Redacción Canal Abierto | Este lunes, el secretario de Energía, Javier Iguacel, se reunió con empresarios y ejecutivos de los mayores grupos petroleros de Estados Unidos y el mundo, en un encuentro organizado por el IAPG Houston que actúa como vínculo entre el sector energético de Argentina y Estados Unidos.

El objetivo es dar a conocer el grado de avance del yacimiento de gas y petróleo no convencional de Vaca Muerta, y del apoyo a las inversiones que ofrece el Gobierno argentino.

“Quieren acelerar la llegada de inversiones hidrocarburíferas, a la región de Vaca Muerta fundamentalmente. En este gran yacimiento de la cuenca neuquina hay una producción creciente de lo que llamamos gas no convencional”, indicó Gustavo Lahoud, especialista en energía del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP)

Cuando Juan José Aranguren era ministro de Energía, instauró un plan en el que se creó un sendero de precios crecientes para el gas extraído que este año llegaría a los US$7.5 por millón de BTU. Ahora, Iguacel pretende hacer lo contrario “porque las tarifas han aumentado mucho y el escenario de dolarización hoy está haciendo que el precio del gas esté impactando en muchos niveles, incluso en la producción de energía eléctrica”, sostuvo Lahoud.

Por otra parte, el referente del IPyPP informó: “Los primeros seis meses de este año hubo un aumento en la producción de gas en Vaca Muerta, que está más o menos en el 4,5% más en relación al año pasado. La perspectiva que tienen los grandes operadores de toda esta región (Techint, YPF, Compañía General de Combustible) es empezar a extraer más.

Esta tendencia –para Lahoud- significa la puesta en marcha de una especie de plan maestro que implicaría la reorganización del espacio rural y urbano comprendido en la zona de explotación de los reservorios, la extensión de líneas de gasoductos para transportar en el futuro, tanques de almacenamiento y toda la infraestructura en materia de transporte.

En los últimos años, cuando comenzó la explotación de estos recursos de la mano de YPF y Chevron, la necesidad de poner en marcha inversiones fuertes, implicó también generar presión sobre las tierras.

Ejemplo de esto es la comunidad mapuche, que está en constante y creciente conflictividad con estas empresas porque buena parte del extractivismo convive con áreas que son reivindicadas por este pueblo.

Lo cierto es que el Gobierno no tiene en cuenta los conflictos sociales que se generan alrededor de estos negociados.

“Falta que entren dólares genuinos en nuestra economía. Si ellos logran que lleguen más inversiones hidrocarburíferas en estas condiciones, son dólares frescos y no son inversiones financieras que entran y salen acrecentando la cuestión especulativa. Pero es un camino difícil, y hay que ver si IAPG de Estados Unidos y la gestión de Iguacel van a lograr todos los objetivos buscados en un escenario tan incierto como este”, sostuvo Lahoud.

Por su parte, las asociaciones ambientalistas y la multisectorial contra las bases militares yanquis en Neuquén, manifestaron su postura sobre esta situación.

“El Gobierno Nacional quiere ser importador de gas y petróleo. Eso requiere de una mayor productividad y una mayor inversión. El hecho de ir a Estados Unidos a seducir empresas para engrosar este nivel de producción nos habla de un peligro para la provincia en relación a la salud ambiental y los recursos naturales. A mayor productividad de extractivismo, mayores riesgos ambientales, y climáticos inclusive, que en la provincia ya lo venimos viviendo hace un tiempo atrás. Todo es parte de un paquete de ofertas que ya se han decidido de una manera que las y los neuquinos no podemos visualizar y tampoco participar”, expresó Marcela Escobar, referente de la Asamblea Socioambiental de Centenario y Vista Alegre.

Desde esta asociación también vieron necesario destacar que el acuerdo con el FMI, el alejamiento del ALCA, la instalación de bases militares norteamericanas y ahora esta fuerte apuesta a las inversiones de empresas extranjeras en la región, significa “un paso más hacia la entrega del Estado, que ya no se queda sólo en papeles, sino que es la ocupación territorial plenamente dicha, que asegura un control cercano de sus inversiones”.

Finalmente, Escobar declaró: “es un plan que nos termina de entregar y que las organizaciones pretendemos frenar”.

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