Redacción Canal Abierto | “Hoy, el 90% de los casos que llegan a la Justicia lo hacen a partir de una detención policial. Es un sistema policializado: la Policía decide a quién se detiene, la Justicia convalida, y esa persona va a estos lugares de detención donde venimos denunciando la práctica sistemática de la tortura, el hacinamiento y la sobrepoblación”, explica Roberto Cipriano, abogado de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

Este organismo acaba de presentar al Comité Contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza, un informe sobre “el colapso del sistema carcelario y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos en la provincia de Buenos Aires”. Este informe se centró en seis ejes: la falta de implementación del mecanismo nacional y los mecanismo locales preexistentes de prevención de la tortura; la sobrepoblación y el hacinamiento en cárceles y comisarías; la práctica sistemática de la tortura; las muertes en el encierro y por la intervención policial; las prácticas policiales arbitrarias e ilegales; y la situación de grupos particularmente vulnerables como niños, personas con padecimiento mental, migrantes, personas trans y mujeres.

Este informe se da en el marco de un proyecto oficial para construir nuevas cárceles que avanza en el Congreso y planea duplicar la cantidad de espacio en las cárceles: de las 11 plazas actuales a más de 20 mil en tres años. El proyecto se vende como una forma de mejorar la situación de los reclusos pero también obedece a otra cuestión, los cambios en materia penal que se debaten en las Cámaras y que prometen aumentar la población carcelaria.

“La construcción de cárceles no resuelve el problema porque el sistema tiene que dejar de detener. Los que están detenidos son los sectores vulnerables de la población: pibes jóvenes, pobres. Por delitos de penas en general bajas como tentativa de hurto, no por delitos complejos. La carrera a la sobrepoblación con construcción de cárceles no se gana nunca porque si tenés más capacidad carcelaria el sistema detiene cada vez más. La solución no pasa por construir sino por detener menos”, advierte Cipriano.

En octubre del año pasado, Cambiemos anunció una reforma estructural del Sistema Penitenciario que incluía democratizar la fuerza policial y cambiar el estatuto, pero todavía no se ha plasmado en un proyecto de ley. Mientras tanto, la situación es -según la CPM- “muy crítica” y se agrava día a día: cada año ingresan al sistema carcelario 1.300 personas nuevas.

A raíz del informe de la CPM, el organismo de la ONU reconoció la existencia de la tortura en los lugares de encierro de la Argentina e interpeló al Estado nacional por la falta implementación de mecanismos para su prevención. Entre ellos está el de la Provincia de Buenos Aires, donde –aun contando con el apoyo unánime de los distintos bloques parlamentarios- continúa pendiente de sanción la ley que designa a la propia CPM como mecanismo local.

Por su parte, el Gobierno argentino admitió “la grave situación de sobrepoblación y hacinamiento, la falta de criterios adecuados para determinar el cupo y la falta de información fiable sobre estas problemáticas”.

Este último punto es otra de las patas del problema: las políticas públicas no se discuten a partir de datos, porque no existen. Como consecuencia, éstas se construyen en base a sensaciones que poco tienen que ver con la realidad.

“Piensa el Gobierno, y anuncia, que la solución pasa por criminalizar más, por meter más gente presa, por que haya más policía en las calles. Y eso termina provocando que empeore la situación. Hace veinte años que venimos con esas recetas que no están funcionando y, lejos de pensar que hay que hacer otra cosa, siguen con las mismas políticas –sostiene Cipriano-. Hay que cambiar la política criminal que está dirigida a penalizar los pequeños delitos contra la propiedad, no los grandes delitos. En la medida que el sistema siga reproduciendo esta matriz, no hay mucha posibilidad de que esto cambie”.