Redacción Canal Abierto | Por estas horas todas las miradas se posan sobre el futuro judicial del ex ministro de Planificación kirchnerista, complicado por la acusación de desvío de fondos y defraudación al Estado por 280 millones de pesos en torno a la obra de la usina a carbón de Rio Turbio.

Como un árbol que tapa el bosque, este escándalo de corrupción corre el foco respecto a cuál podría ser el destino de los puestos de trabajo de la mina y el proyecto energético, hoy paralizado pese a la fantasmagórica inauguración que encabezó Cristina Fernández de Kirchner en 2015.

En su momento el Estado adjudicó la construcción de la central a Isolux Corsán, una empresa de origen español que se encuentra en quiebra y convocatoria de acreedores. Si bien el presupuesto inicial para la obra era de 650 millones de dólares y la modalidad de contratación «llave en mano», un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN)  parte de la causa que involucra a De Vido y calcula que en todos estos años la usina modificó 11 veces su monto inicial, elevando su valor a 1.631.355.105 de dólares.

Mas allá del debate sobre la quita o no de los fueros del hasta hoy diputado nacional, hace semanas viene sonando para concluir la usina una empresa “amiga”  del Gobierno y ex socia local de Odebrecht.

El holding mendocino Cartellone S.A. ya inició el proceso de estudio y análisis del caso Rio Turbio y, según trascendió, estaría dispuesta a hacerse cargo del 20% restante de la obra, lo que significaría un desembolso de 220 millones de dólares.

Los nexos con Odebrecht

En junio de este año el fiscal federal Federico Delgado pidió las indagatorias de 29 empresarios y funcionarios por el escándalo de pago de sobornos de Odebrecht por las obras de distintas plantas potabilizadoras de AySA.

Odebrecht, la mayor constructora de Brasil, reconoció ante la justicia estadounidense que entre 2007 y 2014 pagó 35 millones de dólares en sobornos a funcionarios argentinos para obtener la adjudicación de ocho proyectos, los cuales le reportaron un beneficio de 278 millones de dólares.

Según consta en la Justicia, el gigante brasilero operó en estos casos a través de Unión Temporal de Empresas (UTE) que integraban el grupo Roggi y José Cartellones Construcciones y Supercemento. Tito Biagini, titular del grupo mendocino, incluso quedó formalmente acusado y con sus bienes inhibidos. Quien lleva adelante la causa por el pago de sobornos es el juez Sebastián Casanello.

Los amigos, primero

En 2013 el matutino Tiempo Argentino hizo pública una irregular concesión por parte del gobierno porteño: por aquel entonces al frente de Autopistas de la Ciudad (adjudicadora), Gustavo Matta y Trejo adjudicó una obra por mas de 127 millones de pesos a la empresa José Cartellone Construcciones, holding que preside Tito Biagini, suegro del propio funcionario macrista.

Otro gesto de buena sintonía entre el entorno de Macri y los Cartellone fue que en mayo de este año el vicepresidente del Grupo, Pablo Edgardo Pérez Burgos, fue uno de los empresarios que integraron la comitiva que acompañó al Presidente en su gira por China.

Además, el grupo mendocino fue beneficiario del subsidio a las tarifas eléctricas por mas 10 millones de pesos que otorgó el Gobierno nacional a un puñado selecto de empresarios.

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