Redacción Canal Abierto| La Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA) manifestó su preocupación por el cambio de órbita y autoridades de los archivos que forman parte de la investigación del atentado ocurrido el 18 de julio de 1994.

El malestar comenzó cuando en abril de este año el Ejecutivo dio rango de secretaría a la Unidad Especial de Investigación del atentado a la AMIA. Según denuncia APEMIA, con dicha modificación la dependencia quedaría a cargo del radical Mario Cimavedilla, bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Cabe recordar que como consecuencia de esta resolución, la Secretaría tendrá acceso a material de investigación cuyo secreto fue dispuesto por el poder judicial.

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A aquella modificación de abril se suma este nuevo decreto, en el que el Gobierno pone ese archivo secreto a disposición de Palantir, una empresa extranjera, con el fin de que digitalice y cruce los datos contenidos.

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Ginsberg resalta también la irregularidad que implica la entrega a empresas extranjeras de material cuyo conocimiento está vedado a los ciudadanos argentinos que no sean parte de la causa.

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Como agravante, la titular de APEMIA remarca que en esa documentación puede estar la prueba de la responsabilidad del Estado, a través de sus fuerzas de seguridad, ya sea en la comisión como en el encubrimiento del atentado.

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