Publicada originalmente el 20 de junio de 2026
Por Federico Chechele | Cada vez que un escándalo político ocupa la agenda pública en Argentina, reaparece una pregunta recurrente: ¿cuánto pesa realmente la corrupción en la decisión de los votantes? La respuesta, aunque incómoda para quienes creen que la ética pública debería ser el principal criterio de evaluación de un gobierno, suele encontrarse en un lugar mucho más terrenal que es el bolsillo de la gente.
Las denuncias sobre funcionarios del gobierno, los cuestionamientos por conflictos de intereses que sobrevuelan todas las áreas ministeriales o los privilegios de quienes ocupan posiciones de poder generan indignación, pero esa indignación rara vez se traduce automáticamente en un castigo político. La historia argentina demuestra que la vara con la que la sociedad mide estos episodios suele estar condicionada por un factor mucho más determinante como lo es la situación económica.
El verdadero problema para cualquier gobierno no es únicamente la existencia de un escándalo o acusaciones de corrupción como el caso del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que arrastra un enorme prontuario en apenas dos años y medio con denuncias de enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica (se investigan inconsistencias entre su patrimonio real y lo declarado en sus presentaciones juradas), y malversación de caudales públicos (está acusado de utilizar indebidamente bienes del Estado tras haber llevado a su esposa, quien no es funcionaria, en el avión presidencial durante una gira oficial a Nueva York o sus vuelos privados a Punta del Este y el Caribe con un salario muy por debajo de esos lujos), entre otras controversias.
El problema aparece cuando esos episodios se dan con una realidad social marcada por la pérdida de ingresos, el deterioro del consumo y la dificultad creciente para llegar a fin de mes. Una realidad por la que están atravesando millones de argentinos. Esta semana se informó que se cerraron 26.448 empresas empleadoras desde que asumió Milei y la destrucción del empleo formal privado alcanzó a 216.643 puestos de trabajo. “En un cementerio no hay inflación, pero tampoco se vende nada”, dijo días atrás Ignacio Noel, titular de una empresa alimenticia, para criticar el programa económico del gobierno de Javier Milei. Un genocidio social.
Por eso, cuando millones de personas sienten que hacen esfuerzos cada vez mayores para sostener su nivel de vida, la imagen de dirigentes viajando en aviones privados, adquiriendo propiedades en barrios exclusivos o exhibiendo signos de riqueza genera un efecto político mucho más profundo que cualquier denuncia judicial. No se trata solamente de una cuestión legal o institucional. Se trata de una cuestión simbólica: la percepción de que existe una distancia titánica entre quienes gobiernan y quienes padecen las consecuencias de sus decisiones económicas.
La historia reciente en la Argentina recuerda que durante buena parte de la década de 1990, bajo la presidencia de Carlos Menem, numerosas denuncias de corrupción convivieron con altos niveles de respaldo político. La estabilidad monetaria, el acceso al consumo y la sensación de prosperidad relativa permitieron que amplios sectores de la sociedad relegaran esos cuestionamientos a un segundo plano. Mientras la economía funcionó, la corrupción fue vista por muchos como un costo tolerable.
Sin embargo, cuando la situación económica comenzó a deteriorarse, las mismas denuncias adquirieron una dimensión completamente diferente, la corrupción había perdido toda protección. Lo que antes era percibido como una irregularidad pasó a interpretarse como un abuso. Lo que parecía anecdótico o hasta pintoresco se convirtió en evidencia de una dirigencia desconectada de los problemas reales de la gente. El desenlace del menemismo llegó como un violento volantazo electoral y el sistema terminó estallando, esparciendo sus consecuencias en todas direcciones, incluso con decenas de muertes.
Pero ese patrón de tolerancia se repitió una y otra vez en distintos gobiernos y en diferentes contextos ideológicos. La ciudadanía suele ser mucho más exigente con la conducta de sus dirigentes cuando siente que su propia situación empeora. En cambio, cuando los salarios crecen, el empleo aumenta y las expectativas son positivas, los escándalos pierden capacidad de ira.
Por eso, el caso $LIBRA que tiene involucrado directamente a Javier Milei y a su hermana Karina, el caso Andis (Agencia Nacional de Discapacidad) por la filtración de audios que evidencian desvío de fondos, coimas y sobreprecios adjudicados al exdirector Diego Spagnuolo de estrecha relación con el presidente, el caso Adorni o el blanqueo de dinero de medio gabinete, son debates que no pueden analizarse de manera aislada. Su impacto político dependerá menos de la gravedad objetiva de las acusaciones y más de cómo evolucione la economía en los próximos meses. Fundamentalmente por la complicidad el Poder Judicial, y la ardua tarea del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques para designar cargos de jueces vacantes preparando la retirada.
No hay que perder de vista que si los indicadores mejoran y la población percibe una recuperación tangible de su calidad de vida – a esta altura pareciera imposible porque los tiempos apremian y por el propio modelo económico – muchos episodios que hoy generan controversia podrían diluirse rápidamente. Pero si persisten las dificultades económicas, la caída del consumo y la sensación de estancamiento, cada imagen de privilegio, cada gesto de ostentación y cada denuncia de favoritismo adquirirá una potencia política mucho mayor que quizás se transformen en votos contra el Gobierno. En las elecciones legislativas de octubre no sucedió.
La experiencia argentina enseña – aunque la dirigencia suele ignorarlo – que las sociedades están dispuestas a perdonar muchas cosas cuando perciben un horizonte de prosperidad. Lo que rara vez perdonan es empobrecerse mientras contemplan el enriquecimiento obsceno de quienes detentan el poder. Los pueblos no buscan suicidarse, buscan una esperanza a la que aferrarse. Pero cuando esa esperanza se desvanece y el privilegio ajeno se exhibe sin pudor, los más desprotegidos recurren a la única herramienta que les queda para defender su dignidad: infundir temor, mediante el voto o al margen de él.
Al final, más allá de las explicaciones oficiales y de las disputas políticas de unos y otros, existe una constante que atraviesa décadas de historia. En Argentina, como en gran parte del mundo, la economía sigue siendo el principal juez de los gobiernos. Y cuando el bolsillo habla, todo toma relevancia. Adorni es una muestra concreta de ese fenómeno.
Federico Chechele en X: @fedechechele
Ilustración: Marcelo Spotti
