Por Sergio Alvez | Conocida como La Ciudad de las Cataratas, Puerto Iguazú volvió a estar en la agenda mediática nacional hace unos días, cuando se viralizó un bochornoso audio en el que su intendente, Claudio Filippa, pedía “darle bija” a una periodista local.

Desde 2011, las Cataratas del Iguazú son consideradas una de las Siete Maravillas del Mundo, a partir de una votación cibernética organizada por la fundación New 7 Wonder.

En 2017, con el ingreso de 1.425.953 visitantes, se alcanzó el “récord absoluto de turistas” según el Ente Municipal de Turismo de Iguazú. Esto representa una recaudación aproximada de 600 millones de pesos sólo en tickets de entradas. Casi el doble del presupuesto del municipio de Puerto Iguazú. El 93 por ciento de la recaudación se la queda la concesionaria Iguazú Argentina S.A, una Unión Transitoria de Empresas (UTE) que destina, de ese total, 23 puntos porcentuales a Parques Nacionales para explotar el predio. El 7 por ciento restante constituye las migajas que reparten en partes iguales la Provincia y el municipio a través de su ente turístico.

El Parque genera riquezas también a partir de servicios externos no incluidos en las entradas: paseos en lanchas, excursiones por la selva, venta de alimentos y refrigerios. ¿Queda algo de esto para los misioneros? Tampoco. Todo está manejado exclusivamente por capitales privados que amasan fortunas a costas de explotar un recurso natural que es de todos. De estas concesionarias privadas la más importante es Iguazú Jungle Explorer, emprendimiento “de los Arrabal”, familia empresaria local.

¿Quiénes integran la UTE que privatiza el Parque Nacional Iguazú y se queda con sus mayores ganancias? La empresa familiar el ex gobernador de Misiones y actual senador nacional Maurice Closs, y Carlos Enriquez S.A, una empresa que maneja la mayoría de la obra pública en la provincia hace décadas.

El contrato de concesión para la explotación del Parque Nacional Iguazú fue firmado en 2005 y tiene vigencia hasta 2027.

 

Pobreza y exclusión

A pesar de la danza de millones de euros y dólares que año a año surcan Puerto Iguazú, la ciudad está empobrecida y denota una marcada desigualdad social, traducida en miseria y falta de oportunidades.

El modelo turístico, tan promocionado por la provincia, demuestra en la práctica ser muy eficaz para potenciar los negocios de las grandes cadenas hoteleras y el patrimonio de funcionarios asociados a actividades afines, pero evidencia ser un modelo que no modifica en absoluto la matriz de la pobreza estructural que azota no sólo a Iguazú, sino a la provincia entera, situándola entre una de las tres provincias con mayores niveles de pobreza en toda la Argentina.

Según un relevamiento actual de la organización no gubernamental TECHO, un 11,6% de la población de Iguazú vive en asentamientos precarios. El año pasado, la ONG contabilizó en la ciudad más de 1.700 familias que viven en 16 barrios vulnerables. En estos asentamientos, sólo el 20% accede al agua potable y segura.

La Ciudad de las Cataratas es el quinto municipio en la provincia de Misiones –dónde hay 76- con mayor cantidad de asentamientos.

Al contexto de pobreza, se suma la exclusión y el despojo al que son sometidos los Pueblos Originarios que habitan en la comuna, en definitiva, los verdaderos dueños de los recursos naturales que hoy generan negocios multimillonarios.

En abril de este año, cinco comunidades Mbya Guaraní que habitan en la zona conocida como las 600 hectáreas de Puerto Iguazú, denunciaron el avasallamiento de empresarios inmobiliarios sobre sus territorios y reclamaron al gobierno provincial que los proteja de los atropellos e intentos de desalojo.

El cacique de la Comunidad Itá Poty Mirí (Pequeña flor de piedra), Estanislao Acosta, manifestó que su comunidad está integrada por 23 familias, y que tuvo que realizar una presentación patrocinada por el abogado del Frente Ciudadano Ambiental Capuera, ovincial, para que en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública, “clarifiquen acerca del arribo de complejos hoteleros en la zona, ya que según se afirma en un diario porteño, el grupo español Globalia (dueño de agencias de viaje mayoristas y minoristas y de la cadena hotelera Be Live) desembarcaría en Iguazú con dos hoteles propios en la zona selvática de 600 hectáreas, denominada Selva Iryapú, sobre el Río Iguazú y a 15 kilómetros del Parque Nacional, donde ya operan varios hoteles”.

“Nos preocupa la invasión de empresarios inmobiliarios extranjeros. Nosotros no tenemos acceso al agua potable, a la luz eléctrica, ni a otros servicios básicos, mientras el Gobierno es cómplice y negocia con las empresas sin proteger nuestros derechos. Desde hace décadas las empresas y el turismo nos invaden y nos despojan”, denunció otro cacique.

“El Hotel Hilton empezó a desmontar en el año 2006, y arrasó con todo, hicieron lagos artificiales y una cancha de golf. En ese momento hablaron del hoyo 10, y ahora quieren completar 18 hoyos, sin importarles que ese lugar es reserva natural, y cuesta mucho hacer una recuperación. El lugar está contaminado, fue terrible el impacto ambiental, el daño que provocaron con el desmonte para hacer el lago artificial que está dentro de la comunidad. Antes no nos preocupaba contar con perforaciones de agua porque teníamos las vertientes en buenas condiciones, pero ahora están contaminadas por los desagües de los hoteles que finalizan en las vertientes que rodean a las comunidades”, agregó una de las referentes de la comunidad, Andresa Maciel.

En tanto, el bloque del Partido Agrario y Social, a través del diputado provincial Martín Sereno, presentó este año un proyecto solicitando que el Poder Ejecutivo informe sobre «la existencia, términos y alcances de un acuerdo con empresas y/o grupos empresarios privados, para la edificación de nuevos hoteles, dentro de la Reserva Yryapú en Iguazú, también conocida como las 600 hectáreas”.

 

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