Redacción Canal Abierto | Hay eventos que abren aguas en la opinión pública. Opinión que, hay que decirlo, en los últimos tiempos gusta de polarizarse ante cualquier hecho de relevancia nacional. El caso Maldonado no es la excepción. Incluso -a casi dos meses de la desaparición forzada del joven durante la represión de Gendarmería en el Lof Cushamen, que se cumplirán el 1 de octubre con una movilización a Plaza de Mayo a las 15 y actividades en todo el país-, llevó la división al seno mismo del oficialismo y también de la oposición.

En el Gobierno, la posibilidad de la llegada de un grupo de expertos de las Naciones Unidas (ONU) para investigar la desaparición de Santiago y evaluar la actuación del Poder Judicial y la Casa Rosada dejó a Germán Garavano muy solo. Según el periodista Hugo Alconada Mon, el ministro de Justicia ya había aprobado el trabajo del grupo de la ONU, que también haría sugerencias para impulsar la investigación. Pero debió “retroceder a último momento ante funcionarios referenciados con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien busca una salida que preserve a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y no afecte a Cambiemos en las elecciones de octubre”.


Sergio Maldonado: “Con la desaparición forzada de Santiago están en juego los derechos más elementales”

Garavano se había reunido a fines de agosto con Sergio Maldonado, hermano del joven desaparecido, quien le entregó un petitorio de parte de la familia que solicitaba la autorización para que el grupo de expertos participara en la investigación y el Estado ayudara con los gastos de la familia como querellante. Para el ministro, permitir este despliegue significaría una ganancia doble para el Gobierno: por primera vez realizaría una muestra pública de interés en el esclarecimiento del caso, y se congraciaría con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el 23 de agosto emitió una cautelar y pidió informes de su accionar al Estado argentino y que en 2011 –en ocasión de la desaparición de Iván Torres, en Chubut- le impuso a la Argentina “garantías de no repetición”.

Luego de esa reunión hubo otras cinco donde comenzaron las fricciones, sobre todo con la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Claudio Avruj, y con la directora de Derechos Humanos de la Cancillería, Gabriela Quinteros, quienes plantearon dudas, objeciones y dilataron la firma del acuerdo. La propia agencia oficial Télam publicó en un cable del 30 de agosto que el Gobierno le pediría a la “formalmente a la ONU” su colaboración en la investigación, pero –según el periodista de La Nación- fue el propio Peña quien levantó el teléfono para corregir los cables.

La decisión de no firmar dinamitó la relación gubernamental con la familia Maldonado y dejó a Garavano pedaleando en el aire. De hecho, la suya fue la única voz oficial que se pronunció ante el cambio de juez en la causa, luego de la recusación de Otranto, y destacó la necesidad de “ayudar” al nuevo magistrado a cargo, Gustavo Lleral para “que encare esto rápidamente” y se procure “llegar a la verdad” sobre el paradero del joven desaparecido desde el 1 de agosto.

En el PJ, la grieta sobre el caso no es menos pronunciada. Mientras algunas de las voces más representativas del ala kirchnerista del Frente para la Victoria (FpV) encabezan el reclamo por la aparición con vida de Santiago y la mirada acusatoria sobre Gendarmería, el presidente del bloque de Senadores del PJ-FpV, Miguel Ángel Pichetto, opinó que se deben “recuperar las Fuerzas Armadas para tener presencia disuasoria en la Patagonia”, ya que hay “mucho protomontonerismo en la frontera”.

Sus declaraciones se dieron durante su participación en un encuentro “Proyecto Nacional de Desarrollo: la Argentina que Viene”, en el Hotel Castelar, donde concurrieron dirigentes peronistas actuales y retirados críticos al kirchnerismo para conversar sobre la interna del justicialismo. En ese marco, Pichetto les recomendó “leer a Perón de nuevo, al del ’74, cuando volvió” y aseguró que en la cordillera hay “grupos “preinsurreccionales” con “tufillo a Sendero (Luminoso)” que hay que disuadir con las Fuerzas Armadas.

Mientras tanto, a grandes rasgos, las posiciones sociales en danza sobre el caso oscilan entre el pedido de aparición con vida del joven artesano -que incluye una denuncia de encubrimiento a Gobierno y Justicia por partes iguales-; y un reclamo para que “no se politice” la investigación, que encierra las presunciones de que una desaparición forzada puede no ser política, y de que la política, siempre, es algo malo. Tanto es así, que en el audio donde Sergio Maldonado convoca a la marcha del próximo domingo se toma un par de segundos para aclarar que “esto no es una cuestión de política partidaria”. “Con la desaparición forzada de Santiago están en juego los derechos más elementales”, recuerda. En un momento donde, al parecer, hace falta.

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