Redacción Canal Abierto | Las estimaciones del National Bureau of Economic Research (NBER) habían calculado, allá por septiembre del año pasado, que una décima parte de la riqueza del mundo se encuentra en paraísos fiscales. Esa proporción asciende a un 15% en Europa, pero llega casi hasta el 60% en el Golfo y algunos países latinoamericanos. Entre ellos, Argentina, que está quinta en el ranking mundial de países con más dinero en cuentas offshore, detrás de Rusia, Arabia Saudita, Venezuela y Emiratos Árabes Unidos. Dinero que, claro, no tributa al fisco nacional.

Para el NBER, hay 220.000 millones de dólares de argentinos en cuenta offshore. Esto representa el 40% del PBI nacional. Es decir que si ese dinero hubiese pagado impuestos, el Estado habría recaudado 21.406 millones de dólares sólo en 2016 (439.893 millones de pesos, al cambio actual), lo que equivale al 4,4% de su PBI. 

Este cálculo es parte de los fundamentos del proyecto de ley de la senadora Cristina Kirchner acaba de presentar para prohibir a los funcionarios públicos tener participación en paraísos fiscales.

El total de impuestos que el Estado no cobró equivale casi tres veces al presupuesto educativo de 2018 (163.168 millones de pesos) y casi ocho veces el presupuesto del Salud (56.486 millones de pesos).

En todo están ellos

Las cuentas offshore son la maniobra de evasión impositiva más popular y mundialmente utilizada. De un tiempo a esta parte, con la difusión de los escándalos Panamá Papers y Paradise Papers y otras investigaciones, se conoció que al menos 16 de funcionarios del gobierno de Cambiemos mantienen este tipo de cuentas. Entre ellos el mismísimo presidente Mauricio Macri, quien figura como director de dos empresas (Fleg Trading LTD y Kagemusha SA) junto con su padre, Franco, y su hermano, Gianfranco.

Junto a él está su ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, director de al menos dos empresas en paraísos fiscales (Shell Western Supply and Trading Limited, una subsidiaria de Royal Dutch Shell PLC, y de Sol Antilles y Guianas Limited) mientras era director de Shell. Ya como ministro, Shell Western Supply and Trading Limited ganó licitaciones por más de 150 millones de dólares.

Por su parte, el ministro de Finanzas Luis Caputo –el miembro del Gabinete nacional con más patrimonio personal declarado y quizá el caso más escandaloso- también mantiene negocios en paraísos fiscales: manejó el fondo de inversión Alto Global Fund radicado en Islas Caimán, administró la gerenciadora de fondos de inversión Noctua Partners LLC que opera desde Delaware, y fue el principal accionista -desde 2009 al 2015- de la sociedad Princess International Group también radicada en Islas Caimán. Sobre esta última actividad se abrió una investigación judicial contra Caputo ya que el ministro, a través de esa compañía, era dueño de otra empresa offshore, Affinis Partners II, que no consignó en sus declaraciones juradas.

El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, también forma parte del directorio de una offshore en Panamá. Kalushy es una empresa creada en 1992 que hasta 2017 continuaba vigente. Y recientemente se conoció el caso de Valentín Díaz Gilligan, subsecretario general de Presidencia, quien ocultó 1,2 millones de dólares en Andorra, lo que le costó la renuncia.

Esta situación sinuosa en relación a la ley también alcanza a dos intendentes de Cambiemos. Se trata de Jorge Macri -jefe comunal de Vicente López, presidente del Grupo Bapro, y primo del Presidente- y de Néstor Grindetti, al frente del distrito de Lanús. El primero es secretario de Latium Investments Inc. de Panamá y tiene, junto a su esposa, otra empresa ubicada en Florida, situación por la que la Justicia lo embargó en 8 millones de pesos mientras investiga sus maniobras. El segundo aparece como apoderado de la offshore Mercier Internacional entre 2010 y 2013, mientras era secretario de Hacienda porteño, causa por la cual está imputado.

Situaciones similares mantienen Fernando De Andreis, secretario General de la Presidencia; Carlos Augusto Lo Turco, subsecretario Legal del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas; Clarisa Lifsic, secretaria de Promoción de Inversiones del Ministerio de Comunicaciones; Jesús María Silveyra, subsecretario de Mercados Agropecuarios del Ministerio de Agroindustria; Hugo Darío Miguel, subsecretario de Planeamiento en la Secretaría de Tecnología de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Comunicaciones; Jorge Braulio Norverto, subsecretario de Ciberdefensa en el Ministerio de Defensa; María Paula Schiappapietra; subsecretaria de Comercialización de la Economía Social de la Secretaria de Coordinación y Monitoreo Institucional del Ministerio de Desarrollo Social; Pablo Clusellas, secretario Legal y Técnico de la Presidencia; y el mismísimo Gustavo Arribas, director de la Agencia Federal de Inteligencia e implicado en el escándalo internacional Lava Jato, por recibir coimas de Odebrecht.

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