Redacción Canal Abierto | La causa que mantiene en vilo al país desde comienzos del mes y acumula cada día nuevos ribetes, ya es nombrada por la prensa con el Lava Jato o el Mani Pulite argentino. Algunos, incluso, atribuyen la estampida del riesgo país y la corrida cambiaria con las consecuencias en los mercados financieros de la citación y encarcelamiento de altos empresarios de las corporaciones más importantes de la Argentina. Algunas -incluso- pagan el escándalo con un derrumbe de acciones en las bolsas del mundo.

A continuación, las claves para entender lo que se sabe y lo que no en este caso que cada día suma complejidades:

  • ¿De quién son los cuadernos? Los ocho cuadernos Gloria son propiedad de Oscar Centeno, remisero de Roberto Baratta, segundo de Julio De Vido frente al Ministerio de Planificación. Cumplió este rol desde la presidencia de Néstor Kirchner y por mas de una década. Aquellos que trabajaron con él recuerdan que anotaba todo puntillosamente, y que “lo raro era verlo sin el cuaderno”. Durante diez años –con una interrupción de tres años luego de la muerte de Kirchner-, registró en esas páginas el traslado constante de bolsos con dinero que serían supuestos sobornos vinculados a las empresas concesionarias de obras públicas. Habría detallados más de 30 lugares en los que se recogieron estos bolsos, aunque nada dicen sobre el destino del dinero.
  • ¿Dónde están los cuadernos? Los originales, hasta el momento, no aparecen, y según declaró Centeno ante la Justicia, no lo harán porque él mismo los quemó “en la parrilla del fondo” de su casa durante “los primeros meses del año”. Según sostuvo, lo hizo porque las anotaciones “le estaban trayendo muchos problemas”. También admitió que los cuadernos eran suyos, que él los escribió y confirmó lo que decía en ellos. Luego de esta ampliación de su indagatoria ante el juez Claudio Bonadio, el remisero fue excarcelado y declarado imputado colaborador. Cuando el fiscal Carlos Stornelli le volvió a preguntar sobre los cuadernos, dijo no recordar dónde están si los quemó con otras pertenencias.
  • ¿Cómo llegaron a manos de la Justicia? La investigación original es en torno a una causa en la que se investigan supuestos sobreprecios en la compra de Gas Natural Licuado, que está a cargo de Bonadío y de Stornelli, por la que estuvieron detenidos el propio De Vido (que sigue preso por otras causas) y Baratta. Mientras se discutía el embargo de los bienes de este último, se presentó la ex pareja del chofer, Hilda María Horovitz, quien dio cuenta de lo que Centeno había presenciado durante esos años. También dijo que en la casa familiar de Baratta había una bóveda, aunque ésta fue allanada el verano pasado y no se encontró nada. En paralelo, Centeno denunció a Horovitz por extorsión y presentó mensajes donde ésta le pedía dinero a cambio de no denunciar hechos que lo comprometían.

Los cuadernos (en rigor, las fotocopias de ellos) aparecieron tiempo después, en abril de este año, y fueron aportados a la causa por un periodista del diario La Nación, Diego Cabot. A él se los entregó Jorge Bacigalupo, ex compañero de Centeno en una remisería. Bacigalupo los tenía luego de que el chofer de Baratta llegara a su casa con una caja para que se la guardase. Bacigalupo decidió entregar la caja a Cabot recién cuando tomó trascendencia la denuncia de Horovitz y Centeno se negó a presentarse ante la Justicia. Dijo haberlos visto por primera vez cuando el periodista abrió la caja en su presencia. Cuando Baratta quedó en libertad, Centeno le pidió los cuadernos de vuelta.

  • ¿Quiénes fueron detenidos? Como consecuencia, la Justicia detuvo el 1 de agosto al propio Centeno (luego liberado); a Baratta; a su secretario, Nelson Lazarte; Enrique Llorens, ex secretario legal del Ministerio de Planificación; Walter Fagyas, el ex presidente de Enarsa; Hugo Martín Larraburu, ex secretario en la Jefatura de Gabinete; y los empresarios Javier Sánchez Caballero, ex gerente general de Iecsa (cuando su titular era Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri); Gerardo Ferreyra y Jorge Neira, de Electroingeniería; Carlos Mundin, de la empresa de ingeniería BTU; Armando Losón, de Albanesi Constructora; y Claudio Glazman, de Sociedad Latinoamericana Inversiones. Al día siguiente se entregaron Carlos Wagner (luego liberado), de la empresa Esuco y ex titular de la Cámara de la Construcción, y Hernán Gómez, ex asesor del Ministerio de Planificación. Un día después se entregaron el empresario Juan Carlos Goycochea, de Isolux Corsán, y Fabián Enrique García, ex director de Promoción de Energías Renovables y fue detenido Francisco Valenti, de Pescarmona. Recientemente se entregó el ex funcionario de Planificación, Claudio Uberti. Oscar Thomas, ex director de Yacyretá, continúa prófugo.
  • ¿Qué declaraciones dispararon los cuadernos? Además de las detenciones, Bonadío citó a indagatoria a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al ex secretario presidencial Oscar Parrilli, al ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, y al ex juez Norberto Oyarbide, entre otros. En todos los casos, para establecer el nivel de vinculación y conocimiento de cada uno de ellos en el entramado de esta supuesta cadena de corrupción. Abal Medina fue el primero en reconocer, en su declaración, haber recibido dinero durante la campaña electoral de 2013 aunque sostuvo que siempre entendió que se trataba de “aportes voluntarios de privados” nunca «exigidos bajo coerción». Su testimonio coincidió con los de Goycochea y Calcaterra. Luis Betnaza, hombre clave del Grupo Techint e imputado en la causa, señaló a tres ex funcionarios del Ministerio de Planificación que le pidieron dinero para interceder ante Hugo Chávez por 200 trabajadores de empresas del grupo en Venezuela que atravesaban una contexto difícil durante el proceso de nacionalización de SIDOR. También ratificó escritos de Centeno en los cuadernos.

Pero el testimonio vital lo aportó Wagner, que luego de negociar con Stornelli para convertirse en un nuevo arrepentido –lo que le valió su excarcelación-, afirmó que De Vido le había pedido que garantizase el éxito de las licitaciones que se convocasen “porque la obra pública iba a ser uno de los métodos de recaudación de dinero para los gastos políticos”. Detalló cómo las empresas se repartían las obras públicas (nombró a Perales Aguiar, Vial Agro, Biancalani, Losi, Fontana Micastro, Marcalba, Iecsa, Chediack, Equimac, Coarco, Cartellone y Vialco, y se comprometió a incluir las que fuera recordando), denunció una suerte de cartelización del sector, y afirmó que el anticipo financiero de entre el 10 y 20% del total de la obra funcionaba “a modo de retorno”.

Las declaraciones todavía no terminaron, y los próximos serán Aldo Roggio, el dueño de la constructora que lleva su nombre y de Metrovías, quien debe homologar el acuerdo como arrepentido y Juan José Chediack, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción.

  • ¿Qué es el fórum shopping? La ex presidenta acusó a la Justicia de “fórum shopping”, que de traduciría en algo así como «juzgado por conveniencia». Es decir que las causas en lugar de caer en el juzgado que el sorteo designe, caen sospechosamente en aquel que ya tiene un posicionamiento –favorable o lo contrario- en relación a los imputados. Amparada en que de las seis causas donde se la involucra “cinco fueron iniciadas o impulsadas por Bonadío”, CFK lo recusó. Como la de ella, otras defensas plantean nulidades del juicio porque la causa se autogeneró en la fiscalía de Stornelli y el juzgado de Bonadío en lugar de sortearse un nuevo juez como establece la ley.
  • ¿Cuáles son las dudas alrededor de la investigación? La primera es acerca de la prolijidad y minuciosidad con la que Centeno documentó sus diez años de servicio. Más allá de lo insólito de que una persona llevase un diario de su cotidianeidad laboral, es llamativo que el escrito no contiene errores de ortografía y maneja perfectamente la puntuación. La imposibilidad de cotejar la legitimidad de los cuadernos se suma a las inconsistencias, ya que la ausencia de los originales impide los peritajes que comprobarían que fueron escritos en las fechas que Centeno declara y que se trata de su letra, entre otras certezas. Sus declaraciones confusas, además, no dejan claro si los originales fueron incinerados o no. Por otro lado, el chofer, sorpresivamente, decidió revocar la designación de su abogado, Norberto Frontini, antes de declarar; y prefirió un defensor oficial (Gustavo Kollman). Su ex pareja también había dado cuenta de una bóveda en casa de Baratta que no estaba allí.

En lo que refiere a la causa, la evidencia primera no arrojó datos concretos, como dónde estuvo el dinero y a dónde se dirigía. Sin embargo el juzgado emitió órdenes de captura –sin sustento, para muchos juristas- y allanamientos que sí funcionaron como método de presión para obtener testimonios que van engrosando la causa bajo la figura de imputados colaboradores. Pero para que esos arrepentidos se sostengan como tales y puedan aspirar a penas menores, sus dichos se deben corroborar con hechos y elementos de prueba concretos que, por ahora, no fueron aportados. Muchas de las declaraciones, además, se contradicen entre sí.

Diego Cabot, por su parte, el periodista de La Nación que llevó los cuadernos a la Justicia, es un reconocido militante de la Alianza Cambiemos en Santa Rosa, La Pampa, donde ha dado numerosas charlas con dirigentes de ese espacio. Los cuadernos están en su poder desde hace meses y resulta interesante que tanto el diario como la Justicia hayan archivado la información hasta ahora, y sea dada a conocer en coincidencia con el desplome en las encuestas de la imagen del Gobierno luego de que se descubriera que usó aportantes truchos para justificar el dinero de la campaña 2017.

Por último, están los antecedentes de Bonadío. Se trata de uno de los jueces que integraban la famosa servilleta del funcionario menemista Carlos Corach como aquellos que “jugaban a favor del Gobierno”. Muchos de ellos fueron apartados de sus cargos, pero Bonadío resistió. También esquivó las consecuencias de las denuncias de la Oficina Anticorrupción en su contra por «incumplimiento de deberes, prevaricato y tráfico de influencias» luego de sobreseer a varios funcionarios del menemismo, entre ellos el ex interventor de PAMI Víctor Alderete. Luego fue apartado de la causa por encubrimiento en el atentado a la AMIA por cajonearla durante cinco años y acumula seis causas en su contra dentro del Consejo de la Magistratura. La más resonante es por defraudación del Estado en la privatización de la empresa Tandanor.

Su antipatía por la cúpula kirchnerista es conocida y no son pocos los que se preguntan acerca del listado selectivo de detenidos que levanta suspicacias ya que deja afuera a aquellos empresarios más cercanos a la gestión actual.

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