Por Alejandro Asís | “La fórmula no se puede medir por lo que pase en un año, pero estamos seguros (de) que en 2018 los jubilados van a cobrar entre cuatro y seis por ciento más que la inflación”. Así se expresaba el presidente Mauricio Macri a su paso por el programa Animales Sueltos, unos días después de que tuviera aprobación la Ley de Reforma Previsional, en diciembre del 2017.

A menos de dos meses para el fin de 2018, la palabra presidencial, como sucede en cada ocasión, está cargada de mentiras, que se reafirmarán en el próximo diciembre cuando se confirme que los jubilados perdieron más de 20 puntos de su ingreso durante este año.

A criterio de los especialistas en previsión, si se hubiera utilizado la vieja fórmula el aumento salarial de los jubilados nos habría arrojado una mejora del 14,5% en marzo y del 15,1% en septiembre, para totalizar un 29,6% en los nueve primeros meses del año. En cambio, por el nuevo esquema hubo a la fecha una mejora del 5,71% en marzo, 5,69% en junio y 6,68% en septiembre, que da como registro 19,19% de aumento nominal para el sector, de manera que cumplida las ¾ partes del año los jubilados llevan perdiendo más de 10%.

Para acrecentar aún más la crisis de nuestros jubilados, se viene cierre de año a pura pérdida del poder adquisitivo. Esto es porque el coeficiente que se utiliza para calcular los aumentos toma la inflación de los 6 meses previos, de este modo este cálculo proyecta ya una suba salarial del 7,78%;  pero este porcentual quedará absolutamente desactualizado porque ya se sabe que en septiembre la inflación se espiralizó un 6,5%, y cuando falta aún medir octubre y noviembre ya se vaticina que este trimestre puede rondar el 15%: o sea duplicar el aumento establecido por la ley. Así la pérdida del año se acercaría 17 puntos.

Pero eso no es todo, a este oscuro panorama hay que sumar los otros cinco puntos perdidos a finales de 2017, cuando se impuso el nuevo esquema de pago de la jubilación y se comió de la cuenta el último trimestre de ese año.

Como ya pasara con el famoso “segundo semestre” aquí también la impericia/malicia del gobierno de Mauricio Macri se carga a un amplio sector de la sociedad argentina, en este caso una parte sensible de la misma como son los jubilados.

La crisis medida en pesos no se detiene: El último aumento salarial impuso una jubilación mínima de 8.637 pesos mientras que las necesidades básicas habían marcado (registro de agosto) 21.127 pesos mensuales.

Se puede decir que el año para las trabajadoras y los trabajadores jubilados concluirá con una abrupta contracción salarial y no entrará en el bolsillo ninguno de esos 6 puntos de más que con tanta liviandad (como es su costumbre en cada tema) pronosticó el presidente.También porque habrá que esperar en qué momento se detiene la espiral inflacionaria porque el temor actual no es que llegue al temido 42%, sino que nuevas correcciones corran el techo a entre el 48% y el 50%.

Ciertamente, los hechos avalan la presentación judicial hecha por ATE a fines del año pasado, cuando fundamentaba: “en la ley 27.426 no encontramos una sola disposición que tenga por finalidad mejorar las condiciones de vida de los trabajadores alcanzados por la norma legal” e iba más allá señalando que la llamada “reforma previsional”, junto con la tributaria, “vulnera los derechos del conjunto de los trabajadores activos y pasivos, desfinancia el sistema de seguridad social y transfiere recursos en forma discrecional y arbitraria, en favor del Estado y de los privados”.

 

Otros factores que agigantan el temor

Ello podría no ser todo en el padecer de los jubilados. La recesión clara y profunda que hay, y lo dicho creciendo en intensidad hasta al menos el mes de junio del año próximo, podría agigantar la ya insuficiente capacidad de generar ingresos en la Seguridad Social. Muchas empresas podrían no subsistir a esta crisis, con cierres masivos o golpear al mercado laboral con nuevos y crecientes despidos, con lo cual el sistema recaudatorio sentirá un nuevo cimbronazo.

En principio el gobierno cubriría este bache (tal como acordó con el FMI) con el desmantelamiento del Fondo de Garantías de Sustentabilidad del ANSES. Este compuesto de títulos públicos, acciones de empresas y tenencias de plazos fijos, entre otros, ingresaría en oferta (malvendidas) al mercado cuyos primeros beneficiarios no serán otras que las grandes empresas, nacionales y transnacionales, amigas del presidente Mauricio Macri.

Entonces, retomando la presentación judicial de ATE, puede decirse que “la nueva ley es una norma de exclusivo contenido fiscalista, sancionada con un único objeto: generar un fuerte ahorro fiscal». Y por ello cerraba, subrayando aquel amparo gremial, a propósito de los objetivos finales del Gobierno: “estamos en presencia de una política de destrucción de derechos y de asistencialización de los sistemas de seguridad social contrapuesta a la Constitución Nacional, que reconoce a los trabajadores el derecho a percibir una jubilación digna que garantice, a lo largo del tiempo, su nivel de vida, generalizando un régimen universal de movilidad vinculado al 82% del salario en actividad”.

En teoría el 2019, con recesión y ajuste mediante, la inflación debería mostrar una sustancial baja, de modo que cuando se utilice el coeficiente de actualización, por la inflación perecedera, en la segunda parte del próximo año el salario de los jubilados debería registrar una suba real: claro está, ello sucederá siempre y cuando la bicicleta financiera y la fuga de capitales que impulsan los amigos del gobierno no genere una nueva crisis.

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