Redacción Canal Abierto | Las elecciones y golpes parlamentarios que colocaron en los gobiernos de los países latinoamericanos a presidentes de corte neoliberal han significado graves retrocesos en materia social y crisis económicas que golpean primero y más fuerte a los sectores más desprotegidos.

Algunos ejemplos son claros, como Brasil y Argentina, y otros más contradictorios, como Chile, en donde un contexto de extranjerización comercial y territorial con un jefe de Estado conservador y una política de represión brutal a las protestas y a las minorías contrastan con una economía estabilizada y un índice de pobreza decreciente. Bolivia y Uruguay, por otro lado, mantienen desde hace años gobiernos de corte popular con marcada orientación hacia las políticas de inclusión.

Sin embargo, en todos los casos -los primeros, los segundos y otros-, existen focos de pobreza enraizados en la sociedad que no han sido alcanzados por la contención del Estado, que persisten en la historia reciente de todos los países latinoamericanos y engordan con la llegada de los Bolsonaros y los Macris.

Si bien las realidades son diferentes y los matices merecen análisis particulares, se advierte que el porcentaje de pobreza y exclusión que el sistema capitalista precisa e impulsa para mantener a su favor la tensión entre ocupados y desocupados, entre empresarios y sindicatos, entre el control del Estado y las organizaciones sociales, se verifica en todas las naciones.

Durante el Primer Encuentro Regional de Trabajadores de Institutos Oficiales de Estadísticas -que se realizó el pasado miércoles en la Asociación Trabajadores del Estado-, referentes gremiales de los organismos que realizan las mediciones en los países vecinos dieron cuenta de los lazos comunicantes y las diferencias que se mantienen en el tiempo.

El caso de Brasil es uno de los más preocupantes, por el altísimo perfil reaccionario de su nuevo presidente, por la crisis decadente institucional que lo depositó en el Palacio de Planalto y por las dimensiones de su peso en la región. En representación del Consejo Político del Sindicato de trabajadores del Instituto, la economista Ana Magni cuenta: “Los indicadores dicen que hay un decrecimiento de la pobreza hasta cerca de 2014, pero después empiezan a crecer sobre todo los indicadores de pobreza extrema o absoluta. La visión del sindicato es que eso tiene que ver directamente con las políticas de gobierno, que empiezan a cambiar en 2014 y se profundizan en 2015. Y eso se refleja principalmente en el mercado de trabajo y en las familias, en tanto la reducción de presupuestos para políticas sociales”.

 “No tenemos buenas expectativas porque terminamos de salir de elecciones que han instalado a un gobierno muy conservador que ha dicho con todas las letras que las políticas sociales no son la prioridad, sino todo lo contrario. Ha dicho que la prioridad es destruir al Estado como proveedor social e incluso destruir los servicios públicos, que ya son muy insuficientes por la gran población de Brasil, pero las condiciones tienden a empeorar”, advierte la referente brasilera.

En Chile, la pobreza medida por ingresos cayó al 8,6% en 2017, una disminución de 3,1 puntos porcentuales respecto de la última medición de 2015 (11,7%), lo que lo coloca en uno de los registros más bajos de América Latina. Estos números representan que en los últimos dos años más de medio millón de personas mejoró su situación. Sin embargo, aun con tendencia a la baja, 1.528.284 chilenos se encuentran aún en situación de pobreza, y 412.838 de ellos en «extrema pobreza».

Blanca Salazar, presidenta de la Asociación funcionarios del INE del país gobernado por segunda vez por el empresario Sebastián Piñera, explica: “La pobreza en Chile se ha ido superando porque se ha ido consiguiendo mejor calidad de vida a partir de mejores sueldos. Chile está pasando por una economía estable. Sin embargo, estamos pidiendo un reajuste del 8% y seguimos en estado de alerta para que la inflación no supere nuestro sueldo. No vamos a permitir que los trabajadores sean la variable del ajuste”.

En Paraguay, donde el 15 de agosto de este año asumió la presidencia el empresario Mario Abdo Benítez en representación del Partido Colorado -el mismo del dictador Alfredo Stroessner-, un reciente estudio publicado por el Centro de Investigación de la Facultad de Ciencias Contables de Asunción reveló que el 40% de la población infantil vive en situación de pobreza y que el 9% se mantiene en la pobreza extrema. La Dirección General de Estadísticas, por su parte, estimó que se sitúan bajo el límite de pobreza y en la extrema 1.949.272 ciudadanos de los 6,7 millones de habitantes, pese al crecimiento económico del 4,1%.

“Según las encuestas disminuyó un poco la pobreza pero no hay conformidad. En el campo mejoró levemente la situación pero en las ciudades los índices se mantienen, y después están los márgenes, de los que viven en la ribera”, relata Gloria González, trabajadora de la Dirección General de Estadísticas Encuestas y Censos de Paraguay.

En tanto en Uruguay, la Encuesta Continua de Hogares arrojó un índice cercano al 9%. «La perspectiva histórica es que, según las mediciones, la pobreza y la indigencia han bajado significativamente en los últimos 15 años, aunque persisten bolsones de pobreza estructural», explican Nicolas Kunich trabajador y ex presidente de la Asociación de Empleados de Estadística y Censos de Uruguay (AsEEC), y Nicolás Sánchez, actual presidente del sindicato.

“Desde la política del Estado uruguaya no se ha logrado avanzar en la eliminación de la pobreza extrema en esos sectores, más allá de que en estas últimas administraciones se crearon mecanismos que apuntaban a ese objetivo, como el Ministerio de Desarrollo Social -lamentan los trabajadores-. Ha habido avances significativos pero no suficientes. Existe una situación de estancamiento”.

 

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