Por Carlos Saglul | El avance del descontento social y los conflictos laborales que se multiplican decidieron al Gobierno a dar vía libre a su anhelada intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior. Por pedido explícito del presidente Mauricio Macri, el Ministerio de Defensa creará una Fuerza de Despliegue Rápido (FDR) para que las tres Fuerzas Armadas brinden “apoyo logístico” al Ministerio de Seguridad en casos de narcotráfico, cuidado de recursos naturales y “el avance de grupos violentos mapuches extremistas”, según publicó el portal Infobae.

Desde la Iglesia hasta la oposición sospechan que la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) es un armado de los servicios de inteligencia y que cualquier despliegue en el sur será para combatir los únicos conflictos que en realidad existen: los devenidos por la voracidad de magnates extranjeros que se han apropiado de tierras mapuches y sus recursos, y el conflicto social con miles de mineros, petroleros, productores regionales y cooperativistas acorralados por el ajuste.

Para el norte también hay planes. Durante una visita a la ciudad de Washington, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, selló un compromiso con el titular de la DEA, Robert Patterson, para instalar una fuerza de intervención en Misiones con el objetivo de “combatir el terrorismo y el narcotráfico”.

Se entiende que a los Estados Unidos le interese vender armas y equipamiento a la Argentina aunque tenga que hacer oídos sordos a algunas excentricidades. Ya se sabrá qué compró Bullrich en esta gira. No obstante, los argumentos para mendigar la intervención extranjera suenan grotescos. ¿Qué documento serio respalda la preocupación respecto a movimientos de Hezbolá en la Triple Frontera? Se requieren mínimos recursos intelectuales para deducir que si alguna célula terrorista existió en el siglo pasado en esa zona, luego de ventilarse su supuesta ubicación por años en todos los medios del mundo, ésta debe haber buscado otro lugar. Un periodista comentaba hace años que en Ciudad del Este lo que abundaba eran espías y servicios que se recelaban entre sí. La funcionaria parece convencida de que son los bolicheros de Ciudad del Este -y no de Arabia Saudita u otras poderosísimas naciones de Medio Oriente- quienes financian al terrorismo internacional. Si Estados Unidos pensara como ella, de esa ciudad fronteriza no quedarían ni los cimientos.

Lo que sí existe en Misiones, y a Estados Unidos le importa resguardar bajo su control, es el Acuífero Guaraní. Según el sitio Resumen Latinoamericano, los gobiernos neoliberales de la región (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) avanzan “en tratativas con las principales multinacionales que buscan privatizar el agua: Nestlé y Coca-Cola, con el objetivo de concederles la explotación comercial del Acuífero Guaraní, una de las principales reservas de agua dulce del mundo”. Esta es la verdadera hipótesis de conflicto, de la que nunca se escuchará hablar a los funcionarios del Gobierno.

En cuanto a la intervención de las Fuerzas Armadas en funciones policiales, México (y antes Colombia) es ejemplo claro del horror que éstas pueden desatar. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha denunciado en decenas de ocasiones torturas, abusos y asesinatos cometidos por militares.

La presión creció aún en el interior del Ejército, hasta el punto que el secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, declaró que el Ejército no se sentía a gusto persiguiendo delincuentes. “Nuestros soldados –dijo- ya están pensando si le entran a seguir enfrentando a estos grupos, con el riesgo de ser procesados por un delito que tenga que ver con derechos humanos”.

Al concluir el año pasado, según el gobierno mexicano ya se habían reportado 29.917 personas (22.414 hombres y 7.503 mujeres) desaparecidas. Las cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas no tienen en cuenta casos anteriores a 2014 ni clasificados como otros delitos, tales como secuestro o trata. Sólo en 2017, el año más violento en dos décadas, se informó de 23.101 asesinatos entre enero y noviembre en ese país. El número de muertos en los primeros once meses de 2017 sobrepasó el récord anterior de 22.409 asesinatos durante todo 2011.

Mención aparte merece la colaboración norteamericana en el combate contra el narcoterrorismo. Cada vez está mal claro que la ayuda encubre objetivos geopolíticos, es decir que tiene en la mira el control de los recursos naturales del continente.

Los miles de dólares que Estados Unidos gasta en fumigaciones y represión al campesinado, revalorizan la droga en el mercado. También sirven para financiar el accionar de compañías de mercenarios como Academi (antes Backwater) y del ejército norteamericano privatizado que actúan ya no sólo en Medio Oriente sino en todo el mundo: entrenar en México a policías zonales y realizar tareas de vigilancia son algunas de las acciones conocidas.

Por otra parte, Estados Unidos no sólo consume la mayor parte de la droga mexicana, sus bancos lavan dividendos no inferiores a los 300 mil millones dólares de los narcos, al tiempo que inundan de armas –en tanto principales productores globales- al país latinoamericano. ¿Y qué les queda a los mexicanos? Muertos, desaparecidos y un Estado al borde de la desaparición.

Sobre todo esto se sabe poco. La explicación es fácil: sólo durante el año pasado fueron asesinados en México 12 periodistas. Si una nota molesta, “apareces muerto o te desaparecen”, dicen los trabajadores de prensa. Si un dirigente sindical es combativo, “se lo llevan los narcos”.

Bullrich no podía irse de Estados Unidos sin firmar acuerdos con Comando Sur, que estuvo detrás de todos los sangrientos golpes de Estado en el continente. Allí comprometió a los funcionarios a que el organismo “asistirá a la Argentina en la Seguridad de la cumbre del Grupo de los 20”. ¿Traerán los norteamericanos portaviones, submarinos, tanques de guerra para enfrentar a los manifestantes de las ONG? ¿Se temerá, quizá, una invasión de los malones de la RAM? ¿Qué hay detrás de estos fantasmas que agitan el pedido de ayuda a los militares, los acuerdos con el Comando Sur, propugnan la pena de muerte sin juicio previo y el gatillo fácil?

Cuando la Junta Militar asumió en 1976, el terrorismo ya estaba derrotado. Se trataba de imponer un plan neoliberal imposible de instaurar sin represión. Para el neoliberalismo sólo existen las democracias condicionadas, y los derechos de las mayorías se respetan (por lo menos parcialmente) en la medida que esto no afecte su tasa de ganancia. Cuando esto sucede, cualquier disidencia delata un enemigo. O “un agente foráneo”, diría Jorge Rafael Videla.

Lanzamiento

Nuestros temas