Redacción Canal Abierto | “Si ganan los Fernández me voy a tener que ir del país” fue la frase que la catapultó a la fama twitera. Desde entonces, la científica Sandra Pitta no perdió oportunidad para señalar las características -a su entender- “nazis” y “fascistas” de los candidatos, seguidores y funcionarios electos del Frente de Todos.  

En las últimas horas, la investigadora del Conicet que integra el grupo de intelectuales que apoya al presidente Mauricio Macri volvió a servirse de la polémica para instalar su nombre en redes sociales. Sin embrago, en esta oportunidad pareció ir más allá con una serie de declaraciones que hizo sobre el Conicet y la dictadura.

En primer lugar, afirmó que la etapa de mayor inversión pública del organismo fue durante el “proceso» -utilizando el nombre con que los militares autodenominaron a la última dictadura cívico militar-. Luego, en relación al desfinanciamiento de las universidades por parte del gobierno de facto, justificó que sucedió porque “es ahí donde estaban los jóvenes que podían llegar a ser peligrosos y después de limpiar un poquito el Conicet de rebeldes, que se fueron, le dieron un montón de dinero”.

Las ideas esbozadas por quien hasta hace poco tiempo fuera delegada general del sindicato Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) causaron el repudio y las críticas de buena parte de la comunidad científica.

Para entender cuál fue la política en ciencia de la última dictadura, su impacto económico y humano, y sus líneas de continuidad en tiempos democráticos, Canal Abierto dialogó con la historiadora Cecilia Gárgano, especialista en la materia.

¿Qué reflexión te merece las declaraciones de la investigadora Sandra Pitta?

Es complejo hablar tan livianamente del crecimiento presupuestario de una institución en el momento de mayor persecución a los trabajadores en general, y en particular a los del campo científico. O retomar esas metáforas utilizadas por la dictadura, como “limpieza” y “saneamiento”, me parece inadmisible, sobre todo viniendo de una persona que –como delegada de UPCN- estuvo ligada a la defensa de nuestros derechos como trabajadores.  

Hay cuestiones sobre las que no podemos dudar ni poner en cuestión: a Dante Guede y Martín Toursarkissian (el primero, trabajador del Observatorio de Radioastronomía de Villa Elisa, y el segundo, del Museo Argentino de Ciencias Naturales, y ambos integrantes del CONICET) no los «limpiaron», los desaparecieron.

Las declaraciones de Pitta no hacen más que evidenciar el hecho de que UPCN no sólo entrega nuestros salarios, también remata nuestra historia. En definitiva, creo que los trabajadores de CONICET no deberíamos tomar livianamente estas declaraciones, tan graves para pensar nuestro pasado y presente.

¿Es cierto que durante la dictadura hubo un incremento del presupuesto en el CONICET?

– Si, al igual que la CONEA, es uno de los organismos que crece en cuanto a partidas presupuestarias. El CONICET por esos años recibe un préstamo importante por parte del BID (Banco Interamericano de Desarrollo). De hecho, en 1971 CONICET tenía 3 institutos propios, y en 1983 pasa a tener 116.

Sin embargo, es importante contextualizar ese incremento cuantitativo. Porque, por ejemplo, en 1984 se hizo público un informe sobre malversación de fondos asociados a esos mismos institutos.

Desde su creación, CONICET financió becas de doctorado, postdoctorado y las carreras de investigador –que se abre en 1961- con estrecha vinculación con las universidades y otros centros de investigación. En los años de dictadura la suba presupuestaria también vino de la mano con el quiebre de ese vínculo con las universidades.

Ese alejamiento respecto del mundo de las universidades tenía un trasfondo ideológico…

– La persecución es muy visible en las universidades por una visión ya conocida de la dictadura respecto de los estudiantes y docentes como sujetos políticos. Pero dentro del CONICET también observamos una inteligencia y espionaje ideológico que arranca mucho antes de la última dictadura, con persecución y desaparición de investigadores.

Desde el retorno de la democracia, no hubo una preocupación del organismo ni de la comunidad en investigar las víctimas de la dictadura en el CONICET. La historiadora Maria Candelari hace unos años realizó un informe sobre lo sucedido en el organismo durante el proceso, pero no tuvo circulación.

¿Qué prácticas o formas de hacer ciencia heredó la democracia de esa dictadura?

Hay una trayectoria histórica que tiene su pico en dictadura, pero que va a tener continuidad en democracia: la apropiación de conocimientos que se generan con fondos públicos por parte de sectores concentrados.

Hablar de ciencia y dictadura implica pensar los cambios en las agendas de investigación, las políticas represivas y las brutales transformaciones socio-económicas en conjunto. Pero lo cierto es que en democracia, las relaciones de poder heredadas y complicidades civiles fueron dos agendas pendientes.

Hoy estamos en un momento clave para pensar y discutir la ciencia y la investigación, y para entender que las cuestiones presupuestarias no son la única variable para analizar la salubridad del sector científico. Por supuesto, se necesita mayor inversión –sobre todo luego de cuatro años de ajuste-, pero no es la única problemática.

¿Qué cambios debería encarar el próximo gobierno para avanzar en la resolución de esas deudas?

– Creo que al igual que buena parte de la comunidad científica, celebro que termine la gestión macrista. No solo para el sector, sino también para el país en su conjunto.

A futuro, uno de los gestos simbólicos-materiales a destacar es que ya se anunció es devolverle la categoría de Ministerio a lo que ahora es la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.

Por otro lado, me preocupa que las plataformas electorales de los principales candidatos no hayan revisado los vínculos en torno al extractivismo minero, sojero y de otras índoles, y la investigación científica.

Lo primero que me viene a la mente es el anuncio de Alberto Fernández sobre la propuesta de Syngenta para donar el 1% de la producción de alimentos «para combatir el hambre en la Argentina».

– El problema del hambre no es algo que podamos resolver entre todos: hay representantes de las principales corporaciones semilleras o de agrotóxicos que, a mi gusto, no tendrían que estar sentados en esa mesa de discusión.

¿Estás investigando en algo al respecto?

– Vinculado a esto último, uno de los últimos trabajos que realicé tiene que ver con rastrear la producción de una variedad de soja transgénica estatal que llevó a cabo la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres de Tucumán, una de las instituciones que son puestas como ejemplo de desarrollo científico y tecnológico.

El objetivo general es analizar las dinámicas de producción y apropiación de conocimientos, modos de institucionalización de las prácticas científicas, y relaciones entre Estado, científicos y empresas.

Entre otras cosas, es un intento por analizar críticamente la organización de la producción del conocimiento en función de los intereses privados, con sus correspondientes procesos de obtención de ganancias, y en las problemáticas en salud y en ambiente a las que han sido asociadas, generando así una aparente irresponsabilidad en torno a las implicancias políticas, económicas y éticas de los conocimientos producidos.

 

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