Redacción Canal Abierto | El 27 de octubre, dos obreros resultaron heridos de gravedad cuando una caldera explotó en el ingenio La Florida de la provincia de Tucumán. A diez días del accidente, José Eduardo González falleció, producto de la quemadura del 60% de su cuerpo.

El accidente había ocurrió en medio del cambio de turno de los empleados. “Los tubos de una pared de agua se quedaron sin líquido debido a un error humano de mal manejo, y se produjo la ruptura de los mismos“, explicó en su momento la empresa en un comunicado.

Ese día, junto a González, también resultó herido Julio Ricardo Saed Ahsmed, quien ahora se encuentra fuera de peligro.

Lo cierto es que en el país, los accidentes laborales van en aumento y las muertes por esta causa también. Así lo expresa el último informe elaborado por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, que en el período de enero a diciembre de 2017 registró 580.328 incidentes y 743 muertes notificadas por las empresas.

Sin embargo, los datos no contemplan los casos de trabajadores informales o en negro, por lo que se estima que las cifras serían mucho más altas.

“La cantidad de trabajadores fallecidos por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (AT y EP) creció un 2,1%, determinando un aumento del índice de incidencia de fallecidos del orden del 1,0% respecto del 2016 (42,7% de casos mortales en ocasión de trabajo cada millón de trabajadores cubiertos). La incidencia de la accidentabilidad in itinere disminuyó un 2,1% respecto al año anterior (14,2% de accidentes de trayecto cada mil trabajadores cubiertos)”, indica el informe.

Lo importante de este asunto es que estos índices crecieron a partir de la modificación de la ley de ART, que exige bajar los costos laborales. El abaratamiento de estos costos empresariales implica una flexibilización de la fuerza laboral, precarizando y explotando obreros a cambio de mayores ganancias e inversiones futuras.

La alternativa para los trabajadores

En 2012 el entonces diputado nacional por Unidad Popular, Víctor De Gennaro, presentó el proyecto de la Ley de Prevención de Riesgos y Reparación de Daños en la Salud Laboral.

La iniciativa -que finalmente no logró sortear el lobby de las ART en el Congreso Nacional- buscaba erradicar el negocio que las empresas aseguradoras y el Estado hacen a costa de la vida los trabajadores, instrumentando un sistema solidario que contemplaba la generación de un Banco Nacional mantenido con el aporte destinado a las ART, que posibilitaría que cualquier trabajador de cualquier ámbito esté cubierto ante emergencias o enfermedades, y que se haría cargo de la reparación de los daños y perjuicios.

El proyecto proponía un cambio de paradigma hacia un sistema gestionado con participación de los trabajadores, que además serían protagonistas en el diseño y control de las acciones de prevención, que aseguraría la reparación integral y automática de los daños,  entre otras previsiones.

En enero de 2017, a tono con los reclamos empresarios, el gobierno de Mauricio Macri modificó por decreto la vigente Ley de riesgos del trabajo.  Así, los trabajadores que sufran accidentes estarán obligados a pasar por una comisión médica -que suele fijar reparaciones insuficientes- antes de recurrir a la Justicia, trabando sus posibilidades de reclamo y defensa. El Gobierno utilizó un DNU pese a que había una ley debatiéndose en el Congreso. De esa manera la precarización implica menos costos empresarios, y más riesgos laborales.

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