Redacción Canal Abierto | Finalizó este viernes el primer juicio por los crímenes cometidos en el marco del Operativo Independencia, decretado por Isabel Perón y orquestado por el ejército en 1975.

Familiares, sobrevivientes, organismos de derechos humanos, partidos políticos y militantes de organizaciones sociales celebraron las condenas en la puerta del tribunal a pesar de la lluvia en San Miguel de Tucumán, y se lamentaron por las siete absoluciones, que podrán ser apeladas luego de la lectura de los fundamentos. El juicio sirvió para probar que el terrorismo de Estado en Argentina comenzó mucho antes del 24 de marzo del ’76.

Julia Vitar, fiscal ad hoc del juicio, explicó en declaraciones a Canal Abierto:

“Lo positivo es que ha habido una condena por los delitos que sufrieron los tucumanos y tucumanas antes del golpe de Estado, o sea que el tribunal consideró que los delitos que sufrieron las víctimas de este juicio en el año ’75 son crímenes de lesa humanidad y eso en sí mismo es algo muy bueno, porque forma parte también de la acción reparadora que tiene la Justicia”

El Juicio

Se trata de la primera mega-causa que investiga los delitos cometidos en Tucumán antes del inicio de la dictadura, desde enero de 1975. Fueron 20 los represores imputados originalmente, once ex militares, nueve ex policías y un ex gendarme, por crímenes contra la humanidad. Diecisiete llegaron a la audiencia final. Se calcula que 6 mil soldados, agentes y comandos civiles participaron del genocidio tucumano. La fiscalía había solicitado 10 perpetuas y 7 penas de entre 3 y 20 años de prisión.

Iniciado en mayo de 2016, se analizaron los casos de 271 víctimas durante 14 meses de audiencias, en los que declararon más de 400 testigos ante los jueces Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga.

Finalmente hoy, 17 represores escucharon el veredicto, ya que durante el debate oral y público murieron Pedro Burtnik y Julio Meroi, y Enrique Bonifacino fue separado por cuestiones de salud mental cuando comenzaba el proceso judicial.

La fiscal Vitar también destaca que

“a diferencia de otros juicios hubo un gran número de condenas a prisión perpetua. Por ejemplo se evaluó nuevamente el rol de Jorge Lazarte, que fue como un interventor de Inteligencia en la Jefatura. Se estableció su responsabilidad en un montón de crímenes y se le dio perpetua, algo que no había sucedido en los otros juicios en los que fue condenado en Tucumán”.

Los generales Acdel Vilas (fallecido en 2010) y Antonio Domingo Bussi (fallecido en 2011), dueño y gran fusilador de Tucumán durante la dictadura, ambos comandantes del Operativo, murieron sin haber sido juzgados por estos casos.

Las Condenas

Roberto Heriberto Albornoz, Ricardo Oscar Sánchez, Miguel Ángel Moreno, Luis Armando De Cándido, Jorge Omar Lazarte y Enrique José Del Pino fueron sentenciados a la pena de reclusión perpetua. Néstor Rubén Castelli recibió una condena de 18 años de prisión. Jorge Gerónimo Capitán fue penado con 16 años, mientras que Manuel Rubén Vila pasará 10 años en la cárcel.

“Castelli, que es el Jefe de Policía, tiene una pena de 18 años y Albornoz que era su sub-alterno, recibió perpetua, eso es contradictorio, por eso iremos a Casación”, anticipa Vitara este portal.

Con respecto a las absoluciones, Humberto Rava, ex secretario de Derechos Humanos provincial (2010-2015) y querellante en el  juicio, explicó a Canal Abierto desde la puerta del TOF que “el ánimo en general es bueno, pero hay algunos sobreseimientos, cosa que lógicamente produce un gran rechazo en la militancia. Hay una sensación general de que se sacó el pie del acelerador”.

Por otra parte, el veredicto final para Pedro Adolfo López fue de 4 años, pero quedó inmediatamente en libertad por la cantidad de tiempo que ya pasó en prisión preventiva.

Alfredo Alberto Svendsen, José Ernesto Cuestas, Francisco Camilo Orce, Ramón César Jodar, José Luis Del Valle Figueroa, José Roberto Abba, y Omar Edgardo Parada fueron absueltos por distintos motivos, con lo cual 8 acusados, de un total de 17 que ingresaron a la sala de audiencias, se retiraron caminando hacia su casa.

Rava pasó ocho años detenido, entre su secuestro el 18 de marzo de 1975 y 1983. Militaba en el peronismo en el centro de estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional. En conversación con este medio,

el ex funcionario destacó las condenas a “los principales jefes, algunos personajes como Albornoz y otros viejos represores de la provincia han sido condenados, y en ese sentido el juicio ha salido como esperábamos”.

Julia Vitar, por su parte, anticipa los motivos de una de las seguras apelaciones que la fiscalía planteará en la próxima instancia: “Es preocupante lo de las absoluciones, algunas más que otras. Nos parece incongruente, contradictoria y arbitraria la absolución de Omar Parada, integrante del Estado Mayor del Operativo Independencia, que era el jefe de la base de Santa Lucía y por lo tanto principal responsable de los secuestros y torturas en ese centro clandestino. Es como poner en duda la existencia misma de ese lugar. El tribunal condena a los demás imputados por los hechos ocurridos en el ex ingenio, y a Parada que es el principal responsable lo absuelve”.

El 8 noviembre se leerán los fundamentos.

El Operativo Independencia

En un contexto de alta conflictividad social, con epicentro en las luchas gremiales de los ingenios azucareros y revueltas estudiantiles en la Universidad Nacional, y con la excusa de eliminar a la Compañía del Monte de ERP, el Ejército ordenó a la presidenta María Estela Martínez de Perón, cuyo gobierno ya se caracterizaba por la represión y la persecución política, para que sancionara el decreto que inauguró el Operativo Independencia, el 5 de febrero de 1975, 14 meses antes del golpe de Estado.

Desde 1966, con el cierre de once ingenios por la dictadura de Onganía, Tucumán comenzó a convertirse en un hervidero político que terminaría siendo la plataforma de ensayos para el terrorismo de Estado general que ocupó Argentina desde el 24 de marzo de 1976.

El 9 de febrero de 1975 la provincia comenzó a ser militarizada, con un sustento legal que ordenaba “aniquilar el accionar subversivo”, y con la habilitación presidencial para “ejecutar las operaciones militares que sean necesarias”, lo que le otorgaba al Comando en Jefe el control total de la provincia, y colocaba bajo su órbita a la Armada, la Fuerza Aérea, la Policía Federal y provincial, además de servicios de inteligencia y matones de Triple A, que actuaron junto a la Alianza Nacionalista del Norte, una temible copia tucumana de los paramilitares de López Rega.

A fines de 1974 Isabel Perón ya había declarado el Estado de Sitio. Sin embargo, algo que los fiscales y las querellas pudieron probar durante la incorporación de prueba y las audiencias testimoniales, el Operativo Independencia fue implementado como la ocupación de una nación extranjera en situación de guerra. El terrorismo de Estado también fue ampliamente probado durante el proceso, con la instalación de centros clandestinos y aplicaciones de técnicas de contrainsurgencia.

Como sucedería al año siguiente, la prensa -la Gaceta de Tucumán con Joaquín Morales Solá como órgano local, pero el resto de los medios nacionales también- destacaría los avances de la lucha contra el terrorismo marxista y la infiltración del comunismo internacional, para legitimar en la opinión pública terribles crímenes de lesa humanidad, y para darle letra al mega empresariado, la burocracia sindical colaboracionista y la jefatura de la Iglesia Católica, que no dudaron en saludar el inicio de operaciones.

Seis mil efectivos se desplegaron al mando del General Acdel Vilas. La Quinta Brigada al mando del genocida multi-condenado Mario Benjamín Menéndez se encargó de enfrentar a los aproximadamente 130 guerrilleros del Partido Revolucionario de los Trabajadores en el monte. El foco del PRT-ERP fue el argumento esgrimido por el gobierno y las fuerzas armadas y mediáticas, para desviar la atención de las atrocidades cometidas contra la población rural, el movimiento obrero, los dirigentes y militantes sindicales y el activismo estudiantil.

Gendarmería controlaba y reprimía a la población rural y los comandos formados por militares, policías y personal de inteligencia actuaban sobre la población civil en la capital provincial y los centros urbanos.

De los casos analizados en este juicio, 116 permanecen desaparecidos. En su mayoría fueron trasladados a la Escuela Diego de Rojas, “La Escuelita” de Famaillá, el primer centro clandestino de detención en el país, donde se calcula que pasaron más de 2500 prisioneros ilegales del genocidio tucumano.

Por último, la fiscal Julia Vitar describió las sensaciones de los familiares y militantes que escucharon la sentencia en las afueras del tribunal:

“Los ánimos son disimiles, hay familiares que sienten que fue reparador y eso es esencial a la hora de evaluar el resultado de la sentencia y hay también mucho enojo de algunos de ellos, pero siempre rescatamos que un tribunal democrático haya juzgado el Operativo Independencia y haya encontrado estos hechos como delitos de lesa humanidad”.