Redacción Canal Abierto | En el marco de la sesión extraordinaria convocada por el gobernador Gerardo Morales, la Legislatura jujeña debatirá una polémica propuesta del Ejecutivo por la cual se le cobraría un seguro de salud a los ciudadanos extranjeros que ingresen a la provincia del NOA.

El proyecto había sido presentado el año pasado, pero no fue tratado en las sesiones ordinarias. El episodio vivido por el músico jujeño Manuel Vilca en Bolivia fue la excusa perfecta que encontró Morales para arremeter nuevamente con su proyecto y su doctrina xenófobos, algo que se palpita como moneda corriente en el mercado de los discursos políticos que podrán escucharse a lo largo de este año electoral.

Al contar con 29 legisladores propios sobre un total de 48, se da por descartado que este proyecto será ley cuando concluya la sesión. Sin embargo, desde distintos espacios ya se plantean los pasos a seguir por vía judicial, aduciendo la inconstitucionalidad de la propuesta del oficialismo jujeño.

Esta contempla que aquellos extranjeros no residentes en la provincia deban contratar un seguro de salud con un plazo de 30 días para ingresar a la misma. Quedan exceptuados quienes puedan acreditar que van por motivos laborales o estudiantiles, aquellos ciudadanos de países en los que haya algún convenio de reciprocidad con Argentina y casos de extrema urgencia.

La diputada provincial Natalia Morales manifestó en diálogo con Canal Abierto que la legislación propuesta por Morales “viola derechos no sólo establecidos en la Constitución Nacional y la Ley de Migraciones, sino también tratados internacionales y de derechos humanos”.

“Esto genera un grave antecedente para todas las personas migrantes en el país, porque se abre la puerta para que se pueda replicar en otras provincias o a nivel nacional”, agregó.

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La legisladora también remarcó que el argumento de Morales, según el cual el impacto de la afluencia de extranjeros no residentes hace tambalear el presupuesto asignado a la salud pública es falaz: “La incidencia es mínima en relación a la población extranjera, según los datos que el mismo Estado, a partir del Ministerio de Salud, maneja. Entonces no es un problema de presupuesto. Según estos mismo datos del gobierno provincial, en el año 2017 solamente un 3,7% de personas de origen boliviano se atendió en el sistema público de salud”, sostuvo.

Y concluyó “es un número bastante ínfimo en relación a toda la población que acude al sistema de salud público en la provincia. El problema no es presupuestario, sino que tiene que ver con una connotación discriminatoria y racista, sobre todo hacia la población más pobre, que no tiene derecho a una obra social si viene a trabajar, aunque sea en forma transitoria”.

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