Por Violeta Moraga / Colectivo Al Margen | El proyecto que modifica la Ley de Semillas y será tratado el 21 de noviembre en Diputados apunta directamente a la eliminación del derecho de uso propio de los productores sobre las semillas y avanzaría con todo el proceso de patentamiento de las mismas a favor de las grandes multinacionales como Bayer-Monsanto, Syngenta-Chemchina, Corteva (DowDuPont) y Basfentre otras.

“Las consecuencias concretas de este proyecto de ley son que, al eliminar el uso propio de las semillas, se avanza sobre la libertad de producir, circular, crear, y eso tiene un impacto directo en la diversidad de la producción”, explica Cala Poth, investigadora del Conicet y referente de la Multisectorial contra la Ley Monsanto de semillas.

Y señala: “Patentando y permitiendo a las empresas controlar estas semillas, éstas son ahora las que van a disponer cuáles son las semillas que quieren que sean comercializadas. Fundamentalmente, el proyecto pone en jaque la soberanía alimentaria y lo que se está queriendo definir es qué tipo de alimento vamos a comer, algo que quedará en manos de muy pocas empresas. Esa es la consecuencia inmediata: el control de la alimentación”.

Se intenta así, avanzar una vez más con una reforma que no ha sido debatida ni consensuada en ningún espacio más que el de las grandes corporaciones en conveniencia con el poder político. “Quieren presentar este dictamen al Congreso para que pase por Diputados y Senadores prontamente. No es un dato menor que el 30 de noviembre se realiza el G20 y de alguna manera esta reforma exprés tiene que ver con mostrar un marco jurídico seguro para las grandes empresas semilleras que están poniendo esta condición para presentar sus inversiones”, dice Poth a metros del Congreso donde un conjunto amplio de organizaciones campesinas, de la agricultora familiar, de pueblos originarios, políticas, sociales y socioambientales; y organismos de derechos humanos convocaron este martes para denunciar la situación.

“Que se modifique esta ley implica dinamitar lo que se viene haciendo desde las comunidades campesinas, indígenas, de la agricultura familiar, los intercambios de semillas propias. Sería como atentar contra esas prácticas culturales y disponer de los recursos genéticos para la mercantilización de las semillas -agrega Deolinda Carrizo, representante continental de la CLOC-Vía Campesina-. Ellos dicen que tienen una síntesis de todas las intervenciones que ha habido en este tiempo sobre la modificación de la actual Ley de Semillas, pero lo cierto es que no tenemos el contenido de ese borrador. Presumimos que al no estar visible ni consulto es porque ahí se guarda información que afecta al pueblo en su conjunto y favorece a las trasnacionales. Esta ley pone en riesgo el uso propio de la semilla, que  venimos haciendo en el marco de la ley actual”.

Por su parte, Fabiana Goye, productora de Colonia Suiza y presidente de la Feria Franca del Nahuel Huapi, señala la gravedad de las implicancias de esta avanzada: “es tremendo que se patenten las semillas, los productores de la agricultura familiar somos quienes protegemos, conservamos, reproducimos las semillas nativas y criollas. Con toda su diversidad. El patentamiento prohíbe tener esa diversidad en su inmensa variedad. Además, no vamos a poder reproducir nuestras propias semillas, perdemos la soberanía alimentaria sobre las semillas nativas y también el poder crecer. Porque una de las propuestas dice que se van a poder conservar semillas mientras no pasen cierta producción”, enumera.

A la descripción de Goye se suma el conflicto con las modificaciones genéticas: con la polinización, esos genes van a pasar a otras semillas y las van a modificar. Y a la larga, cada vez que agricultores y agricultoras utilicen una semilla sujeta a derechos de obtentor aun sin saberlo, deberán pagar regalías.

Éste no es primer intento de modificar la ley argentina en el sentido que plantean las empresas y es parte de una ofensiva mundial para poner bajo control corporativo las semillas, que están en la base de todas las cadenas agroalimentarias. Como señalan diversas organizaciones, desde 2012 y hasta ahora en nuestro país las contradicciones entre los actores y la resistencia de las organizaciones los han hecho fracasar, pero estamos ante un nuevo embate que amenaza con dar un paso trascendental.

Goye recuerda que hace cuatro años también se dio la discusión pero se pudo traccionar desde diversos espacios. “En este tiempo participábamos de la REAF (Reunión Especializada de la Agricultura Familiar del Mercosur) y desde allí pudimos detener la modificación de la ley, pero ahora estamos muy complicados», advierte.

Y es que el proyecto avanza, entre otros puntos, en la criminalización de las semillas nativas y criollas impidiendo el libre intercambio entre productores y productoras familiares.

Lo cierto es que el contenido del texto que llega al Congreso jamás estuvo en debate público ni fue puesto a consideración en las audiencias que se realizaron en el último tiempo en la comisión. Es por esto que diversos espacios denuncian esta maniobra como fruto de la negociación a puertas cerradas de un puñado de corporaciones del agronegocio, excluyendo a la enorme mayoría de los actores involucrados y a ciudadanos y ciudadanas en general. A puertas cerradas, pretenden desconocer que las semillas que hoy alimentan a la humanidad y que comercializan las grandes corporaciones son fruto del trabajo colectivo de los pueblos durante más de 10.000 años. Si este arrebato prospera, será una de las heridas más grandes del capitalismo.

 

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