Redacción Canal Abierto | Organismos de derechos humanos solicitan al Senado que rechace el pliego de Santiago Ulpiano Martínez, enviado por el Poder Ejecutivo Nacional para designarlo como fiscal federal de Bahía Blanca. Se trata del principal operador judicial local a favor de la impunidad de represores y partícipes civiles del terrorismo de Estado de los últimos años.

Como juez federal subrogante, Ulpiano Martínez se caracterizó por obstaculizar la instrucción de las investigaciones y rechazar pedidos de indagatorias de ex funcionarios judiciales, ex capellanes y empresarios como Vicente Massot, ex dueño del diario La Nueva Provincia.

En conversación con Canal Abierto, Eduardo Hidalgo, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) bahiense, asegura que es “indudablemente que es un pago por los buenos servicios prestados”, y agrega que “no hay que olvidarse que algún sector de la Iglesia está detrás de eso, ya que la causa Garlatti (el arzobispo Guillermo José, que se negó a aportar en tiempo y forma documentación para apresar al fallecido capellán militar Aldo Vara) estaba para ser considerado responsable logra su impunidad”.

La APDH, junto a las filiales locales de HIJOS, Red por la Identidad, organismos nacionales como Abuelas, Madres Línea Fundadora y el CELS, reclamaron al Senado “que no convalide con su acuerdo a un funcionario que promovió la impunidad” y advierten que su nombramiento significaría “un claro retroceso en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia”.

Hidalgo destaca que la relación con las causas en las que Martínez estuvo involucrado con la familia del jefe del bloque de Cambiemos en la Cámara baja, Nicolás Massot, sería una de las motivaciones de la Casa rosada para impulsar el pliego: “sin ninguna duda creemos que sectores que están detrás de esto como el propio Massot y su representante en la Cámara de Diputados, su sobrino, también tiene un peso, y creemos que en función de eso hay una indudable intensión del Gobierno que juega al camino de la impunidad para todo lo que tenga que ver con lesa humanidad”

Como juez federal subrogante, Martínez se caracterizó por obstaculizar investigaciones por crímenes de lesa humanidad. Desde junio de 2012, cuando la Cámara Federal de Bahía Blanca designó al secretario como subrogante en el Juzgado Federal 1, Martínez “incurrió en graves irregularidades en relación a la investigación de crímenes de lesa humanidad, intentando procurar la impunidad de sus responsables”, alertaron los organismos. Como primer antecedente mencionan el rechazo sistemático a los pedidos de indagatoria a ex represores del Ejército formulados por el Ministerio Público Fiscal. “Pese a que la Cámara Federal le ordenaba llevar adelante las indagatorias, Martínez continuaba en su negativa violando así la ley procesal. En muchos casos debió inhibirse de continuar investigando por su conocida relación de cercanía con los imputados”, remarcan.

“Es indudable que es la política de quien gobierna y lo vivimos en el día a día, porque ellos no esconden nada y acá los medios como La Nueva Provincia y la Brújula 24, les garantizan protección”, asegura Hidalgo.

Sobre la causa Massot, los organismos de derechos humanos remarcaron que Martínez “demoró el llamado a indagatoria de Vicente Massot, entonces propietario del diario La Nueva Provincia”. El Tribunal Oral Federal había ordenado que se investigara su responsabilidad en los asesinatos de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola. Los fiscales pidieron a Martínez que citara a indagatoria al empresario pero igual que con el sacerdote Vara chocaron con su negativa. Cuando la Cámara Federal revirtió esa resolución, se inhibió de seguir actuando en la causa.

Hidalgo recuerda que los organismos imputaron el nombramiento en el Consejo de la Magistratura. «Fuimos el día que lo citaron a declarar e hicieron una exposición llena de verdades a medias o mentiras verdaderamente escandalosa -narra-. Finalmente, votó a favor del desplazamiento de Ulpiano Martínez, pero se presenta a un concurso, habilitado por el Consejo en su nueva composición con funcionarios del gobierno de Macri, lo supera, nosotros volvemos a hacer una presentación, el organismo no atendió el planteo de los organismos locales, hasta que llegamos a esta instancia a fin de ser considerado para fiscal, a pesar de que el intento inicial del concurso era para integrar la Cámara de Apelaciones, pero se ve que quienes están detrás políticamente de esta designación se dieron cuenta de que era muy alevoso llevarlo a la Cámara Federal”.

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