Redacción Canal Abierto | La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realiza durante esta semana en el Palacio Legislativo de Uruguay, en Montevideo, las audiencias públicas previstas en el marco del 165° Período de Sesiones del organismo de la OEA, entre ellas dos dedicadas a la Argentina: la de hoy, en la que se analizaron denuncias sobre violaciones a los derechos laborales y sindicales, y otra referida al proceso de memoria, verdad y justicia en materia de crímenes de lesa humanidad.

La reunión de trabajo sobre los ataques del gobierno hacia los distintos sectores del movimiento obrero se desarrolló esta mañana en el marco de una denuncia impulsada por la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas y el Centro de Estudios Legales y Sociales, cuyo representante, Diego Morales, explicó a Canal Abierto que los representantes del gobierno argentino se limitaron a responder con generalidades “vinculadas al respeto de la división de poderes, a intentar explicar que muchos de los temas son provinciales y que el gobierno está dispuesto al diálogo. O sea, salió con respuestas formales”. El abogado del CELS,no obstante, destacó que “la CIDH hizo preguntas puntuales y concretas”.

En la audiencia del día de ayer se había analizado la reforma laboral sancionada en Brasil. Hoy fue el turno del primer encuentro dedicado a las problemáticas de nuestro país, en el que las agrupaciones de trabajadores y de abogados ampliaron la demanda original presentada contra el Gobierno Nacional y el Presidente Macri por su cruzada contra “la Justicia del Trabajo y los sindicatos, destinada a estigmatizar, desacreditar y criminalizar la labor de los defensores de Derechos Humanos y a quebrantar la independencia del Poder Judicial”.

Al finalizar la jornada, Matías Cremonte, presidente de la AAL, señaló que “fue realmente positiva porque todos los actores sociales que denunciamos la situación de Argentina

pudimos expresar muy claramente los cuatro ejes que traíamos: el ataque a los abogados laboralistas, el ataque a la independencia de la Justicia del Trabajo, el ataque a la autonomía sindical y la criminalización de la actividad gremial, entendiendo que tras esos ataques lo que hay es una campaña, una política de Estado tendiente a debilitar la representación de los trabajadores”.

Además Cremonte valoró que los Comisionados y la Relatora para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que encabezaron la sesión hayan expresado su preocupación respecto de la alteración “del principio de ´no regresividad´ en derechos sociales: una nueva perspectiva de la CIDH que evidentemente incorpora los derechos laborales dentro de la agenda de los derechos humanos”.

Por su parte, el secretario general de ATE nacional, Hugo Cachorro Godoy, destacó que se trató de una sesión “muy importante porque instaló un ámbito de denuncia de las sistemáticas violaciones de los derechos de los trabajadores que se vienen dando en los últimos dos años por parte de la política del presidente Macri”.

Además Godoy resaltó la participación de los distintos sectores del trabajo de nuestro país: “Que hayamos estado juntos la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma y la Corriente Federal de la CGT, en un momento en el que el gobierno intenta aplicar una reforma laboral en unidad con algunos dirigentes sindicales que terminan siendo funcionales, si no cómplices de la política gubernamental, es algo muy importante”.

La prensa

A su turno, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) encabezó el reclamo por los ataques a la prensa ocurridos en la Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri.

Los ejemplos presentados fueron los relacionados a la violación de las libertades sindicales en Perfil y en la planta de Clarín de Barracas, los ataques de patotas a la redacción del diario recuperado Tiempo Argentino, y las gravosas consecuencias del manejo de la pauta oficial en Página 12 -que incluyó la supresión del rol de Télam en el circuito de control-. En un mismo sentido, en la provincia de Mendoza, se denunció la causa penal armada en el fuero laboral que alcanzó el desafuero de los delegados sindicales del Diario Uno por encabezar una protesta ante cuatro despidos en 2013.

Asimismo los trabajadores de los medios de comunicación presentaron ante la CIDH casos de represión a las coberturas de prensa en manifestaciones, como las que sucedieron en las marchas por la aparición de Santiago Maldonado o la del Encuentro Nacional de Mujeres, entre otros.

Milagro Sala

Mañana se realizará la reunión sobre la situación de la referente de la Tupac Amaru por el “incumplimiento” de la medida cautelar que había dispuesto el organismo a fines de julio pasado en resguardo de su vida e integridad personal. Participarán el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj y representantes de los organismos peticionantes, Amnistía Internacional, CELS y Andhes.

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