Por Marina Caivano | En un contexto visiblemente adverso para el avance en materia de esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad,  se están llevando por primera vez  a la Justicia casos perpetrados en los años anteriores al 24 de marzo de 1976. Sin embargo, persisten dificultades para alcanzar una convocatoria unificada y el acompañamiento popular que empuje hacia la llegada de la Justicia. Es el momento de afrontar socialmente los debates pendientes y revisar las responsabilidades de los actores intervinientes. Lo más importante es, sin duda, la protección de los testigos, la consumación de condenas y la continuidad de los juicios.

Superadas numerosas dificultades y demoras judiciales, Carlos “Indio” Castillo y Juan José  “Pipi” Pomares comparecen en el banquillo del  primer juicio que se realiza en La Plata abordando crímenes y delitos cometidos antes del último golpe de Estado. A los dos ex integrantes de la Concentración Nacional Universitaria se los acusa de ser responsables de secuestros, torturas, homicidios y robos en los 7 casos que forman parte del juicio. En Mar del Plata, donde ya se han producido condenas por crímenes perpetrados por la CNU, recientemente  se dictó prisión preventiva a Salvador Ulloa, el segundo de Gustavo Demarchi, imputado entre otras causas, por el crimen de Silvia Filler.

La investigación pionera en Mar del Plata, en 2008, debió sortear la discusión de que crímenes cometidos en los años previos al último Golpe de Estado, sean considerados como delitos de lesa humanidad. En su intervención en la causa CNU La Plata, la querella del espacio Justicia Ya La Plata afirmó que:

“Existía ya en esa época un plan sistemático de persecución y aniquilamiento de un sector de la población civil”. Y señaló que “el elemento político que inspiraba a los integrantes de la CNU estaba en completa sintonía con la política fomentada por funcionarios estatales que dieron origen a agrupaciones armadas –entre ellas la Triple A, con la finalidad de eliminar ‘subversivos’ u opositores al gobierno”.

Este aspecto se corrobora en los testimonios que se pudieron oír al comienzo del juicio en el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, donde abundaron las menciones de “zonas liberadas”,  del conocido “modus operandi” de la CNU y de los recursos estatales que la abastecían.

“La CNU era una fuerza de choque autónoma de la derecha peronista que con el tiempo pasó a ser la Triple A en Mar del Plata y en La Plata. Diez tipos que vienen a la puerta de tu casa, te sacan y te fusilan. Un grupo comando de mercenarios asesinos que vienen y te matan a vos y tu familia” -explica Eduardo “Negro” Soares, ex montonero y abogado. La CNU, o el CNU como le llaman los que vivieron esa época, tenía como modalidad de funcionamiento arrojar en la vía pública los cuerpos acribillados de sus víctimas, además de asaltar y robar las casas que atacaba.

Según Soares, “el CNU eran tipos con mucha impronta ideológica. El origen del CNU era clase media alta, hijos de abogados, universitarios. Sabían lo que hacían, para qué lo hacían.”  Esto explica en cierta forma una de las causas principales que han obstaculizado que estos procesos judiciales se realicen antes. Y es que muchos de quienes integraron el grupo de ultraderecha nacido a fines de la década del `60, luego serían figuras influyentes de la vida política argentina, llegando a ser como en el caso de Mar del Plata, fiscales federales y abogados renombrados con capacidad de ejercer presión sobre el Poder Judicial Federal.

En la función pública

Ya en el año 2002, Miguel Bonasso describió el recorrido de  Castillo en el diario Página 12 con exhaustividad. Carlos “Indio” Castillo está implicado en por lo menos quince causas penales a lo largo de su vida, entre ellas ser parte de la banda de Aníbal Gordon. El ex CNU fue reconocido por Pablo Díaz como uno de los secuestradores de la “Noche de los Lápices” y en 1976, luego de ser detenido por “excesos en la lucha antisubversiva”,  pasó a trabajar con los grupos operativos del Servicio Penitenciario Federal. Sobrevenida la democracia, luego de incursionar en el MODIN de Aldo Rico, Castillo se dedicó al regenteo de seguridad privada y negociados con el SOMU.

Distinto fue el recorrido de  Pomares, que luego de haber sido cabecilla del CNU,  se “recicló” en el PJ y se desempeñó siempre en la función pública llegando al Municipio en la gestión de Julio Alak y sosteniéndose en la de Pablo Bruera. Cuando se lo detuvo en 2011, trabajaba como asesor del senador provincial del FPV Carlos Mosse.

En el año 2012, la Cámara Federal resolvió que todos los testigos de una de las causas que se están juzgando en La Plata, tuvieran identidad reservada ante las graves amenazas telefónicas recibidas por uno de los sobrevivientes. Dos años después, se supo que las amenazas habían sido realizadas desde un teléfono que se hallaba en la Contaduría General de la Municipalidad de La Plata.

La verdad siempre es revolucionaria

Al salir de la primera audiencia del juicio, Eduardo Soares describió su espanto al comprobar que los dos represores juzgados por asesinar militantes montoneros, en democracia se habían vuelto dirigentes del PJ, se habían desempeñado en funciones públicas y, en el caso de Pomares, llegó a definirse como funcionario de Néstor Kirchner. En su texto titulado: “La traición tiene nombres” de Soares, el letrado de la Gremial de Abogados observa con pesar la ausencia en el Tribunal que juzga a Castillo y Pomares,  de varios sujetos sociales que  “encabezan las marchas del 2×1 y las del 24 de marzo”.

Soares, que perdió a su padre en manos de la CNU, termina su comunicado con estas palabras de quebranto: “A nuestros compañeros se los reivindica si sus asesinos fueron los militares, pero cuando los ejecutores son del PJ y ex funcionarios K miramos para otro lado”.

Por su parte, Guadalupe Godoy, abogada patrocinante de querellantes en juicios de lesa humanidad, puntualizó que “no es sencillo llevar adelante este proceso en este contexto político donde muchos quieren hacer reflotar la teoría de los dos demonios y con las dificultades mecánicas que plantea la fragmentación de las causas”.

Un aspecto que no deja de despertar suspicacias es la insólita fragmentación de las causas que realizó el juez Arnaldo Corazza, que impidió un proceso más abarcativo que hubiera complicado más la situación de los acusados.

“Hay dificultad para una convocatoria unitaria”-argumenta Godoy, razón por la que prioriza hablar de aparatos paraestatales de derecha que mantenían relación con la Policía y luego de Triple A, antes que del origen de estos grupos.  La letrada sostuvo que no ayuda la pancarta que lucieron algunos grupos de “llevar a Perón al banquillo”,  en estos momentos.

La realidad nunca es tan simple, y en los años ´70 nada era tan claro como para simplificarlo en peronistas buenos versus peronistas malos. “Creo que hay mucho mito urbano sobre el origen de estos grupos y veo que personas que no caen en la teoría de los dos demonios caen en esta dicotomía de que todo pasó porque el peronismo se peleaba entre sus dos bandos”-concluyó Godoy.

No obstante, y tomando estos recaudos, tal vez ha llegado el momento de revisar nuestro proceso de memoria colectiva para fortalecer un proceso de justicia que debe avanzar hacia el juzgamiento de todos los responsables de delitos de lesa humanidad antes y durante el Golpe.

Para encauzar este proceso de análisis de la historia argentina reciente que falta, constituyen una gran herramienta  investigaciones periodísticas destacadas por su rigurosidad, como el libro de Alberto Elizalde y Daniel Cechini “La CNU. El terrorismo de Estado antes del golpe” y “1976. El Golpe Civil” de Vicente Muleiro. Éste último arroja ingredientes fundamentales sobre las responsabilidades civiles de un grupo de poderosos empresarios y hombres de negocios que, vinculados a monopolios extranjeros, constituyeron el soporte ideológico y económico de la dictadura.

Como dice Miguel Bonasso: “La verdad es revolucionaria siempre”. Por ello, bancar un proceso de sinceramiento histórico, aclarar en nuestra memoria y también en la conciencia colectiva será siempre apoyar participando. Pues este asunto, no es sólo responsabilidad de los jueces.

Información adicional

Los imputados se encuentran detenidos desde hace seis años y son juzgados desde el 15 de mayo en el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, integrado por los jueces subrogantes Pablo Vega, Alejandro Daniel Smoris y Germán Castelli.

El Ministerio Público Fiscal está representado por la Unidad que integran los fiscales generales Marcelo Molina y Hernán Schapiro y el fiscal ad hoc Juan Martín Nogueira.

El juicio se realiza los lunes y miércoles desde las 10 en el salón de audiencias de los Tribunales Federales de La Plata, en la calle 8 entre 50 y 51.