Publicado originalmente el 26/08/2026
Redacción Canal Abierto | Tras un juicio oral que sufrió varias dilaciones y con un veredicto unánime, el Tribunal Oral Federal N°5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires condenó al represor de la ESMA Gonzalo “Chispa” Sánchez a 16 años y 8 meses de prisión por ser coautor de 178 secuestros y desapariciones forzadas cometidas entre diciembre de 1976 y diciembre de 1978. Era el único imputado en el juicio. 19 de los casos investigados se vinculan a la búsqueda de Abuelas.
El exoficial de inteligencia de la Prefectura Naval e integrante del grupo de tareas 3.3.2 de la Armada permaneció prófugo durante 15 años y en 2020 fue extraditado desde Brasil. Los jueces consideraron que los hechos bajo investigación durante el debate oral constituyen crímenes de lesa humanidad, es decir imprescriptibles.
La querella unificada integrada por el CELS y el abogado Pablo Llonto –en representación de familiares de víctimas–, había pedido 25 años de prisión. Por ese motivo, Abuelas de Plaza de Mayo declaró: “Queda un sabor agridulce con la pena dictada por el tribunal, más cuando se trata de un represor cuyo papel era muy claro en la ESMA y que además huyó dos veces de la Justicia”.
Por ahora, Chispa Sánchez permanecerá detenido en la unidad penal de Campo de Mayo. La lectura de los fundamentos del fallo está prevista para el mes de octubre.
Armada –ESMA-Prefectura
Durante el año 1977, “Chispa” Sánchez prestaba servicios en el Servicio de inteligencia de la Prefectura Naval Argentina, fuerza de seguridad que dependía operacionalmente de la Armada Argentina. De acuerdo a las pruebas de la causa, actuaba como enlace entre ambas fuerzas.
Los testimonios de decenas de sobrevivientes identificaron a Sánchez como uno de los que intervenía en los operativos de secuestro. Además estaba presente durante la aplicación de torturas. Los testimonios lo ubican en diferentes lugares del centro clandestino de detención como el sótano, “capucha”, “el dorado” y “la pecera”. También señalan que tuvo a su cargo el traslado de personas secuestradas a lugares fuera de la ESMA como quintas y domicilios particulares, y que comentaba sobre las diferentes formas de exterminio, incluso la que luego se conoció como los vuelos de la muerte.
El caso Walsh
Como oficial, Sánchez supo integrar la patota que secuestró al escritor y periodista Rodolfo Walsh, capturado en el barrio de San Cristóbal el 25 de marzo de 1977, un día después de haber escrito su célebre “Carta Abierta a la Junta Militar”.
En su declaración, Patricia Walsh, hija Rodolfo, se centró en reconstruir el operativo del secuestro el desamparo posterior. Relató que el 26 de marzo de 1977 viajó a San Vicente para conocer la casa a la que hacía poco se había mudado su padre. Fue junto con su marido y sus dos hijos, uno con menos de un mes de vida. Además, en el camino, pasaron a buscar a Lilia Ferreyra, compañera de Rodolfo. Ese día se iba a producir el primer encuentro entre Rodolfo y su nieto más pequeño. Al llegar al lugar, hallaron la vivienda destruida: había sido allanada, saqueada y atacada a tiros por el Grupo de Tareas de la ESMA. Una vecina les contó que los militares habían disparado durante horas y se habían llevado pertenencias, entre ellas el auto de Lilia Ferreyra.
Según la crónica de la agencia ANCCOM, Patricia sostuvo durante su exposición que la demora en llegar les salvó la vida. Escaparon por el campo y regresaron a Buenos Aires, donde comenzó un recorrido marcado por el miedo y la falta de respuestas. Intentó presentar un habeas corpus, pero encontró negativas incluso en su propio entorno familiar. El primer recurso fue presentado por Lilia Ferreyra; tiempo después, y con enormes dificultades, Patricia pudo presentar el suyo.
Explicó que los represores pudieron llegar a la casa de San Vicente tras robar documentos de una operación inmobiliaria que su padre, Rodolfo Walsh, llevaba en su maletín al momento de su secuestro el día anterior (el 25 de marzo de 1977). También se llevaron su cédula falsa y un cuento inédito, “Juan se iba por el río”. “Además de genocidas, fueron ladrones”, señaló.
En uno de los pasajes más contundentes de la jornada, Walsh se refirió a las palabras del imputado, quien en una audiencia anterior dijo ser pastor evangélico. “¿No cree que las personas tienen derecho a la sepultura?”, preguntó, haciendo alusión, no solo a su padre, sino a los tantos que aún hoy continúan desaparecidos.
Después del saqueo a la casa de San Vicente, la propiedad quedó un manos de la familia de uno de los policías que participó del operativo, hasta el día de hoy. Existen proyectos y reclamos para que el lugar sea expropiado y convertido en Sitio de Memoria.
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