Redacción Canal Abierto | El segundo piso del hotel BAUEN rebalsó ayer de dirigentes pertenecientes a las tres centrales sindicales, representantes de organismos de derechos humanos, diputados y juristas convocados por la Asociación de Abogados Laboralistas cuyo presidente, Matías Cremonte, anunció que más de 50 organizaciones denunciarán a Mauricio Macri ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Apenas arrancó el acto, un video sintetizó las declaraciones lesivas del Presidente de la Nación y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, contra jueces y abogados laboralistas a quienes involucran en una supuesta mafia responsable del cierre de empresas, ausencia de inversiones e informalidad en el empleo. Los canales sobre los que se reproducían las agresiones eran los grandes medios de comunicación que vehiculizan sin derecho a réplica los slogans oficiales.
Frente a la pantalla estuvieron sentados Eugenio Zaffaroni, Héctor Recalde (acusado de encabezar cual el Padrino «la mafia de abogados»), dirigentes de la CTA Autónoma y de los Trabajadores, sindicatos de base de la CGT y representantes del CELS, entre otros militantes. Las tragicómicas declaraciones de Macri generaban risas mientras que en otros, iracundas cejas fruncidas.
En su rol de anfitrión, Matías Cremonte llamó a construir una respuesta colectiva y unitaria frente a los atropellos que pasó a enumerar: la designación por decreto de los jueces de la Corte Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, el pedido de juicio político a cuatro magistrados de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en disconformidad con sus fallos (ver nota) y la participación de abogados laboralistas en la supuesta mafia fogonera de una eventual “industria del juicio” (ver nota).
Fueron los oradores que le procedieron quienes develaron que detrás de la maniobra oficial lo que hay es un intento de embestir contra los derechos de los trabajadores. Eugenio Zafaroni, por ejemplo, advirtió que el gobierno busca una sociedad de 70/30: “Un 70% de personas pobres y un 30% que no lo sean. Un modelo que sólo cierra con represión”.
Juan Carlos Capurro, vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos y abogado de ATE y la CTA Autónoma, advirtió que el caso argentino tiene réplicas regionales y que en todos, los abogados laboralistas son el evidente chivo expiatorio.
El titular de la Federación Judicial Argentina, Hugo Blasco, se refirió a la reforma de la ley de ART sancionada en febrero pasado, a la que calificó de “reaccionaria”, tanto más que el texto original de 1995 y los cambios introducidos en 2012 durante el gobierno de Cristina Kirchner.
Blasco también hizo mención al sindicato de trabajadores judiciales de Mendoza que, junto al de Canillitas, integra la lista de seis organizaciones intervenidas por el Gobierno y la Justicia (ver nota ).
Relató luego su caso Roberto Pianelli, titular de la Asociación de Gremial de Trabajadores del Subte, a la que le fue quitada su personería en un claro favor a la UTA. Hugo Godoy, secretario general de ATE, mencionó el procesamiento penal de los dirigentes rionegrinos Aldo Capretti y Rodolfo Aguiar. Los calificó de ilegales, como de “mafiosos” a los empresarios de Pepsico que despidieron a 600 operarios “para maximizar una rentabilidad que de por sí es extraordinaria”.
Siguieron otros dirigentes, como el presidente de la CLATE, Julio Fuentes, que prefirió denominar al gobierno de “patronal” y no de “pro patronal”. Alertó asimismo sobre la creación de una comisión legislativa que buscará, según él, reformar regresivamente el sistema de previsión social.
Y convocó a la unidad, como lo hicieron casi todos los oradores sin excepción, en un marco de amplitud que más que una expresión de deseo pareciera ser el puntapié de un nuevo round en la pelea.