Redacción Canal Abierto | Este jueves el Tribunal Federal Oral 1 de San Martín, provincia de Buenos Aires, llevará adelante la segunda audiencia del juicio contra dos ex directivos de Ford Motors por el secuestro de 24 trabajadores entre el 24 de marzo y 20 de agosto de 1976.

Los acusados son el exgerente de manufacturas y segundo en la línea de autoridades de la empresa automotriz durante el terrorismo de Estado, Pedro Müller (en foto que encabeza la nota), y el teniente coronel retirado que ofició de jefe de seguridad de la planta de General Pacheco, Héctor Sibilla, partícipe en sesiones de torturas. También es juzgado Santiago Riveros, exjefe del Comando de Institutos Militares.

“Desde el año ‘76 no pudimos volver entrar a la fábrica y recién en el 2010 hicimos un reconocimiento del lugar donde estuvimos secuestrados. Sentimos que habíamos tocado el cielo con las manos, pero todavía faltaba un montón. Estamos en 2017 y recién comenzó el juicio después de dos aplazamientos terribles porque uno se llena de sueños y emociones”, contó a Radio Tinkunaco Carlos Propato, uno de los delegados torturados dentro de la Ford.

El jueves pasado Müller y Sibilia, bajo arresto domiciliario, llegaron a los tribunales acompañados sólo por sus abogados. No tuvieron la misma suerte que Guillermo Gallarraga y, el entonces presidente de la compañía, Nicolás Courard, ya muertos. De los 24 operarios secuestrados, sólo la mitad vive.

“Ahora tienen la posibilidad de defenderse. Nosotros tenemos todos los argumentos de que la empresa nos entregó y colaboró con los militares. Sin la colaboración de los empresarios, los militares no hubieran llegado a lo que hicieron: casi el 70% de los desaparecidos somos trabajadores; las fábricas quedaron sin delegados y sin conducción los gremios”, dijo Pedro Troiani, otro delegado sobreviviente.

El proceso es inédito porque constituye el primer juicio contra los civiles vinculados a secuestros y torturas en Campo de Mayo. Los delitos que comenzaron a ser juzgados fueron denunciados ante la CONADEP en 1984 y formaron parte del juicio a las Juntas un año después.

En 2002 el fiscal Félix Crous presentó una denuncia por los testimonios en el Juicio por la Verdad de La Plata y la causa se reabrió al año siguiente. En 2013 la jueza Alicia Vence avanzó con indagatorias y procesamientos y desde 2014 la causa esperaba su turno en el TOF de San Martín.

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