Redacción Canal Abierto | En los últimos días se conoció el despido encubierto de Natalia Moyano, la última abogada que quedaba en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en Rosario (SDHN), dedicada a los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Moyano, además, integra los equipos jurídicos de las regionales locales de HIJOS y Abuelas.

La profesional fue sometida a una renuncia forzada, mediante la falta de pago de su salario.

En junio del año pasado había sido despedido Santiago Bereciartúa (también de HIJOS), el otro abogado que estaba contratado por Nación para llevar adelante su representación legal en los juicios a los genocidas.

En la actualidad, la SDHN no tiene letrados querellantes para los dos procesos por crímenes del terrorismo de Estado que comenzarán en los próximos días en la ciudad santafesina.

Canal Abierto conversó con Natalia Moyano sobre su caso, la situación de los juicios en Rosario, y sobre el proceso de Memoria, Verdad y Justicia en nuestro país.

¿Se puede hablar de un vaciamiento de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en Rosario?

Sí, al menos de los abogados que veníamos trabajando con las causas por delitos de lesa humanidad, que somos parte de la organización HIJOS Rosario. Desde ese lugar se han quitado recursos y herramientas durante el último año, porque de ser tres abogados para la ciudad hoy por hoy no hay abogados y, más allá de que asuma alguien, para el cúmulo de trabajo que hay no sería suficiente. Y aparte dejaría de ser un abogado vinculado a los organismos de derechos humanos.

Contemplando los argumentos para los despidos de Santiago Bereciartua y el suyo, ¿se puede considerar que existe persecución política?

Al menos podemos decir que se dejó de construir desde el lugar que se venía construyendo. Éramos dos personas vinculadas a una organización de derechos humanos. En el caso de Santiago fue un despido sin causa, y en mi caso es un despido indirecto. Nunca se pone de manifiesto el motivo, pero la lectura que se puede hacer es que hay un desmembramiento del vínculo que había con nuestro organismo.

HIJOS Rosario denunció en un comunicado que las autoridades de la SDHN realizaron pedidos informales para que no se utilice el término “represores” o “genocidas” en los escritos jurídicos, y que existieron “recriminaciones por firmar documentos críticos con la gestión de Mauricio Macri”.

¿Es cierto que les exigieron que no se opongan a las prisiones domiciliarias de los genocidas condenados? ¿Qué otras presiones recibió?

En la presentación de una de las acusaciones, en un alegato, se solicitó al abogado que estaba como representante de la Secretaría que no manifestase el pedido de revocatoria de las prisiones domiciliarias de aquellos genocidas que se encontraban con ese beneficio.

Nosotros, además de ser abogados que estábamos representando al Estado desde la gestión anterior, también formamos parte de un espacio político, y una de las banderas históricas de HIJOS es “cárcel común y efectiva para los genocidas”. Entonces se incluye en el requerimiento de la acusación como un hecho político. Son nuevas directrices que no siguen el modo de construcción que veníamos transitando. Al no ser una labor meramente técnica, más allá de la cuestión laboral lleva un contenido político que hace que haya una distancia con la forma de construcción anterior, en relación a lo que eran los procesos de lesa humanidad como política pública de Estado.

¿Cómo se van a enfrentar los juicios por delitos de lesa humanidad que están por comenzar en Rosario en pocos días?

Si desde la Secretaría no designan a alguien, nosotros desde HIJOS Rosario vamos a representar a las querellas particulares, con el mismo compromiso de siempre. Como militante de HIJOS formo parte del equipo jurídico, y nosotros llevamos las querellas, lo hemos hecho siempre y lo seguiremos haciendo.

¿Cómo analiza las perspectivas del proceso de Memoria, Verdad y Justicia para la segunda mitad del gobierno de Cambiemos?

Hubo un signo muy importante el año pasado cuando fue el intento de imponer el 2×1, de poner un límite a todo esto que se vino gestando. Éste es un proceso que iniciaron los organismos de derechos humanos, actores principales de esta historia, que en un momento se pudo instalar como política pública de Estado en el gobierno anterior, y creo que en parte se va a seguir sosteniendo desde las organizaciones y la sociedad. Que el año pasado puso un límite a que se dé un paso atrás en relación a los avances en las políticas de derechos humanos y los procesos de estos juicios.

En cuanto al rol del Estado, hay acciones que hablan por sí mismas, como el vaciamiento de la Secretaría, el pedido de renuncia de Gils Carbó… son cuestiones que van definiendo la postura del Gobierno en relación a los juicios, pero las organizaciones siempre han estado para que se mantenga viva la memoria.   

Próximos juicios DDHH en Rosario

  • Para el 15 de marzo está programado el comienzo de la mega causa Feced III, en la que se analizaran los casos de 152 víctimas, 90 de ellos por primera vez. Están anotados 322 testigos, entre sobrevivientes, familiares y expertos. Son quince los represores acusados, entre ellos un capellán de la Policía, por secuestros, torturas, homicidios, y abusos sexuales. Cuatro de los imputados llegan a juicio por primera vez. Se trata del tercer tramo de la investigación sobre la represión por parte del Servicio de Informaciones de la Policía de la provincia de Santa Fe.
  • En la primera semana de marzo comenzará la causa Klotzman, que ya lleva tres años de postergaciones. El expediente reúne crímenes contra la humanidad de 27 militantes del PRT-ERP, en la primera mitad del mes de agosto de 1976. Además, se ventilarán los delitos de sustracción de una menor de diez años y supresión de identidad con relación a la hija de Ricardo Klotzman y Cecilia Barral. El matrimonio fue secuestrado y conducido al Centro Clandestino conocido como “Quinta de Fisherton” y desde entonces permanecen desaparecidos. Fernando Brarda, sobreviviente de aquel CCD, corroboró la presencia en el lugar de los mismos y dio cuenta del estado avanzado de embarazo de Cecilia Barral. Durante el curso de la instrucción pudo establecerse que la misma dio a luz a una nena que fue sustraída por los represores y entregada a una familia de la ciudad de Santa Fe. Se trata de la nieta 103, recuperada en abril de 2011. Los cinco represores que irán a juicio son: Jorge Alberto Fariña, capitán del Destacamento de Inteligencia 121. Actualmente se encuentra detenido en el Complejo Penitenciario de Marcos Paz. Fue dos veces condenado por delitos de lesa humanidad. Y los policías federales Federico Almeder (detenido en Marcos Paz), René Langlois (detenido en Marcos Paz); Enrique Andrés López (detenido en Ezeiza), y Luis Paulino Coronel (detenido en su domicilio).

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