Redacción Canal Abierto | La Ley de Presupuesto que el Gobierno giró este lunes a la Cámara baja incluye una serie de ajustes que comienzan por la previsión de que, el año que viene, al país le irá peor. Pero la “austeridad” de la que habló el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, no se reduce al vaticinio de que la economía argentina sufrirá en 2019 una retracción del 0,5%, una inflación del 23% y un dólar promedio a 40,10 pesos.

El déficit fiscal que obsesiona el macrismo –que, como única receta para bajarlo insiste en reducir groseramente el gasto público- intentará ser reducido también, si esta ley sale, a través de mecanismos subrepticios que no saltan a la vista en una primera lectura.

A continuación, los más importantes:

  • Restricción a la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM). En su artículo 38, el nuevo Presupuesto aspira a sustituir el artículo 16 de la Ley N° 27.260 -que actualmente establece que esta pensión “es compatible con el desempeño de cualquier actividad en relación de dependencia o por cuenta propia”- por otro que la declara “incompatible con el desempeño de cualquier actividad en relación de dependencia o por cuenta propia”. De esta manera, quienes realicen algún trabajo que complemente este ingreso (hoy de $6909,70), ya no la recibirán.

La PUAM se creó para que se jubilen quienes llegaron a 65 años sin los aportes necesarios para jubilarse, y equivale al 80% de la jubilación mínima. A marzo de 2018, este beneficio era percibido por 78.119 personas

  • Habilitación al Poder Ejecutivo a reestructurar deuda sin pasar por el Congreso. El artículo 75 de la Constitución Nacional pone en cabeza del Congreso arreglar el pago de la deuda. Sin embargo, la Ley de Administración Financiera, en su artículo 65, establece una excepción: el Poder Ejecutivo podrá realizar operaciones de reestructuración “en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales”. “La interpretación mayoritaria de ese texto es que deben cumplirse al menos dos de los tres requisitos mencionados”, explica el Centro de Economía Política (CEPA) en un informe. Pero el artículo 53 del Presupuesto 2019 modifica el artículo anterior y lo cambia por otro, en el que el Poder Ejecutivo Nacional podrá realizar estas operaciones “atendiendo a las condiciones imperantes del mercado financiero”.

“La propuesta revela que desde el Gobierno se está pensando en recurrir a reestructuraciones de deuda (…), y el nuevo articulado permite suponer que las condiciones de esa reestructuración no favorecerán a la Argentina”, sostiene el informe.

  • Expandir la resistida Cobertura Universal de Salud (CUS). A principio de octubre del año pasado, el gobierno nacional puso a prueba en Guaymallén, Mendoza, la CUS, sancionada por decreto de necesidad y urgencia en julio de 2016. Desde la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FeSProSa), su titular Jorge Yabkowski, alertó por entonces que se trataba de “una estafa”.

“Es transformar el derecho a tener un hospital público y salas de atención bien equipadas en 15 millones de carnets de pobre que van a ser la presunta vía de entrada hacia ese derecho, y no su DNI”, sostuvo. La CUS nace con una gran contradicción: brindar una cobertura universal dentro del sistema público y gratuito que ya garantiza la Constitución Nacional. Bajo el argumento de la modernización, los expertos advierten que se verán restringidas la cantidad y tipo de atenciones patológicas, porque dejarán al sistema privado aquellas que no le convenga prestar al sistema público. Sin embargo, el proyecto del Presupuesto insiste con que para “garantizar la calidad de vida de las personas (…) la principal estrategia del Gobierno será el despliegue de la Cobertura Universal de Salud en nuevos municipios y provincias”.

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