Redacción Canal Abierto | Luego de la movilización del 28 de diciembre, en la que se recordó el cacerolazo que hace 20 años comenzó a ponerle fin a la Corte Suprema menemista, empezó a gestarse una nueva marcha contra los integrantes actuales del máximo tribunal a la que se fueron sumando en los últimos días organizaciones, funcionarios y nombres de peso vinculados al Poder Judicial.    

La manifestación contra Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se hará el 1 de febrero, cuando se retome la actividad tras la feria judicial y tendrá réplicas en tribunales de distintas provincias. En redes sociales la iniciativa se está difundiendo con hashtag #1F o #1FMarchamosALaCorte  

Juan María Ramos Padilla, juez de la Ciudad de Buenos Aires, principal promotor de la iniciativa, señaló en una entrevista con la Televisión Pública que “el Poder Judicial siempre trabaja en contra del pueblo”, y apuntó contra los miembros del alto tribunal: “son delincuentes y tienen que renunciar”.

El 7 de diciembre, el ministro de Justicia, Martín Soria, le expresó a los cuatro jueces supremos la “preocupación por la gravedad institucional a la que llegó la Justicia argentina en los últimos cinco años”, y solicitó que el tribunal establezca “plazos máximos” para sus fallos.

Soria le expresó a los cortesanos la preocupación por el funcionamiento de la llamada “mesa judicial que influía ilegalmente en la administración de justicia” durante el gobierno de Mauricio Macri a través de la “presión” a magistrados.

Diez días más tarde, la Corte declaró inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura que impulsa el Gobierno. “Ya no aplica el derecho sino que está jugando a hacer política”, acusó Soria.

Sobre la convocatoria para el 1 de febrero, la Liga Argentina por los Derechos Humanos emitió un comunicado en el que habla de una Corte “colonizada al servicio de la dominación imperial, la impunidad para los genocidas y los delincuentes de la deuda externa, así como para la persecución de las y los que luchan por los derechos populares”.

“Nos entusiasma la idea de un proceso de auto convocatoria popular que interpele a los miembros de la Corte pero también que ponga de relieve las complicidades explícitas e implícitas, las de Macri y sus cómplices de los grupos de tareas judiciales, de la AFI, de los medios, del Congreso, etc. Y de las y los que en dos años solo comentaron o mandaron mensajes por las redes sociales”, agregaron.

Además, la LADH suma a los reclamos de la marcha sus propios casos: “La Corte Suprema tuvo en un cajón el expediente CSJ 000082/2013(49-H) sobre el secuestro con torturas seguido de muerte de un militante de la Federación Juvenil Comunista de quince años de edad, Floreal Edgardo Avellaneda, desde el 24/6/2013 al  13/08/2021 y la causa sigue “atrapada” en Casación Penal por los abogados de los genocidas que son quienes verdaderamente mandan en estos procesos. Floreal Edgardo Avellaneda, secuestrado en abril de 1976, es lo más posible que llegue a abril de 2022 sin que sus asesinos tengan sentencia firme: 46 años de impunidad y esta Corte Suprema es la culpable”.

“Y también la complicidad de la Corte por acción u omisión en todos los treinta y siete casos de presos políticos de la Argentina”, sintetizan.

El padre Francisco “Paco” Olveira, principal referente del Grupo de Curas en Opción Por Los Pobres, también se expresó públicamente en el mismo sentido:

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