Redacción Canal Abierto | En la primera semana del año, el Observatorio de Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumala) registró tres femicidios, y al menos cinco casos de violación y/o abusos a mujeres jóvenes, entre ellos el de una adolescente de 14 años en un camping en Miramar.

Mientras se publicaba este informe, Gisel Varela, de 33 años, fue asesinada a balazos por su ex pareja cuando esperaba el colectivo en el centro de Mar del Plata.

Sergio Alejandro Cejas -que ya había sido denunciado por violencia de género y contaba con una orden de restricción- fue detenido más tarde en Miramar.

Según el registro nacional elaborado a partir de medios gráficos y digitales –porque no hay cifras oficiales-, durante el 2018 se produjeron un total de 259 femicidios en Argentina. De esta cifra, 229 fueron mujeres, 26 femicidios vinculados y 4 travesticidios. Es decir que en nuestro país se produce un femicidio cada 34 horas.

A pesar de las alarmantes cifras, el presupuesto nacional destinado a abordar violencias machistas es de $11,36 por mujer.

“Con el aumento que hay en la visibilización de estos temas, no ver que se reduzcan los casos sensiblemente nos tiene que interpelar profundamente como sociedad. Incluso el aumento en las denuncias por violencia de género no tienen un impacto significativo en las cifras” expresó Betiana Cabrera, coordinadora de MuMalá Córdoba.

Desde la organización también consideraron importante destacar que las declaraciones de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, sobre la habilitación de portación de armas a la sociedad civil y el permiso a abrir fuego en situaciones de ‘peligro’ a los miembros de las fuerzas de seguridad, “lejos de provocar una disuasión del delito y la violencia, la profundizan. Esto basado en el alto porcentaje de agresores policías que cometieron femicidios con sus armas reglamentarias, y que el 26% del total de los casos se registraron como femicidios con armas de fuego”.

Además, Cabrera destacó: “parece que siempre corremos detrás del problema, porque todo lo que tiene que ver con sanción y erradicación, es cuando el hecho ya está consumado. Todavía nos falta una fuerte voluntad política en los gobiernos y en los estados para avanzar en las medidas tendientes a un profundo cambio cultural, porque vivimos y tenemos una sociedad machista y patriarcal que nos da como producto hombres violentos”.

Los datos del informe correspondientes a las víctimas sostienen que:

  • el 53% de las mujeres asesinadas tenían entre 16 y 40 años. El 79% de los femicidios fueron cometidos por un varón del círculo cercano de la víctima (61% pareja y ex pareja; 18% familiar);
  • el 21% había denunciado previamente a quien terminó asesinándola y el 13% tenía dictada alguna medida judicial de protección, ya sea de restricción de acercamiento y/o botón de pánico;
  • el 42% de las mujeres convivía con su asesino y el 62% de los hechos se produjeron en la vivienda de la víctima;
  • el 7,5% de las víctimas eran niñas y adolescentes menores de 15 años. Del total de ellas, el 59% fue violada o abusada y el 59% fue asesinada por un miembro de su familia;
  • 282 hijos e hijas quedaron huérfanos, de estos, 89 son menores de 12 años.

El registro de los agresores arroja que:

  • el 57% tiene entre 16 y 40 años;
  • el 22% se suicidó;
  • y el 7,5% son miembros de las fuerzas de seguridad (70% policías, 10% militares, 10% policías retirados, 10% militar retirado o pasivo).

“Lo que exigimos desde MuMalá es la formación en perspectiva de género de los efectores de salud, de educación y también de la Justicia, porque si no no se explica un fallo como en el caso de Lucía Pérez. Y por otro lado la implementación de la Educación Sexual Integral”, finalizó Cabrera.

 

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