Redacción Canal Abierto | El juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Federico Arias, suspendido en sus funciones desde hace algunas semanas, empezó su marcha para desbaratar lo que entiende como una clara persecución político-judicial en su contra.

Llevó su voz ante la UFI número 6 de La Plata, a cargo de Marcelo Romero, en el marco de la causa penal que analiza su desempeño durante la investigación por la inundación que sufrió la ciudad el 2 de abril de 2013. Se lo imputa por los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad e instigación a cometer delitos.

“Qué tergiversado está el Poder Judicial que en vez de estar persiguiendo a los delincuentes persiguen a los jueces”, reflexionó Arias a las puertas del juzgado. A su vez criticó que, “habiendo tantos casos graves por resolver, se utilicen todos los recursos que paga la gente y la infraestructura del Poder Judicial para esta payasada”.

La comparecencia ante la justicia del magistrado suspendido se dio en un contexto poco habitual en este tipo de situaciones: además de contar con la compañía de su defensor, el abogado Marcelo Ponce Núñez, fue acompañado hasta la puerta del juzgado por una nutrida movilización de vecinos y organizaciones que respaldan su actuación. En ese marco, en lo estrictamente jurídico, el magistrado solicitó su sobreseimiento en la causa, algo que ahora deberá ser resuelto en un plazo de cinco días por el juez Fernando Mateos.

De acuerdo a la imputación, en aquel 2013 Arias le habría ‘ordenado’ al fiscal Jorge Paolini -a cargo de la instrucción de la causa- que se abstuviera de dar a conocer el número de muertos durante la trágica inundación que, como se recordará, el oficialismo había fijado en 52.

En diálogo con Canal Abierto, Ponce Nuñez expresó: “la verdad es que no se entiende qué tenemos que hacer acá, porque no existe delito alguno que puedan imputar a mi defendido. Hay toda una concepción político-judicial novedosa que está generando todo este tipo de barbaridades. Aquí se está juzgando a un juez por sus ideas, no por haber cometido un acto violatorio de ley alguna. Aquel escrito de mi defendido dice con toda claridad que se le requería al doctor Paolini que no emitiera información sobre el número de personas fallecidas porque ese era un tema abierto y en plena investigación, precisamente, a cargo del juez Arias. Que yo sepa, requerir no es ordenar y con solo ir al diccionario de la Real Academia Española podrían aclarar esta cuestión”.

Cabe recordar que gracias a la investigación de Arias, el registro de personas fallecidas por aquella tragedia trepó a más de 90. Y aún hoy existen diferencias sobre la cifra final.

Sobre el tema de fondo, el suspendido juez agregó que, en el momento de la inundación, actuó con un fallo de la Corte Bonaerense que determinó su competencia. “Lo que el fiscal Paolini hacía era interferir en mi competencia y por eso le requerí que no lo hiciera y eso para estos sectores del Poder Judicial, es un delito”, afirmó Arias, quien sostuvo que siempre ejerció su tarea como magistrado “con absoluta transparencia”, y resaltó que nunca antepuso su interés personal ”por sobre los de la gente”.

“No tengo nada que ocultar, no fui a plantear cuestión de fueros, fui a hablar y explicar un despacho judicial porque se ve que el fiscal mucho no entiende de estas cosas”, cuestionó.

Como se recodará, el pasado 2 de noviembre el jurado de enjuiciamiento de magistrados de la provincia de Buenos Aires resolvió por unanimidad suspenderlo de sus funciones, antes de continuar evaluando el expediente, lo que se espera para principios de 2018. La decisión fue adoptada por los 10 integrantes del jurado que conforman cinco legisladores abogados, cinco abogados de matrícula y que preside la titular del Suprema Corte de Justicia provincial, Hilda Kogan.

La denuncia había sido formulada por el juez Guillermo Atencio, a pedido del Fiscal Condomí Alcorta, a lo que también se refirió Arias al salir hoy del juzgado: “Han querido convertir en delito, lo que es un simple conflicto de competencias, de esos que ocurren todos los días en Tribunales. Son los mismos jueces y fiscales, cómplices del ocultamiento de fallecidos en la inundación. Son aquellos que archivaron las investigaciones de los hechos delictivos que descubrimos y denunciamos en aquella oportunidad (falsificación de certificados de defunción, incumplimiento de órdenes judiciales, supresión de identidad de las personas para enterrarlas con un nombre diferente, diversos incumplimientos a los deberes de funcionario público y el mismísimo estrago culposo). Los mismos que jamás citaron a indagatoria a Scioli, a Bruera, a Casal, ni a los policías implicados en el engaño a la sociedad”.

Con evidente gesto de fastidio, Arias manifestó que “los jueces penales y fiscales que nunca investigaron aquellos delitos cometidos durante la inundación, ahora cargan contra un juez que sí se puso a investigar lo qué pasó”

También reflexionó: “estamos en un momento de crisis en el sistema judicial. La ley es utilizada como una herramienta bélica y no como un instrumento de justicia. Y por eso ahora están buscando desacreditarme frente a la sociedad y ponerme de rodillas frente a ellos. Pero parece que todavía no me conocen bien”.

Posteriormente, fuentes cercanas al magistrado avanzaron un poco más en su análisis: “Lo quieren sacar del medio por lo que piensa y no porque lo que haya dictado alguna vez esté en contra de ley”.

Uno bien podría ir más allá todavía: Lo quieren sacar del medio por lo que piensa de ellos, los miembros del tribunal de enjuiciamiento, entre otros.

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