Nota publicada originalmente el 18 de junio de 2026
Redacción Canal Abierto | “Cada 30 horas hay un desalojo ilegal en la ciudad de Buenos Aires”, sostiene la ingeniera civil María Eva Koutsovitis frente a un inmueble en Carlos Calvo 544, San Telmo, del cual se desalojó a alrededor de 20 familias. “Macri lo que hace es, de manera intempestiva, con la Guardia de Auxilio, desalojar a las familias con la excusa de que las viviendas que ocupan se encuentran en riesgo de derrumbe inminente. Pero el riesgo de derrumbe sólo afecta a las familias que el intendente quiere desalojar”, narra la activista y vecina de San Telmo en el informe de Canal Abierto que aquí presentamos.
El derecho a una vivienda digna está reconocido por la Constitución Nacional -en sus Artículos 14 bis y 75 inciso 22- y respaldado por tratados internacionales. La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en su artículo 31 reconoce el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado y especifica claramente lo que debe hacer el estado porteño para satisfacer este derecho:
“ARTICULO 31. La Ciudad reconoce el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado. Para ello:
– Resuelve progresivamente el déficit habitacional, de infraestructura y servicios, dando prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y con necesidades especiales de escasos recursos.
– Auspicia la incorporación de los inmuebles ociosos, promueve los planes autogestionados, la integración urbanística y social de los pobladores marginados, la recuperación de las viviendas precarias y la regularización dominial y catastral, con criterios de radicación definitiva.
-Regula los establecimientos que brindan alojamiento temporario, cuidando excluir los que encubran locaciones.”
Desalojos ilegales
El jefe de gobierno Jorge Macri lejos de atenerse a este mandato constitucional ha hecho de los desalojos a familias y personas con vulnerabilidad habitacional un caballito de batalla para la publicidad de su gestión. En solo seis meses los desalojos en la Ciudad aumentaron un 52% y la cifra, desde diciembre de 2023 a marzo de 2026, asciende a 626.
“Jorge Macri tiene un método nuevo para desalojar familias sin pasar por la justicia. Lo llaman ‘riesgo de derrumbe’. En 2026 ya representa el 50% de los desalojos en CABA. La Ciudad más rica del país ya dejó a 1.280 familias en la calle y sigue sin implementar ninguna política de vivienda”, asegura Victoria Freire, legisladora de la Ciudad por Patria Grande en el bloque de Fuerza por Buenos Aires.
De esta forma se multiplican los desalojos administrativos (clausuras) en lugar de los judiciales. Estos últimos implican un protocolo de actuación para el lanzamiento que incluye preaviso, tiempos, atención de las situaciones de emergencia, etc. El modus operandi de los grupos de tarea de Macri es que la Guardia de Auxilio con alguna excusa ingrese a la propiedad, firme un acta de peligro de derrumbe o riesgo edilicio para que la Policía de la Ciudad proceda a expulsar a los habitantes de los edificios en cuestión. Antes que las ambulancias y los trabajadores sociales llegan los agentes del Departamento de Operaciones Urbanas (DOU) con sus escudos y gases lacrimógenos y los camiones para cargar las pertenencias de las familias. “Esta gestión de gobierno se está encargando de producir personas en situación de calle de forma deliberada”, sostiene la legisladora.
“No hay ninguna ley de la ciudad que habilite a Jorge Macri a realizar un desalojo por la fuerza sin tener una orden judicial. La única facultad que vino utilizando de forma engañosa y simulada es cuando los edificios se encuentran en ruinas. En este caso ni siquiera pudieron constatar eso porque el edificio no se encuentra en situación de ruina”, declaraba a Canal Abierto el abogado Jonatan Baldivieso, del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, en ocasión del intento de desalojo del Residencial Zavalía, en Juan de Garay 474, del barrio de San Telmo en marzo pasado.
Ese desalojo de 50 familias en situación de vulnerabilidad, pudo ser detenido gracias a la resolución de las familias -que no permitieron el ingreso de la policía- y al asesoramiento y acompañamiento de oranizaciones como la de Baldivieso, vecino de San Telmo. “Presentamos una demanda porque ya venían anunciando el intento de realizar el desalojo por la fuerza, sin tener ningún tipo de autorización judicial. Pusimos en conocimiento al juez de este intento de desalojo forzoso y estamos esperando una decisión judicial”, narró entonces el abogado.
En este caso se evidencian varias vulneraciones de derechos. Muchas de las familias que habitan en el residencial, y pagan mensualmente su alquiler, lo hacen con un acompañamiento de un subsidio estatal, contra la presentación de la factura de cobro. “El gobierno a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, en situación de calle, les otorga subsidios para pagar el hotel”, explica Baldivieso. “Hay muchas familias que están en los programas de hotelados del gobierno que viven en este hotel hace muchísimos años. Entonces, si el gobierno considera que esto está en peligro de ruina, tendría que haber actuado de la manera coherente para evitar que eso suceda”.
“Esto demuestra que lo único que intenta Jorge Macri es sacarse la foto, mostrar un video de la policía rompiendo puertas y desalojando familias”, concluye el abogado.
Buenas nuevas
Horas antes de publicar este informe la Justicia respondió satisfactoriamente al amparo presentado por los legisladores Vicki Freire y Pitu Salvatierra junto a vecinas desalojadas y la Asociación Civil Centro de Estrategias y Acción por la Igualdad (CEyAI). El Juzgado de 1ra Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°2 dispuso una medida cautelar que ordena el cese de los desalojos administrativos de inmuebles con fines habitacionales en la ciudad. No puede haber desalojos sin intervención del Poder Judicial y la plena garantía de derechos para las personas.
El escrito establece ordena al gobierno porteño que “se abstenga de adoptar o ejecutar medidas materiales o administrativas de evacuación, clausura material, tapiado, desocupación, restricción de acceso o impedimento de reingreso respecto de inmuebles de uso habitacional efectivo, fundadas en razones edilicias, de salubridad, seguridad o riesgo constructivo, sin cumplir previamente con los recaudos mínimos establecidos en la presente”. Y establece que “debe dar comunicación inmediata al Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario de turno ante una situación en la que deba intervenir de manera urgente en un inmueble por supuestos riesgos de la estructura edilicia que puedan poner en peligro la salud y la vida de las personas que lo habitan”.
Al mismo tiempo, la Justicia dispuso que el GCBA deberá brindar una “respuesta habitacional transitoria, inmediata y efectiva, adecuada a la composición y necesidades del grupo familiar afectado” en caso de que la medida impida a las familias pernoctar en sus hogares.
Desfinanciamiento de las políticas de hábitat
La administración Macri (Jorge) en lugar de proponer políticas para hacer frente a la crisis habitacional y el aumento de los alquileres que impulsó a 12 mil porteños a vivir en la calle, desmanteló y desfinanció las políticas de vivienda.
Según un informe de ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) “el presupuesto del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) para 2026 representa su nivel más bajo en 14 años. Contempla un recorte real de aproximadamente el 15% frente al año anterior, y las asignaciones para organismos de vivienda representan menos del 1% del gasto total de la Ciudad de Buenos Aires”. Esto, en el contexto de un presupuesto total del GCBA que en valores constantes para 2026 prevé un aumento del 3,7% respecto al vigente en 2025. Esto implica que hay una decisión deliberada de reducir estas políticas.
Agradecemos a: Eva Reynoso del Colectivo Yonofui y de la Coordinadora contra los Desalojos; María Eva Koutsovitis del Observatorio por el Derecho a la Ciudad y Unidad Popular CABA; legisladora Victoria Freire; Félix Rolón, vecino de La Paternal; Leandro Vera Belli, Coordinador del área Tierra, vivienda del CELS.
Informe producido por Nahuel Croza – Realización, cámara y edición: Juan Alaimes
