Redacción Canal Abierto | En diciembre de 2015, recién asumido el Gobierno, se perfilaba un escenario complejo para el oficialismo en el Congreso de la Nación, sobre todo en la Cámara Alta. Por entonces el PRO contaba con tan sólo 4 senadores, mas los 11 que acumulaban sus aliados de coalición (el radicalismo y la Coalición Cívica) frente a los 43 integrantes del bloque Frente Para la Victoria. Por aquel entonces todos los analistas políticos proyectaban estrategias de consenso que le permitieran al Ejecutivo desenmarañar un Congreso con abundante oposición.

Sin embargo, en la actualidad el panorama se muestra bien distinto: envalentonado tras el triunfo electoral de octubre y con todo el poder de la billetera que suele manejar Nación, Macri y su Gabinete forzaron a los gobernadores a comprometer su apoyo (y las bancadas que manejan, sobre todo en Senado) a las distintas iniciativas.

Esta tarde (y seguramente hasta la noche) el Senado avanzará con dos polémicos paquetes de reformas impulsadas por el Gobierno nacional: la reforma previsional y el paquete fiscal (ley de Responsabilidad Fiscal y el Consenso Fiscal).

Pese a las críticas de expertos en seguridad social y el rechazo de buena parte del sindicalismo (en este tema, triunvirato de la CGT incluido), un grupo de senadores del PJ cerró un acuerdo para tratar sobre tablas el cambio en la fórmula de movilidad jubilatoria. De no sufrir modificaciones sustanciales, la reforma devendrá en un magro incremento trimestral atado al índice de precios al consumidor (ICP) medido por el Indec, más un plus del 5% del aumento del PBI. En el mejor de los escenarios el cálculo de los especialistas arroja que el próximo aumento –a resolver en marzo de 2018- rondaría el 5,2%, mientras que con la normativa vigente sería del 12.

Dentro del parlamento, una de las voces objetoras del guarismo oficialista fue la de Miguel Pichetto, jefe de un sector de la bancada del PJ. Sin embargo, fue tibia la contrapropuesta del ex Frente Para la Victoria y hoy crítico del kirchnerismo: planteó que las jubilaciones debían actualizarse un 70 por ciento por el IPC y el otro 30 por ciento por el Ripte, un índice que mide el promedio de incremento salarial de los trabajadores registrados. A fin de cuentas, la propuesta de Pichetto trazaría un aumento de las jubilaciones de tan sólo el 5,7 por ciento.

En relación a la propuesta de “extensión voluntaria” de la edad laboral, para los economistas se trata de “una clara extorsión sobre aquellos que hoy alcancen las condiciones de jubilarse”. “Si hoy la tasa de sustitución de las jubilaciones no supera el 50% del salario que se percibe en actividad, la decisión de continuar la vida laboral no es voluntaria, es por supervivencia”, asegura un informe crítico con la reforma elaborado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP).

El otro paquete que pretende abordar la Cámara Alta es la ley de Responsabilidad Fiscal y el Consenso Fiscal, mas conocida como Pacto Fiscal. Con el aval de todos los gobernadores (salvo los Rodríguez Saa, de San Luis), la reforma que impulsa Cambiemos no es más ni menos que un ajuste y recorte presupuestario a aplicar sobre la estructura estatal a nivel provincial.

Ejemplo de ello es el decreto 1603/17 firmado por Juan Manuel Urtubey hace poco menos de una semana, donde ordena el congelamiento de salarios, la reducción de estructuras estatales, jubilaciones y retiros anticipados.

Como contrapartida, la gestión Cambiemos prometió financiamiento para obras de infraestructura. Además, el acta acuerdo que firmada por las provincias incluye la renuncia a los juicios que cada jurisdicción mantenía con el Ejecutivo Nacional a cambio de sumas monetarias fijas.

Como el dictamen no tiene los siete días de publicación necesarios, ambas reformas deberán aprobarse sobre tablas, por lo que se necesitarán dos tercios de los senadores. Será una noche larga en el Senado y, todo pareciera indicar, para el conjunto de los trabajadores.  

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