Redacción Canal Abierto | La madrugada del 14 de octubre de 2002 Cristian Pérez fue detenido en la Comisaría décima de City Bell. De acuerdo a los registros de la causa, había llegado a la dependencia policial a las 4 de la madrugada, conducido por un grupo de jóvenes que pretendían “lincharlo”, ya que horas antes había atropellado de manera culposa con su auto al hermano de un policía de esa seccional. Horas más tarde, estaba muerto.

Tuvieron que pasar dieciséis años, desfilar cuatro fiscales distintos y recibir el Estado argentino una denuncia por inacción ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que el crimen de “El Rusito”, como le decían, llegue por fin a juicio. Siete policías enfrentarán cargos por homicidio agravado y encubrimiento, en un episodio todavía incierto por la manipulación conjunta de la policía y algunos operadores judiciales.

El juicio que comenzó hoy en los tribunales de la Plata se extenderá aproximadamente un mes.

 

El caso

Aparentemente a las 5:50 de esa misma madrugada, Cristian fue trasladado al asiento del Cuerpo Médico y examinado por un médico. Allí se labró un acta dejando constancia de que poseía lesiones calificadas como “leves”. Esa acta no posee la firma de Cristian, mientras que el acta de extracción sanguínea, que se realizó de manera conjunta con el examen médico, lleva una firma de él que según pericias resultó ser falsa. Luego de ese presunto examen, fue conducido nuevamente a la dependencia policial. Allí fue interpelado por el policía que era hermano del atropellado.

A las 6:20 del 14 de octubre, Cristian se habría retirado de la Comisaría firmando antes otra acta cuya firma también se corroboró como falsa. A las 8:10, su cuerpo fue arrollado en las vías del ferrocarril. El maquinista manifestó que desde la cabina del tren observó que yacía inmóvil sobre las vías y que no pudo evitar arrollarlo. No obstante la declaración, el personal policial -que en apariencia llegó al lugar luego de ser anoticiado por un llamado telefónico-, sin ningún otro elemento calificó la causa como “suicidio”. Los padres de la víctima fueron informados por la Policía aún sin haber corrido la locomotora del lugar, sin la presencia de los peritos necesarios ni la debida identificación del cuerpo.

«El tiempo no fue en vano»

El personal policial desde el principio calificó los hechos como “suicidio” y el fiscal interviniente en ese entonces, Leandro Heredia, convalidó la versión policial, delegando en los uniformados las primeras medidas de prueba que fueron practicadas en la causa.

La autopsia se realizó en la Morgue Policial, donde el médico concluyó que todas las lesiones vitales que poseía el cuerpo de Cristian habían sido provocadas por la astricción ferroviaria. El testimonio de otro médico legista -que discrepaba con la versión policial-, no fue agregado al expediente. Sus ropas y pertenencias desaparecieron. Durante el período de instrucción se perdieron las muestras de ADN de pelos hallados entre sus dedos y el libro de guardias de la comisaría fue ocultado durante siete años. La falsedad de las firmas de Cristian fue comprobada en 2003, sin embargo todos estos elementos de prueba -sumados a los dichos del maquinista y el médico legista- no fueron considerados relevantes por el fiscal.

Frente a la desidia judicial, al cumplirse once años del asesinato de Cristian Pérez, el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) realizó una presentación ante la CIDH donde denunció la inacción del Estado argentino en la investigación y sanción de los responsables de la muerte del joven. Luego de que la causa fuera asumida por un nuevo fiscal, Marcelo Martini, y en base a nuevas presentaciones de este organismo y del testimonio de una persona con identidad reservada, se dispuso la detención e indagación de cuatro policías por el delito de homicidio agravado por alevosía. El juicio que comenzó hoy intentará derribar la marcada complicidad en la investigación preliminar y la desidia judicial.

La abogada de CIAJ, Sofía Caravelos, explica: “se supone que Cristian no pudo salir de la comisaría. Fue golpeado salvajemente, de tal manera que quedo inconsciente y así fue puesto en las vías para garantizar que perdiera la vida con el paso del tren”. Y agrega: “Esperamos tener un debate pleno, el que se le debe garantizar a las víctimas de violencia institucional. Que podamos acercamos a la verdad de los sucedido y que se castigue a los responsables para que esa sentencia sirva de instrumento de política pública, sobre el verdadero rol que tiene el Poder Judicial para con la policía”.

“El tiempo no fue en vano porque hoy podemos entender la dimensión de esas acciones que tuvieron los fiscales con el accionar mafioso de la policía: el fiscal Heredia fue separado de su cargo por al menos 50 irregularidades en su desempeño; el fiscal Morán, que fue el segundo, se encuentra detenido por el delito de encubrimiento en una red compleja que aseguraba impunidad a jerarquías policiales y entramados delictivos; César Melazzo actuó como juez de Garantías y también se encuentra detenido por encubrimiento”, amplia la abogada querellante.

El CIAJ tomó la causa cuando ya habían pasado muchos años y dos fiscales «que garantizaron la perdida de la prueba más valiosa que es la que se recolecta al inicio de una investigación», advierte Caravelos.

El juicio estará a cargo del Tribunal Oral y Criminal II, integrado por los jueces Claudio Bernard, Liliana Torrisi y Silvia Hoerr.

 

Las 13 irregularidades

La investigación no sólo fue lenta. Cuando se produjo el presunto asesinato de Cristian se puso en marcha la “rutina del encubrimiento”, con innumerables irregularidades en la pesquisa y la teoría del suicidio, avalada durante muchos años por el Poder Judicial, que impidió que hoy se sepa toda la verdad de lo sucedido. El CIAJ denuncia las siguientes irregularidades.

  1. El acta de extracción sanguínea -que se hace en el Cuerpo Médico policial en simultáneo a la de la revisación física- tenía una firma de Cristian que la pericia caligráfica estableció que era falsa.
  2. De regreso desde el Cuerpo Médico a la Comisaría 10, el patrullero, que tenía equipo de localización satelital, hizo un camino más largo que a la ida. La hipótesis más fuerte es que pudo ir a ver a un testigo.
  3. A las 6:20, el asiento del Libro de Guardias de la seccional consigna que Cristian fue dejado en libertad. También se comprobó a falsedad de ese asiento.
  4. Una hora después de “encontrar” a Cristian muerto sobre las vías, cuando las pericias no se habían realizado, los policías de la comisaría donde se lo vio con vida por última vez ya habían caratulado el informe preliminar como “suicidio”.
  5. Los padres del “Rusito” fueron informados de la muerte cuando todavía no se había identificado debidamente el cuerpo. ¿Cómo identificaron un cadáver que estaba casi irreconocible por el golpe del tren?
  6. El primer fiscal del caso, Leandro Heredia (hoy destituido por un jury en su contra), encomendó al personal policial de la Comisaría 10 las primeras medidas de prueba. Los cuatro primeros días (los más importantes), la investigación de la muerte estuvo a cargo de los policías sospechados de su asesinato. El 18 de octubre pasó a la DDI de La Plata, a pesar de que la resolución 1390 dictada por el Procurador establecía que en los casos donde había involucrado personal policial debía apartarse a esa fuerza de la pesquisa.
  7. La autopsia de la policía no hizo ninguna distinción entre las graves lesiones que tenía el cuerpo de Cristian y aquellas provocadas por la astricción ferroviaria. El testimonio de otro médico legista que estuvo en la autopsia y discrepaba con esa versión no fue incorporado al expediente hasta mucho más tarde.
  8. Las ropas y pertenencias de Cristian desaparecieron.
  9. Se “extraviaron” las muestras de ADN de pelos hallados entre los dedos de Cristian.
  10. Durante siete años, el Libro de Guardias de la comisaría fue ocultado deliberadamente.
  11. Cuando el fiscal Martini pidió la detención de cuatro de los efectivos por el homicidio de Cristian, el juez de Garantías Melazzo (hoy preso) hizo lugar al pedido, pero inexplicablemente rechazó la detención de David Koenig, el policía de mayor rango, por lo cual afrontará el debate oral como subcomisario de la Comisaría Primera.
  12. Uno de los principales testimonios que avala la hipótesis del suicidio es un tornillero (ajustaba los tornillos de las vías) que dice haber visto a Cristian muy afligido por la zona en la que apareció muerto un rato después. El tornillero fue imputado por falso testimonio durante la instrucción y quedó sobreseído porque el delito prescribió. Es decir, tan solo por el paso del tiempo.

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