Redacción Canal Abierto | Fiel a su discurso represivo y punitivista, el Gobierno de Cambiemos, a través de Patricia Bullrich, anunció que podría tratarse en sesiones extraordinarias de febrero, un nuevo proyecto del régimen penal juvenil que bajaría la edad de imputabilidad. Aquellos delitos cometidos por adolescentes mayores a 15 años y menores de 18, serán reprimidos con una pena máxima de 15 años.

“No es novedad que todos los años electorales aparezca el tema de la baja de imputabilidad. La construcción del enemigo siempre es la juventud, los pibes y las pibas. En los últimos veinte años de democracia han aparecido voces con la intención de construir ese gendarme hacia la política pública de niñez”, señaló en diálogo con Canal Abierto, Omar Giuliani, coordinador de la Federación Nacional Territorial  de la CTA-Autónoma y referente en el área de niñez y adolescencia.

Lo cierto es que el anuncio corre del eje las cuestiones más importantes.Según datos del INDEC,el 48% de los niños y adolescentes de 0 a 17 años tiene vulnerado al menos uno de los derechos básicos relacionados con la educación, el saneamiento y la protección social.

“Hay más de 6 millones de pibes bajo la línea de pobreza y un Estado que ni siquiera puede garantizar el primero de los derechos que es el derecho a la alimentación.Si uno toma las estadísticas del Ministerio de Justicia, en el 1% o menos de los delitos graves hay participación de menores. Es una construcción falsa que tiene que ver con la identificación de un enemigo público que es la juventud”,destacó Giuliani.

El proyecto que estaría listo para ir al Congreso contempla que a los 15 años, los adolescentes serán imputables únicamente por delitos considerados graves, como homicidios, violaciones, lesiones gravísimas, secuestros extorsivos y robos con armas de fuego.

Entre los 16 y los 18 años, serán imputables siempre que no se trate de un delito cuya pena máxima de prisión sea igual o menor a tres años; y podrán ir a la cárcel cuando cometieran un hecho reprimido en el Código Penal con una pena máxima igual o mayor a diez años. En el caso de los menores de 15 años (inimputables) que cometan delitos reprimidos con penas de hasta 10 años por el Código Penal, el proyecto contempla un programa de asistencia a través de la intervención de equipos interdisciplinarios.

“No hay política para garantizar el derecho a la educación pero sí hay para la represión.Nuestra discusión como campo popular  debe ser poner el eje en donde corresponde: las condiciones de vida,  sociales, que no se garantiza el derecho a la vivienda y que este Gobierno en  contrapartida quiere instalar la teoría de la delincuencia juvenil”, sentenció el referente de niñez.

 

 

 

 

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