Por Violeta Moraga | Como había adelantado Canal Abierto en octubre, el Gobierno nacional puso a licitación una parte de la plataforma marítima argentina. Ahora,  mediante la Resolución 276 del Boletín Oficial firmada por el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, y a un mes de la apertura de sobres, el  Ejecutivo oficializó la adjudicación de 18 áreas del Mar Argentino  a capitales extranjeros con el objetivo de comenzar un proceso de prospección y exploración. Se entregan así áreas estratégicas y se constituye un grave daño a la soberanía nacional.

Así lo denunciaron rápidamente Claudio Lozano y  Gustavo Lahoud, del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), quienes expusieron que esta grave decisión del Gobierno nacional “se da en un contexto en el que la política de desmalvinización se ha convertido en una estrategia deliberada de la política exterior argentina”.

Vale la pena recordar que en la convención de las Naciones Unidas de Derecho del Mar de 2016 se reconocieron 1.782.500 kilómetros cuadrados más como parte de la plataforma continental argentina. Ahora, 38 bloques divididos en 225 mil kilómetros cuadrados de esta plataforma fueron licitados y 18 de ellos adjudicados para su exploración.

En total se trata de 9 adjudicaciones en la cuenca Malvinas Oeste -lindante con la cuenca Malvinas Este-, 7 adjudicaciones en la cuenca Argentina, que está a la altura de la provincia de Buenos Aires, y otros dos bloques en la cuenca Marina Austral. Por estas 18 áreas el Gobierno nacional ha recibido 718 millones de dólares, que provienen de los cánones y bonos cobrados a los consorcios de empresas adjudicadas.

En este marco, las británicas Shell, BP y Tullow Oil ganaron siete áreas de las 18 licitadas, lo que representa un 39% del total. Como señaló el Observatorio de la Energía, Tecnología e infraestructura para el desarrollo (OETEC) “se trata de la mayor concentración de áreas ganadas por empresas privadas originarias de un solo país, en este caso, Reino Unido”.

Otro dato nada menor que brindan desde el Observatorio es que entre las empresas que se presentaron se encuentra la firma británica Tullow,  que  ya operó ilegalmente siete áreas al sur de las islas en el 2007 y la noruega Equinor -que tiene dentro de su directorio a una ex asesora de la administración isleña- que también trabajó para Tullow.

Cronología de una entrega

En octubre del año pasado el Gobierno abrió a través del decreto 872/2018 el Concurso Internacional Costa Afuera de la plataforma continental argentina que estableció 38 bloques para poner a licitación. Finalmente, estos fueron licitados el 16 de abril pasado y este viernes la Secretaría de Gobierno de Energía, a través de la Resolución 276 publicada en el Boletín Oficial oficializó la adjudicación de 18 permisos de exploración sobre estas áreas. Estos se extenderían hasta en 8 años y en el mes de agosto -con el título en su haber- las empresas podrían empezar las tareas.

“Son espacios a mar abierto y altísimas profundidades, donde la explotación es muy comprometida y  riesgosa desde todo punto de vista, fundamentalmente en referencia a lo ambiental”, dijo Gustavo Lahoud, especialista en energía del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, quien ya había señalado anteriormente en una entrevista con Canal Abierto que “los pasivos que siempre quedan los ven después las poblaciones y los sufrimos como comunidad”.

Asimismo, indica que el Gobierno argentino hace en este acto concesiones deliberadas a los intereses británicos en Malvinas y en el Atlántico Sur sobre recursos hidrocarburíferos y pesca, haciendo caso omiso a lo que significa el avance de estos capitales sobre el territorio nacional. Cabe destacar, además, que una de las tres cuencas incluidas en el concurso, la Cuenca Malvinas Oeste, al estar pegada a las Malvinas se constituye en una zona de alta trascendencia geopolítica y de seguridad nacional.

En este sentido, la semana pasada, el municipio de Río Grande interpuso ante la Justicia Federal una cautelar con el objetivo de frenar esta adjudicación que, sin embargo, finalmente fue realizada. Como denunció Claudio Lozano, dirigente nacional de Unidad Popular y coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, “entre gallos y medianoches, el jueves 16 de mayo, bajo la más absoluta opacidad institucional y sin convocatoria político-institucional alguna, se tomaron graves decisiones para el presente y futuro de nuestros inalienables derechos sobre las Malvinas y nuestros espacios marítimos e insulares circundantes”.

La adjudicación también fue denunciada el viernes por la CTA rionegrina,  que señaló la grave lesión a la soberanía y al interés estratégico nacional sobre el Atlántico Sur que significa la adjudicación  que además, establece en el artículo 3 del decreto 872 la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales internacionales con sede en un Estado que sea parte en la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras. Es decir, Argentina cede soberanía jurídica ante cualquier circunstancia que se tenga con este tipo de empresas una vez que fueron adjudicadas las áreas.

“Denunciamos esta decisión irresponsable del gobierno de Mauricio Macri de poner en manos extranjeras áreas geopolíticamente claves de nuestro territorio”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario General de ATE y la CTA Autónoma de Río Negro. “Se están rifando al mejor postor nuestros recursos naturales. El proceso de extranjerización ya no es sólo de las tierras en la Patagonia, sino que ahora incluye a nuestros mares. Este gobierno deberá ser condenado por la entrega de toda la soberanía de nuestro pueblo”, completó el dirigente.

Es por esto que para el IPYPP es fundamental denunciar y “rechazar abiertamente este nuevo acto del Gobierno argentino, que podría tener incalculables consecuencias para la integridad geoestratégica y ambiental de nuestro Atlántico Sur, que debe ser preservado y defendido como un bien común inalienable e imprescriptible de todos los argentinos”.

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