Por Pablo Bassi | Gustavo Jaime escuchará la sentencia que tal vez lo libere de las acusaciones que cargó durante 22 meses, tras haber ido a acompañar a la Lof en Resistencia de Cushamen, Chubut, donde siete meses después desaparecería Santiago Maldonado.

Estará sentado en la sala II del juzgado provincial de Esquel, la misma donde el 12 de enero de 2017 un juez determinó que su detención había sido legítima y dio curso a los cargos de resistencia a la autoridad y uso de armas de fuego. Dos días antes, había recibido un mensaje por Whatsapp de FM Alas, que alertaba sobre la violencia ejercida por gendarmes e infantes de la provincia a familias mapuches que, desde marzo de 2015, habían recuperado parte del territorio con título de propiedad a nombre de Benetton.

“Acá en El Bolsón uno puede solidarizarse con víctimas de incendios, inundaciones, barrios con problemas. Yo me solidaricé con una comunidad y terminé con un balazo en el hombro”, cuenta Jaime en diálogo con Canal Abierto.

Ya en la Lof, el joven se sumó a uno de los grupos organizados por la comunidad para encontrar caballos perdidos entre los cientos de policías que esa mañana habían ingresado al predio. Se subió entonces a una camioneta junto a los hermanos Pablo y Gonzalo Seguí.

El cinematográfico derrotero policial comenzó cuando observaron a un camión particular con animales al que intentaron detener para identificar. Lejos de lograrlo, desde el vehículo en movimiento el chofer empezó a dispararles.

“No sabíamos si eran ladrones, personal de seguridad privada o el Estado”, recuerda.

Minutos después bajaron de una camioneta tres personas que sin dar la voz de alto abrieron fuego con escopetas. Y luego, desde un móvil policial que se les cruzó a 20 metros, descendió un hombre que, parapetado, les disparó. Los tres pudieron escapar, no sin advertir que Gustavo había recibido una esquirla en el omóplato.

A los 37 kilómetros fueron detenidos en la localidad de El Maitén, donde también cayeron presos Ivana Huenelaf, Jorge Buchile, Javier Ruiz Huenchupan y Daniela Verenice Gonzáles, quienes se trasladaban en otro vehículo. Algunos fueron empujados contra una camioneta y otros recibieron patadas mientras eran esposados sin decirles por qué.

Pasadas las 11 de la noche, recibieron en la comisaría con luces apagadas la visita de infantes con casco y lentes oscuros que iluminaron sus caras con linternas, los pusieron contra la pared y esposaron para trasladarlos a otra comisaría en Esquel donde a eso de las 4.30 de la madrugada un agente confesó que no sabía por qué estaban ahí.

Así fue como esa mañana terminaron en la misma sala donde este viernes Jaime escuchará su sentencia. “Sabés lo que significó volver a ver a las personas que nos habían disparado. Pude responderle al fiscal con la tranquilidad de no haber cometido los delitos que me incriminó”, nos cuenta.

En el medio de la odisea, la Justicia acusó además a Daniela González e Ivana Huenelaf del empleo de bombas molotov, lo que luego fue desestimado. También fueron excusados los hermanos Seguí del delito abigeato, que es el hurto de ganado.

A lo largo de las jornadas del juicio oral que se extendió cinco días, una perito balística confirmó que las víctimas sufrieron disparos, demostró por dónde ingresaron y salieron las balas de la camioneta, como así también determinó cómo fue que Gustavo recibió una esquirla.

Las pruebas presuntamente montadas por la Policía y la Justicia fueron tan débiles que el fiscal pidió para los “cinco solidarios” -como se los ha denominado en los medios periodísticos patagónicos- la mita de la pena. No obstante, la tortilla podría darse vuelta: una causa ya investiga el rol de las fuerzas de seguridad.

en octubre

Nuestros temas