Por Federico Chechele | Quizás el paso del tiempo cambie a las personas, aunque es difícil de creer que eso ocurra en temas tan puntuales como estar a favor o en contra de la última dictadura cívico-militar. Como ilusos quedan pocos, o Vidal recreó un frente interno o su ministro de Gobierno se está retorciendo ante las recientes declaraciones de la gobernadora.

Ante el rechazo generalizado de gran parte de la población por el reciente fallo de la Corte Suprema otorgando el 2×1 a un genocida, María Eugenia Vidal declaró hoy que “nuestra posición es clara: los delitos de lesa humanidad deben ser tratados como delitos de lesa humanidad y no como delitos comunes”.

En campaña vale (casi) todo, y si alguien en el macrismo tenía que expresar una postura contundente era Vidal, más allá de la tibieza con que se expresaron el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Justicia, Germán Garavano.

Hace tiempo que en el mundo del periodismo el término de posverdad acapara la atención ante las diferentes estrategias de comunicación por parte de los medios pero, fundamentalmente, de las campañas electorales.

Como posverdad se entiende que “algo aparente ser verdad es más importante que la propia verdad”. No se trata de imponer una mentira, sino de instalar algo que no es cierto pero que se crea que lo es.

Cuando Vidal armó su inexperto gabinete, manoteando dirigentes sin experiencia real para hacer frente del distrito más grande del país, al poco tiempo tuvo que salir a buscar a Joaquín De la Torre, intendente de San Miguel, por entonces en las huestes del Frente Renovador de Sergio Massa.

Consagrado como ministro de Gobierno bonaerense, De la Torre pasó a ser el nexo directo entre la Casa de Gobierno y los municipios, puesto clave y en contacto permanente con la gobernadora.

Dudas en su relación no hay ninguna y mucho menos debería haber a la hora de analizar la coyuntura y sus políticas de Estado. Sin embargo, las declaraciones de la gobernadora (de ser sinceras), impactan directamente frente a uno de sus ministros preferidos.

De la Torre firmó en el año 1989 una solicitada junto a Jorge Rafael Videla, para reivindicar la dictadura en las que se expresa el “reconocimiento y la solidaridad” a la totalidad de las Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales “que defendieron a la Nación en la guerra desatada por la agresión subversiva y derrotaron a las organizaciones terroristas que pretendieron imponernos un régimen marxista”.

Más allá de aquel posicionamiento a favor de los genocidas, quien fuera elegido en tres períodos  como intendente de San Miguel acumula una serie de postura que lejos está de un arrepentimiento: tuvo en sus filas como operador político al ex ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Álvarez, quien ejercía el cargo cuando se produjeron los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, en junio de 2002 y, en plena rebelión de las patronales rurales durante el 2008, hospedó en su casa a miembros de la Mesa de Enlace. Además de declarar en varias oportunidades sobre la aplicación de mano dura, algo que no evitó al frente del municipio que gobernó por más de diez años.

En el debate público, la posverdad es un espectáculo controlado y gestionado por equipos de profesionales en técnicas de persuasión. El dilema del día es si Vidal expuso su postura frente a este fallo con su hombre de confianza o ambos prefirieron ajustarse a estas “declaraciones engañosas” ante la crisis de confianza que acumula la política y su comunicación.