Por Pablo Bassi | Una de las cinco leyes impulsadas un mes atrás por las organizaciones sociales y la CTA Autónoma durante la Marcha Federal podría obtener hoy media sanción en la Cámara de Diputados. Es la que declara de utilidad pública y sujeta a expropiación las tierras donde se asientan 3.500.000 de personas distribuidas en 4228 barrios populares.

De aprobarse luego en Senadores, más de 853.000 familias de todo el país accederían a un título de propiedad. El Estado nacional expropiaría alrededor de 420 kilómetros cuadrados, semejantes a dos veces la ciudad de Buenos Aires, cuyo 60% está hoy en manos privadas, el 15% pertenece a administraciones provinciales y el 20% a municipios. Sobre el 5% no es clara la situación dominial.

Además, la ley compromete en varios artículos al Estado nacional a generar los planes de infraestructura necesarios para la integración urbana de esos barrios; a que el 25% de la obra sea ejecutada por cooperativas de la economía popular; y a la suspensión de cualquier desalojo, al menos durante los próximos cuatro años.

La ley de “Régimen de integración urbana y regularización dominial”, que cuenta con el aparente consenso de todos los bloques en ambas cámaras, ordena al Estado a la inmediata tasación de los terrenos. Por transición, los privados deberán negociar o litigar en un juicio de expropiación, mientras que a las provincias y municipios se las instará a firmar convenios de cooperación.

Para despejar cualquier especulación, el proyecto de ley prevé que las tierras no puedan ser vendidas a personas jurídicas. Sólo podrán servir de vivienda o comercio familiar, algo que incluso está prohibido en los planes hipotecarios.

El origen de esta pelea histórica retomó impulsó a mediados de 2016, al calor de la primera marcha convocada por la CTEP, Barrios  de Pie y la CCC desde la iglesia de San Cayetano en Liniers hasta Plaza de Mayo, y la aprobación en aquel diciembre de la ley de Emergencia Social.

En una mesa de negociación, las organizaciones sociales, Cáritas y funcionarios de la jefatura de Gabinete acordaron relevar los barrios y familias con déficit habitacional. Para ello, adoptaron como base un informe cartográfico de la ONG Un Techo Para Mi País, digitalizado después por la Corriente Villera Independiente de la Villa 31 y la 1.11.14.

Determinaron como barrio popular a ocho familias agrupadas o contiguas, cuya mitad de población no tuviera título de propiedad ni acceso al menos a dos de tres servicios básicos: agua corriente, cloaca o energía eléctrica con medidor en domicilio.

Entre agosto de 2016 y abril de 2018 se registraron 4228 barrios populares, incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso e Integración Urbana (Renabap), mediante el decreto 317 de 2017.

Sin la presencia de las organizaciones sociales en el territorio, hubiese sido imposible encuestar a semejante número de personas. Hoy se sabe también que más de la mitad vive en sus casas desde antes de 2000, que el 93% no tiene agua corriente y más del 70% no accede a la red de energía eléctrica.

Ya el Renabap otorga a la familias un certificado de vivienda que les permite acreditar domicilio ante cualquier autoridad y solicitar servicios ante las empresas proveedoras, algo que no todas cumplen. En ese sentido, la ley es muy clara: los servicios básicos están por delante de la propiedad privada.

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