Redacción Canal Abierto | La Fiscalía Federal de Río Grande, Tierra del Fuego, pidió la detención y el llamado a declaración indagatoria de 26 militares que actuaron en altos mandos durante la Guerra de las Malvinas en 1982. El pedido fue hecho por el fiscal Marcelo Alejandro Rapoport, con la asistencia de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), en la causa presentada por el Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas (CECIM) de La Plata por torturas sufridas durante la contienda bélica con Inglaterra.

La causa, iniciada en 2007, tiene más de 120 hechos denunciados y 95 imputados, y es respaldada por documentación desclasificada en 2015.

Además del CECIM La Plata, de la querella participan la Comisión Provincial por la Memoria y las Secretarías de Derechos Humanos de Chaco y Buenos Aires.

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Los hechos investigados tienen que ver con las violaciones a los derechos humanos sufridos por los conscriptos que combatieron en el Atlántico Sur por parte de los oficiales y suboficiales que debían conducirlos y protegerlos. En diálogo con Canal Abierto, el secretario de Derechos Humanos de CECIM La Plata, Ernesto Alonso, afirmó: “no hemos encontrado antecedentes similares en los que durante un conflicto armado, la propia tropa produzca hechos similares contra sus propios soldados”.

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La fiscalía toma como antecedentes una causa de primera instancia en la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia y un dictamen firmado en 2012 por el entonces procurador general de la Nación a cargo, Luis González Warcalde, en la que establecía estos tormentos como delitos de lesa humanidad, con categoría de imprescriptibles.

A partir de esta causa, se sistematiza la información al igual que otras megacausas como ESMA o Campo de Mayo, reconstruyendo las cadenas de mando, lo que deja de lado su tratamiento como casos aislados, ya que hay casos en cada unidad participante en el conflicto, tanto de Ejército como de Marina y Fuerza Aérea.

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Al momento, desde el CECIM no tienen la información de quiénes son los militares llamados a indagatoria, aunque adelantó que se trata de personas que prestaban servicio en el Regimiento Nº 5 de Corrientes.

“Lamentablemente, este retraso de Justicia produce lo que llamamos impunidad biológica, aquellas personas que mueren sin haber sido juzgadas por no haber sido investigados oportunamente”, concluyó Alonso.

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