Publicada originalmente 11/06/2026
Redacción Canal Abierto | A un mes de la cuarta marcha federal y cuando ni el comienzo del mundial logra disipar el escándalo Adorni, el Gobierno avanzó con un acuerdo con los gremios universitarios en un intento por apagar al menos uno de los focos de conflictos que su propia gestión aviva. Sin embargo, docentes y no docentes advirtieron que la recomposición es por demás insuficiente y que “la lucha continúa” por el cumplimiento de la norma que el Congreso votó seis veces y fue bloqueada por Milei.
En efecto, en una asamblea de más de seis horas, la CONADU Histórica resolvió rechazar el acuerdo y ratificar el paro convocado para la semana del 16 al 19 de junio por “la aplicación efectiva” de la Ley de Financiamiento. Así lo confirmó su titular, Oscar Vallejos, en comunicación con Canal Abierto.
Por su parte, la CONADU también decidió continuar con el plan de lucha por la Ley, pero sin fijar fechas concretas. Además, pospuso la discusión sobre la paritaria hasta un plenario previsto para principios de julio.
En tanto, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), también firmante del acuerdo, caracterizó al acuerdo como “una conquista”, consecuencia del “compromiso y la lucha de la comunidad universitaria” y “de lo que hemos construido en el ámbito público, legislativo y judicial”. Sin embargo, los rectores subrayaron que “de ningún modo resuelve el problema estructural que atravesamos”.
“Por eso, seguimos siendo consecuentes con nuestra posición: la respuesta estructural está en la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario y la demanda judicial se mantiene hasta que la aplicación de la ley en su totalidad sea efectiva”, expresaron.
Cabe recordar que el mismo martes en que se conoció el acuerdo distintos gremios y también los centros de estudiantes se manifestaban en la plaza de Tribunales para exigirle a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, de una vez, obligue al Ejecutivo a cumplir con la Ley de Financiamiento.
Como avisa el contador en la web de CONADU: Ya van 202 días de incumplimiento.
La propuesta del Gobierno
–21,33% de incremento salarial sobre el salario de junio
-3% de incremento salarial en octubre sobre el salario de septiembre
-21,33% de incremento en la garantía salarial
-Paritarias cada 3 meses
-Retomar a más tardar el 15 de septiembre la reunión paritaria para discutir la actualización salarial en referencia a la variación acumulada por inflación (IPC). Además, se discutirá la recomposición del desfasaje producido en 2024.
-Se acordó abordar en un máximo de 45 días un adicional por la pérdida salarial de los niveles preuniversitarios debido a la eliminación del Fondo de Incentivo Docente (FONID), mediante el cual Nación reforzaba los presupuestos provinciales.
El acta general contempla, además, un 20% de aumento en los fondos para gastos de funcionamiento, un 50% de aumento en las becas Manuel Belgrano y un incremento de 50 billones de pesos en la partida de 2026 para Hospitales Universitarios, otro de los puntos clave de la Ley de Financiamiento.
Si bien un aumento por arriba del 20% está por encima de cualquiera de los acuerdos logrado por otros sectores, si se lo compara con las cifras reales de pérdida que vienen sufriendo las universidades desde 2023, está lejos de resultar una verdadera recomposición.
Un estudio del Grupo CPC del Centro Iberoamericano de Investigación calcula que el 24,3% final de aumento que obtendrán los trabajadores de las universidades vía el acuerdo supone “volver a salarios reales de enero de 2025, pero en diciembre de 2026”.
“Tomamos –explicaron- una inflación a diciembre de 2026 del 30,3% y suponemos un ajuste trimestral en diciembre que acompaña la inflación. El plan consiste entonces en volver las cosas a la situación de enero del 2025. La pérdida real contra noviembre de 2023 sería del 24,6% real”, precisaron.
El presupuesto universitario –añaden- tampoco se recompone. Con el nuevo ajuste, que lo eleva de 5,5 a 5,9 billones de pesos, seguiría por debajo del de 2023 en 1,9 billones de pesos.
Otro número para dimensionar es el del presupuesto del exministerio de Educación, que aún con este incremento “caería 46,8% desde 2023”. “Las universidades –en tanto- perderían un 24,2% real”. Así, “porque el costo total de este acuerdo sería de 1,1 billones de pesos, aunque 0,65 billones ya estaban implícitos en la pauta de ejecución a mayo”.
¿Un acuerdo que “deja atrás el conflicto”?
Luego de conocerse la firma del acuerdo, el secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, conocido por sus lamentables actuaciones en redes y por decir a sus interlocutores cosas como que llegó al cargo “para hacer mierda el sistema”, publicó un tuit quejándose de la pérdida de días de clases y dando por cerrado el conflicto.
Sin embargo, todos los gremios firmantes y el CIN fueron claros: la propuesta es insuficiente y el reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento continúa. Las medidas ya ratificadas por CONADUH respaldan ese posicionamiento del que también se hicieron eco las agrupaciones independientes a lo largo y ancho del país.
Así, el mismo martes que se conoció la noticia, circuló un petitorio firmado por trabajadores de las universidades de La Plata, General Sarmiento y Rosario en el que cuestionaban la forma en que se había sellado el acuerdo, sin respetar el ámbito paritario, así como el carácter insuficiente de la propuesta.
En otras universidades públicas, como la UNS de Bahía Blanca, también hubo asambleas de rechazo.
“La oferta no contempla retroactividad alguna por el poder adquisitivo perdido —algo que sí está previsto en la Ley de Financiamiento Universitario, cuya plena aplicación implicaría una recomposición del 55%—, y mientras, el gobierno sigue incumpliendo dicha ley, que lo obliga a recomponer nuestros salarios a diciembre de 2023 al mes de su publicación en el Boletín Oficial”, explicaban las agrupaciones.
Y recordaban: “Esa ley fue aprobada democráticamente por el Congreso Nacional y cuenta con dos fallos judiciales favorables en primera instancia. Es el gobierno quien debe dar explicaciones por su incumplimiento sistemático, no los trabajadores y las trabajadoras quienes deben resignar derechos conquistados”, expresaban el Colectivo docente Clase Pública en UNLP, la Corriente Docente Emancipadora en UNR y la Agrupación Docentes en Unidad y Lucha en UNGS.
