Por Gladys Stagno | Sobre el crimen de Micaela García se teje la trama de la opinión social. El clamor popular pide la cabeza del juez Carlos Rossi, responsable de la libertad condicional del acusado Sebastián Wagner, un violador con antecedentes. El oportunismo político del ministro Germán Garavano reclama su destitución, y miles se movilizan en todo el país para avalar el pedido de justicia que siempre parece ser esquiva a las mujeres. Pero la trama se vuelve enredo cuando intenta identificar la cadena de responsabilidades.

“En la Justicia, el abuso sexual es el delito más tapado. Hay jueces de familia, defensores de menores, incluso en la jurisdicción nacional, que de algún modo encubren abusadores. Si me preguntan si el juez Rossi actuó legalmente, la respuesta es sí”, afirma Raquel Hermida Leyenda, abogada criminalista especialista en casos de abuso sexual.

Rossi, quien acaba de solicitar licencia médica por “depresión”, tiene antecesores. En 2015, el juez Axel López fue absuelto por el jury de enjuiciamiento tras haber sido acusado de mal desempeño de sus funciones por conceder la libertad condicional a Juan Ernesto Cabeza, condenado a 24 años de prisión por cuatro violaciones. Dos semanas después de salir, Cabeza intentó abusar y mató a Tatiana Kolodziey, de 33 años.

Para la abogada, esto se explica porque “durante muchos años hubo un sistema patriarcal que naturalizó los crímenes y la violencia contra la mujer. Y en el caso del abuso sexual existen ideológicamente personas que no lo consideran un delito, incluso al abuso sexual infantil”.

La noticia de que el Tribunal Oral N° 1 de Morón le aplicaría una reducción de pena de un año y nueve meses al cura pedófilo Julio César Grassi, según se supo esta mañana, parece confirmar esta mirada. “Hoy, gracias a la lucha de las mujeres, el violento está solo, pero el abusador no lo está: cuenta ideológicamente con un montón de hombres que todavía naturalizan el abuso, muchos en la Justicia”, agrega Hermida Leyenda.

En tanto, el Colectivo Ni una Menos convoca a una manifestación mañana a las 18 en Plaza de Mayo “para denunciar a la justicia patriarcal que, a la vez que desprotege a las víctimas, es la que ampara la represión de todas las expresiones populares y militantes”. “Nuestra demanda de NI UNA MENOS, no se colma apuntando contra un solo juez y no tiene nada que ver con endurecer las penas, sino con denunciar y transformar el carácter clasista y patriarcal del Estado y la Justicia“, agrega la convocatoria.

Para algunos juristas, la legislación argentina en materia de abuso es obsoleta y le otorga demasiados poderes al juez. “Tenemos una ley de ejecución penal que considera no vinculantes los informes del Servicio Penitenciario y que tampoco permite intervenir a la víctima en la ejecución de la condena ni controlar el proceso. La resolución de los casos de abuso sexual está muy relacionada con la ideología de cada juez”, afirma la abogada que lleva adelante dos casos famosos. El de Giuliana Peralta, quien acusó de violación al jugador de Independiente Alexis Zárate; y el de Analía Eva “Higui” Dejesús, presa desde octubre de 2016 por matar a un hombre que intentó violarla con sus amigos. “Giuliana es preciosa, por eso ‘estaba buscando’ la violación. En el caso de Higui, había que ‘corregirla’ porque es lesbiana y merecía una violación correctiva. Siempre hay una excusa para el abusador”, relata la legista.

Garantismo no es impunidad

La palabra “garantismo” sobrevuela la escena todavía fresca, todavía horrible, de Gualeguay en la peor de sus connotaciones: la que se cristalizó en el imaginario popular como sinónimo de impunidad.

El caso de Micaela no está relacionado con el garantismo –aclara Hermida Leyenda-. El garantismo es un movimiento jurídico que, como respuesta a los años de dictadura, protege al individuo velando porque se cumplan las garantías de la Constitución y las Convenciones Internacionales, como por ejemplo que nadie sea penado sin juicio previo. Lo que pasa acá no tiene que ver con eso, sino con cambiar las leyes de ejecución penal. No significa que haya que penalizar más, sino que los códigos procesales dejen de tener al querellante y a la víctima como convidados de piedra. Si la víctima puede tener un abogado, podría controlar el proceso”.

Por otra parte, la abogada establece que existe una diferencia enorme entre los delitos sexuales y los de otra índole, que radica en la naturaleza del criminal, por lo que no se los puede medir con la misma vara. “Cualquier persona se puede convertir en homicida en cualquier momento, incluso por legítima defensa, pero no cualquiera puede convertirse en un abusador porque estamos hablando de perversos -explica-. El perverso no solamente comprende la criminalidad del acto, sino que la disfruta y necesita todo el tiempo cometer ese crimen. Por eso muchos se preguntan si la cárcel es el mejor lugar para los abusadores. Curiosamente, son los presos que mejor se comportan”.

La respuesta a qué hacer con este tipo de criminales no es clara ni está cerrada en ningún país del mundo. Pero en la Argentina existen paradojas que revelan que nuestra Justicia no llega todavía ni a formularse la pregunta. Hermida Leyenda ejemplifica sólo con una: “Si Micaela hubiera llevado un cuchillo en la cartera y hubiese matado al violador para defenderse, hoy estaría presa como Higui”.

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