Redacción Canal Abierto | En otro avance de la lucha del movimiento de derechos humanos por seguir desenmascarando el rol necesario del Poder Judicial en el terrorismo de Estado, en las últimas horas el juzgado federal de San Isidro a cargo de Sandra Arroyo Salgado llamó a indagatoria al actual fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, y a otros cinco imputados por el secuestro y tortura de un grupo de militantes comunistas, entre otros casos, durante la última dictadura cívico-militar.
La denunciada penal fue presentada el año pasado por la Comisión Provincial por la Memoria, con documentación del archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), organismo en el que revistó Fernández Garello como agente de inteligencia ilegal.
A partir del llamado a declarar el próximo 13 de diciembre, la CPM junto a Abuelas de Plaza de Mayo, CELS, APDH, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asociación Judicial Bonaerense y Federación Judicial Argentina, insistieron con el pedido de juicio político que habían elevado en diciembre pasado.
En los años en los que sucedieron los hechos investigados, el acusado era oficial subinspector.
Si bien son muchos los casos en los que se investiga la participación necesaria de las estructuras de la Justicia en los delitos perpetrados entre 1976 y 1983, el caso emblemático de repercusión internacional finalizó en julio en Mendoza, cuando fueron condenados a prisión perpetua cuatro funcionarios del Poder Judicial de la dictadura, por omitir investigar crímenes de lesa humanidad y dar cobertura legal a los genocidas.
Los sentenciados fueron los ex jueces federales Luis Miret (recientemente fallecido) y Rolando Carrizo, el ex defensor oficial Guillermo Max Petra Recabarren y el ex fiscal federal Otilio Romano, que fue detenido en Chile en 2013 luego de haberse fugado en agosto de 2011, un día antes de ser suspendido en sus funciones como juez por sus causas abiertas como cómplice del genocidio.