Por Gladys Stagno | Las declaraciones del senador por el Frente de Todos Oscar Parrilli volvieron a abrir un debate que tiene múltiples aristas y que está muy lejos de haber sido saldado: el del derecho a la información.

“Es posible pensar una nueva Ley de Medios”, aseguró en diálogo con Radio El Destape, agitó un avispero que nunca dejó de zumbar, y catapultó el tema a la tapa de los diarios.

Si bien la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual –popularizada como Ley de Medios y sancionada en 2009- continúa vigente, sufrió una herida que le impidió desplegar los dos objetivos con los que fue pensada: reducir la concentración de la producción y distribución de contenidos, y multiplicar la pluralidad de voces a partir del otorgamiento de licencias a los sectores sin fines de lucro. A pocos días de asumir, el gobierno de Mauricio Macri cumplió con sus promesas al Grupo Clarín y firmó el Decreto 267, con el cual desmontó la estructura regulatoria de la ley.

Casi enseguida, el macrismo avaló lo que el mercado hizo a partir de allí: la fusión de Telecom con Cablevisión, el viejo sueño de Clarín. Y le otorgó al Grupo el 25% del total de la pauta oficial del gobierno nacional. Al fines de 2015, recibía menos del 10%.

A aquella amputación de la ley se le suma que –aún funcionando en todo su esplendor- ésta cubriría sólo uno de los aspectos necesarios para garantizar el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos.

 

Las regulaciones que faltan

“Tenemos varios temas para regular, analiza Diego Rossi, especialista en políticas de comunicación de la Universidad de Buenos Aires-. Uno es los medios en sí mismos. La ley aborda lo audiovisual, pero el macrismo la mandó al bombo: el Estado se automaniató y desenredarse de eso no es sencillo”. 

Por otro lado están las compañías de telecomunicaciones (telcos), cuya relevancia quedó en evidencia durante 2020 en plena pandemia, donde la prioridad fue la conectividad. “Hoy, regular las telcos tiene que ver con regular los medios porque están plenamente integrados. Hay reglas de comercialización y de mercado donde las empresas paquetizan estos servicios. Ahí hubo un grupo interesante de medidas el año que pasó”, destaca Rossi en diálogo con Canal Abierto.

En efecto, la desregulación es tal que una sola empresa provee el 42% de la telefonía fija, el 34% de la telefonía móvil, el 56% de las conexiones a Internet por banda ancha fija y el 40% de las bocas de TV paga de todo el país.

Otra cuestión es la información en sí misma o, mejor dicho, la obligación estatal de garantizar una pluralidad de voces que hoy no existe. En términos de concentración, sólo entre cuatro grupos de medios acaparan el 74% de los diarios impresos, el 56,7% de la audiencia de la televisión abierta y el 53% de la radio de todo el país.

“Para sobrevivir durante los años de macrismo y no cerrar, muchos medios comunitarios flexibilizaron. Si antes pensaban en cómo pagar el trabajo voluntario, durante este período dejaron de hacerlo o bajaron las horas de emisión. Para garantizar más voces hay que garantizar su financiamiento, que no es sólo la pauta oficial”, analiza Rossi.

Sobre este punto coinciden otros analistas. “En Argentina atamos siempre el concepto de publicidad oficial a fomento, cuando lo ideal sería que existieran otras herramientas de fomento y que la publicidad funcionara como cualquier esquema publicitario donde se busca la efectividad y la eficiencia al momento de llegar al ciudadano”, afirma Agustín Espada, comunicador, becario del CONICET e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes.

 

Pauta y fomento, dos caras de un problema

El reparto de los cerca de $5.000 millones de pauta publicitaria que el gobierno nacional distribuye al año (base 2020) no tiene una lógica clara. La única regulación que existe al respecto es la Resolución 247-E/2016, firmada por el ex periodista de Clarín Jorge Greco ni bien asumió como secretario de Comunicación Pública de Macri, que inclinó la cancha a favor de los grupos concentrados y aún no fue revisada por el actual titular de la cartera, Francisco Meritello.

Durante 2020, diversos proyectos sobre el tema surgieron en la Cámara de Diputados y aún no tomaron estado parlamentario. Uno de ellos es el impulsado por el espacio Iniciativa para el Fomento de la Pluralidad y Diversidad Informativa, integrado por medios cooperativos, comunitarios, populares y micro-pymes de todas las provincias, que fue presentado en agosto por Pablo Carro, diputado del Frente de Todos, y acompañado por otros 35 legisladores y legisladoras.

El mismo “busca equilibrar el paisaje mediático y corregir las asimetrías existentes” y despegar el fomento a los medios alternativos de la pauta oficial como único recurso a partir de distintas vías de financiación. Entre ellas, la posibilidad de descontar del Impuesto a las Ganancias las donaciones a estos medios, que se les permita descargar el crédito fiscal acumulado en el pago del IVA en la cadena de producción, y ser beneficiarios de tarifas sociales en servicios públicos y de conectividad.

Pero el más novedoso es la creación de un Fondo de Fomento del Pluralismo y Diversidad Informativa constituido por el 5% del IVA que ya está recaudando la AFIP, correspondiente a los servicios digitales de Netflix, Spotify, Facebook, y Google.

“Sería una asignación específica de recursos a industrias culturales. Sin crear nuevos impuestos, esta ley sería una herramienta para robustecer la opinión pública y busca equilibrar la cancha en diversos aspectos”, afirma Rossi.

En tanto, mediante un comunicado, Néstor Piccone, periodista y presidente del Colectivo por el Derecho Humano a la Comunicación (Codehcom), sostiene: “La democracia necesita un sistema de comunicación plural y participativa”. Y termina por preguntarse: ¿Podrá avanzar el actual gobierno de coalición en la recuperación de la soberanía tecnológica, promover y garantizar la sostenibilidad del sistema de medios autogestivos y, en la lucha por la alfabetización digital, impedir que los ciudadanos sean succionados mentalmente por las máquinas y sus aplicaciones?”. La respuesta aún no está clara para nadie.

 

Ilustración: Marcelo Spotti

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