El informe muestra que la falta de información continúa siendo la principal barrera señalada. El 60% de las personas que se contactaron con la organización señaló no saber cómo ni dónde acceder a la práctica.
La línea 0800 de salud sexual del Ministerio de Salud —en muchos casos el único canal oficial disponible en las provincias— presenta serias dificultades de acceso: la mayoría de quienes recurrieron a Amnistía Internacional señalaron que no se comunicaron previamente o, habiéndose comunicado, no recibieron respuestas oportunas.
Esta ausencia de información clara y oportuna genera demoras, derivaciones innecesarias y mayores obstáculos en una práctica que es altamente sensible al paso del tiempo.
Recomendaciones
Amnistía Internacional insta al Estado argentino a restituir su rol rector en la política sanitaria, garantizar la provisión de insumos esenciales en todo el país y asegurar condiciones de acceso equitativas, con información clara, atención oportuna y respeto por la autonomía de las personas.
