Redacción Canal Abierto | El proyecto para modificar la Ley orgánica del Ministerio Público comenzará a debatirse mañana y ya cuenta con un consenso amplio, que incluye a Cambiemos y al PJ.

La pata más publicitada de la iniciativa vino de la mano del empecinamiento oficial en remover de su cargo a Alejandra Gils Carbó, y se trata del recorte a cinco años del mandato del procurador general de la Nación –que hoy es vitalicio-, con posibilidad de ser prorrogado por otros dos años. También se habilita al Poder Ejecutivo a removerlo por decreto, cuando considerase que hubiera incurrido en mal desempeño, crímenes comunes o delito en el ejercicio de sus funciones. También podrá removerlo Diputados con la mitad más uno de los votos de la cámara y “a solicitud de cualquiera de sus miembros”. Esta decisión podrá ser revocada por el Senado “en el plazo máximo de 10 días hábiles”.

Su designación también variará. Eliminará la necesidad de reunir una mayoría de dos tercios de la Cámara alta y pasará a ser designado por el Poder Ejecutivo con el acuerdo del Senado por “mayoría absoluta de sus miembros”. Es decir que alcanzará con la mitad más uno de los senadores.

Los mismos mecanismos de designación, duración en el cargo y remoción se aplicarán al defensor general de la Nación, a cargo del Ministerio Público de Defensa.

Incluso luego de la renuncia de la procuradora más odiada por el macrismo y de que se frenara -por la queja de Elisa Carrió- un proyecto anterior que implicaba una subordinación del Ministerio Público Fiscal a una Comisión Bicameral, esta iniciativa tampoco apunta a respetar la autonomía. Por el contrario, el proyecto que lleva la firma de Federico Pinedo (Cambiemos), Ángel Rozas (Cambiemos), Miguel Ángel Pichetto (PJ) y Rodolfo Urtubey (PJ), condicionará -de aprobarse- la conducción de un organismo autónomo y autárquico a los vaivenes políticos. Las intenciones las dejó claras el propio ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, cuando sostuvo en las últimas semanas: “Es muy difícil avanzar en el sistema acusatorio si el Ministerio no rinde cuentas, porque hasta ahora funcionó sin controles internos ni externos”.

Por otro lado, el otro eje del que poco se habla es la disolución de las procuradurías y direcciones especializadas, que se formaron por iniciativa de Gils Carbó y sirven como apoyo investigativo a los fiscales que deban llevar adelante causas complejas en relación al crimen organizado. Se trata de las Procuradurías de Lesa Humanidad, de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, de Narcocriminalidad, Trata, Violencia Institucional, Género y Corrupción.  

De esta manera, se diluye la política criminal en relación a las causas sobre crímenes de la última dictadura, trata de personas, o femicidios.

El proyecto establece, en cambio, que “el procurador general podrá disponer por resolución la creación (…) de procuradurías especializadas cuando la política de persecución penal pública o el interés general de la sociedad así lo requieran”.

Hoy, la Procuración General es donde se diseña la política criminal, aunque también puede incidir en otros temas que atañen al Estado como los derechos laborales, la seguridad social y el fuero contencioso administrativo, temas sumamente sensibles en momentos donde se impulsa la reforma laboral y previsional, entre otras.

Finalmente, una claúsula transitoria permite despedir personal contratado desde el 2013, que hayan entrado sin concurso, es decir que habilita a aplicarles la ley en forma retrospectiva.

Al parecer, el proyecto encontrará oposición en distintos sectores sociales, pero nada se prevé en relación al Congreso. Por lo pronto, hoy presentarán sus objeciones el Colectivo de Mujeres del Derecho, y el cura Lorenzo “Toto” de Vedia, de la villa 21-24 de Barracas.

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