Por Pablo Bassi y Diego Leonoff | El metálico olor del hollín permaneció en Barracas algo más de una semana. Aquel 5 de febrero de 2014, bajo los escombros del depósito de papeles de Iron Mountain, habían muerto nueve personas -la décima perecería días después- y todavía no hay un solo responsable detenido.

Esa madrugada, el comandante mayor Miguel Gómez estuvo tomando mate en la puerta del cuartel de bomberos voluntarios Vuelta de Rocha junto con el oficial Facundo Ambrossi y Sebastián Campos. Hacía calor, se hicieron las 4 y se fueron a dormir.

Pasadas las 8, el cuartelero de guardia hizo sonar la sirena. Gómez, Campos y tres bomberos más se calzaron pantalón, botas, chaqueta y casco, y salieron rápido arriba del móvil 30. Facundo se quedó. Transitaron la decena de cuadras que los separaban de Iron Mountain, donde Campos detuvo el coche sobre Azara, a la altura del acceso principal.

Para entonces habían arribado ya los bomberos del cuartel tercero de Policía Federal. Según Gómez, todo el frente sobre Jovellanos estaba tomado por el fuego. Con su gente ingresó por Azara y conectó una línea de manguera a un nicho de pared. “Salía agua como un riego”, nos dice. Retrocedió, conectó la línea a otro nicho y volvió a encontrarse sin presión.

Cuando salió a oxigenarse trabajaban en el lugar bomberos del cuartel primero de la Policía Federal, ambulancias, Defensa Civil y Facundo Ambrossi. Sebastián Campos había movido la camioneta desde Azara hacia la paralela, Jovellanos. Mientras caminaba por la lateral, Quinquela Martín, el comandante mayor Gómez vio polvo y en la esquina, agitado, cómo se derrumbaba la ochava. Lo que aún no sabía es que la pared de Jovellanos ya había cedido y matado a nueve personas, entre ellas Campos. Once días más tarde, Ambrossi también moriría en el hospital Argerich.

Las víctimas

“Gente de la Policía Federal me dijo la noche del velatorio que el incendio había sido intencional. Al principio se habló de cuatro focos, pero luego las pericias determinaron que fueron seis”, relata Gerardo Conesa. Su hermano Eduardo era bombero federal. Trabajaba 24 horas por 48 de descanso, que dedicaba a la asociación voluntaria de Lanús Oeste, cuyo cuartel lleva hoy su nombre.

Como Sebastián Campos, Eduardo Conesa era chofer, pero aquel 5 de febrero procuró ingresar por la puerta de Jovellanos para ayudar. Había llegado con la segunda dotación de federales junto a Maximiliano Martínez y Matías Monticelli. En la primera arribaron el comisario inspector Leonardo Day, jefe del operativo, Anahí Garnica -primera subinspector bombero de la historia argentina-, y Damián Véliz. Todos murieron aplastados.

“Mi cuñada, como la mayoría de los familiares, acordaron una indemnización con una aseguradora. Iron Mountain estaba muy interesada en eso”, sostiene Gerardo.

Con el de Barracas, Iron Mountain lleva incendiados en el mundo siete depósitos. La Justicia comprobó que los de Londres y Ottawa, al menos, fueron intencionales. En Buenos Aires, la planta de Azara tenía seis pedidos de clausura recomendados por inspectores del Gobierno de la Ciudad. El excarapintada, amigo personal del presidente Mauricio Macri, y actual vicepresidente del Banco Nación, Juan Gómez Centurión, estaba por entonces al frente de la Agencia Gubernamental de Control, pero nunca ordenó cerrarlo.

14.10.15 Rolando Monticelli, papá del bombero federal muerto Matías Monticelli, denuncia a Gómez Centurión por amenazas.

Además de los siete bomberos, murieron bajo los escombros Pedro Barícola y José Méndez, de Defensa Civil. Las hermanas Liliana y Patricia Barícola recogieron testimonios presenciales y aseguran que Pedro y José debieron haber estado a media cuadra del lugar donde los encontró la muerte, ocupados en el abastecimiento de agua, perimetraje, registro de nombres y toma de posiciones. Pedro murió de inmediato. Patricia lo reconoció en la televisión.

“Guillermo Montenegro (por entonces ministro de Seguridad porteño, ahora diputado nacional) se acercó al velatorio a decirnos que se haría cargo de todo pero nunca se hizo cargo de nada”, relata Patricia.

Cuando a dos años del siniestro este cronista asistió al homenaje a los caídos en la Superintendencia de Bomberos, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó: “No somos enemigos; somos el Estado nacional y les exigiremos rendición de cuentas a los empresarios que hicieron cosas mal, como en este caso”.

¿Quién se hace responsable?

Pocos días después del primer aniversario, la fiscal subrogante Marcela Sánchez informó que los peritajes de la Policía Federal y el INTI determinaron que el incendio había sido provocado. Se encontraron, entre otros elementos, aceleradores químicos que llevaron la temperatura del fuego de los 100 a 1200 grados. Se confirmó que los rociadores no expulsaron suficiente agua y que las columnas carecían de revestimiento ignífugo. La investigación, no obstante, fue puesta en duda meses después por otro peritaje de la Universidad Tecnológica Nacional. El juez Pablo Ormaechea será quien deba resolver la intríngulis.

Los bomberos y técnicos consultados para esta investigación aseguraron que en un incendio una pared difícilmente cae hacia el lado externo. Los abogados, en tanto, informaron que Iron Mountain despidió semanas antes del hecho a los bomberos de guardia que la ley exige tener las 24 horas. Y que el sereno, Oscar Godoy, desoyó las dos alarmas que sonaron pasadas las 8 de aquel 5 de febrero.

En diálogo con este cronista, el defensor adjunto de la Ciudad, Gabriel Fucks, aseveró que los organismos de control del Gobierno de la Ciudad detectaron quince irregularidades en las plantas de Iron Mountain durante los ocho años previos al incendio. Una le valió en mayo de 2007 la clausura del galpón en Villa Lugano.

Fucks recuerda que luego de los fatídicos sucesos, la legislatura de la Ciudad realizó durante un año nueve pedidos de informe a Gómez Centurión, suscriptos incluso por los hoy diputados nacionales de Cambiemos Paula Oliveto y Daniel Lipovetzky. Primero el funcionario respondió, en la informalidad, haber extraviado el expediente sobre los controles en Iron Mountain y su habilitación. Recién luego de que la Justicia dictaminara la intencionalidad del siniestro, el Gobierno de la Ciudad respondió la solicitud de la Legislatura, que el Defensor adjunto calificó de “contradictorias”.

En la piadosa cadena de responsabilidades que el macrismo no tuvo con Aníbal Ibarra figuran Francisco Cabrera, hoy ministro de Producción y antes ministro de Desarrollo Económico porteño. Él, ex directivo del HSBC, tenía a cargo a Ezequiel Sabor, por entonces Subsecretario de Trabajo en la ciudad, encargado de las inspecciones en los edificios porteños. Suya era la potestad sobre la Dirección General de Protección de Trabajo al mando de Fernando Macchi, jefe de los inspectores y hoy funcionario del Ministerio de Trabajo.

La fiscal en funciones en la causa por estrago, Romina Monteleone, ordenó desde mayo pasado la indagatoria de unas treinta personas imputadas, entre ellas funcionarios del Gobierno de la Ciudad dependientes de Gómez Centurión y directivos de Iron Mountain, como su gerente general, Guillermo Eduardo Lockhart. Pasaron las preguntas pero no hubo un solo procesamiento.

“En la propagación del incendio ha incidido una suma de deficiencias, irregularidades, negligencias e incumplimientos por parte de la empresa que tenía a su cargo la explotación del establecimiento siniestrado, de diversos órganos de contralor y de terceros que tenían a su cargo la responsabilidad de garantizar que el establecimiento cumpliera con todas las medidas de seguridad pertinentes”, declaró una vez la fiscal.

El trasfondo

A pedido de la Comisión Nacional de Valores, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos dependiente del Ministerio Público Fiscal (Procelac) denunció en mayo de 2014 que en los depósitos 7 y 8 de Iron Mountain que se habían quemado había información de 43 empresas vinculadas a 29 investigaciones sobre delitos financieros por entonces en curso.

Entre ellas el BNP Paribas por encubrimiento de fraude a la administración pública, la alimentaria Nidera por presunto lavado de dinero, así como el Banco Patagonia, el JP Morgan, Ipesa y Endemol, y otras como el HSBC por estafa bancaria. Patagonia y HSBC perdieron la mayor parte de su documentación resguardada en el depósito de Barracas.

Ranking de empresas que perdieron información en IM

La pérdida de documentación fue la excusa esgrimida por el HSBC para evadir los requerimientos de la investigación originada a partir de la denuncia de Hervé Falciani. Este hombre reveló la titularidad de 4040 cuentas argentinas radicadas en paraísos fiscales de Suiza, en los que el banco funcionó como vehículo de la operación ilegal. Esa información fue suministrada por el Estado francés al argentino y por el cual se tramita una causa en la Justicia local.

Si bien la trama delictiva nunca pudo ser reconstruida, el extitular de la Procelac Carlos Gonella asegura que es la misma que probó en el caso BNP Paribás. “Tenemos información que acredita cómo los oficiales del banco buscaban clientes y les ofrecían servicios para fugar divisas”, reveló. En total, migraron 1.000 millones de dólares a Panamá, Bahamas e Islas Vírgenes.

Existen más elementos para sostener que en Iron Mountain no hubo un accidente. Que alguien provocó el incendio en busca de un objetivo que, seguramente, no fue la muerte de diez personas. Es probable que haya habido un interés detrás de la destrucción de esa información.

La Unidad de Información Financiera, encargada de evitar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en nuestro país, protagonizó bajo el mando de José Sbatella la búsqueda de justicia para las víctimas. ¿Cómo se evaluará el proceso del organismo a partir de la asunción en la era Cambiemos de la titular adjunta María Eugenia Talerico, ex apoderada del HSCB? ¿Será este caso dentro de algunos años el derrotero penal de una banda de amigos cercana al Presidente?

 


Entrevista a Sandra Barícola, hermana de una de las víctimas (Ver nota)

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