Redacción Canal Abierto | La ‘reestructuración’ y el modus operandi de Cambiemos en el que los trabajadores y trabajadoras son un número más, le llegó al Ente nacional de Comunicaciones (Enacom), ex Afsca, encargado de regular las comunicaciones en todo el país.

Ayer, cuarenta empleados de Enacom como todas las mañanas se presentaron a trabajar y al querer ingresar se enteraron que estaban despedidos a través de un listado que tenía personal de seguridad.

“No hubo telegrama, ni llamado, ni nada. Llegaron a trabajar y así se enteraron que no trabajan más. Fueron despedidos, sin ningún tipo de criterio. Hay gente que trabaja hace más de diez años”, explicó en diálogo con Canal Abierto, Alejandro Tsusinsky delegado general de ATE Enacom.

Lo cierto, es que además circulan versiones que indicarían que habría otras cien cesantías en las próximas horas.

“Una de las primeras medidas del Gobierno fue intervenir el Afsca y lo hizo mediante la Policía Federal que es el brazo ejecutor de estas políticas”, señaló Tsusinsky.

Los trabajadores denuncian además el blindaje mediático, el desarticulado de los medios públicos en general y de los comunitarios en particular y el favorecimiento a los grandes monopolios económicos y de información como el grupo Clarín.

Sin medios comunitarios no hay democracia

Pero el vaciamiento del Enacom, presidido por Silvana Giudice, no se reduce sólo a los despidos de sus trabajadores.

“Quieren desarticular todos los medios comunitarios, las voces alternativas no son la prioridad. El objetivo del Enacom hoy es fortalecer a los grandes grupos mediáticos y para eso necesitan a la comunicación popular”, advirtió el delegado.

Hace algunas unas semanas las redes de medios comunitarios Interredes – FARCO, CONTA, AMARC, RNMA y Red Colmena- emitieron un pronunciamiento en el que vuelven a advertir que el Enacom retiene los fondos de fomento para el sector, establecidos en la Ley 26.522.

“El Enacom sigue quedándose los fondos de fomento para medios comunitarios y de pueblos originarios que establece la ley 26.522. En lo inmediato son casi 160 millones para proyectos ya presentados en concursos de 2017, que se encuentran cajoneados en el organismo. A lo que deben sumarse $300 millones que corresponderían a los concursos 2018, ni siquiera abiertos a poco más de tres meses de finalizar el año, cerca de $25 millones más en deudas que persisten de proyectos ganadores en 2015, y otros varios cientos entre la sub ejecución de 2016 y las diferencias que se acumulan todos los años entre lo asignado y lo establecido por la ley”, señalan en el documento emitido y se preguntan ¿En qué se la gastan?.

Por lo pronto, los trabajadores despedidos se encuentra en estado de alerta y realizarán una asamblea para discutir las medidas a llevar a cabo.

 

en octubre

Nuestros temas