Redacción Canal Abierto | En mayo de 2017 la Corte Suprema de declaraba aplicable el beneficio del 2×1 para represores condenados en causas por delitos de lesa humanidad.
Pocos días después, y producto de una fuerte presión popular que incluyó una masiva movilización a Plaza de Mayo, el Congreso de la Nación promulgó la ley 27 362, la cual determina que el cálculo del 2×1 «no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho interno o internacional».
En aquel momento, fiel a su estilo de gobernar mirando las encuestas, el partido del Gobierno leyó el repudio generalizado al fallo de la Corte como una necesidad urgente por salir a despegarse.
“Quiero felicitar al Congreso por la celeridad con la que subsanó el vacío legal que dejó la desafortunada ley del 2×1. Ley de la que siempre estuve en contra porque estoy en contra de cualquier herramienta que facilite la impunidad, más aún cuando esa herramienta se quiere aplicar sobre delitos de lesa humanidad”, arrancaba una conferencia de prensa encabezada por el presidente Mauricio Macri en Mendoza.
Fue tal la indignación que produjo la decisión del Tribunal que, a partir de una presentación realizada por el abogado Marcelo Parrilli, el fiscal Guillermo Marijuán llegó incluso a imputar a Horacio Rosatti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz (los tres nombres que votaron a favor) por el delito de prevaricato.
Ahora, y pese a la intransigente postura de su presidente, la Corte se resarce de un error que pudo ser grave, y da marcha atrás a aquel guiño a favor de la impunidad que la sociedad rechazó de forma masiva en las calles.
¿Quién es Carlos Rosenkrantz?
A pocos día de asumir Cambiemos y habiendo entrado por la ventana de la Corte junto a Horacio Rosatti, con un nombramiento por decreto que –en parte debido a las críticas de la propia Carrió- fue rectificado, Rosenkrantz es un jurista abocado al mundo empresarial.
Fundador y socio principal del estudio jurídico Bouzat, Rosenkrantz & Asociados, que se especializa “en el asesoramiento jurídico de empresas, práctica general y en litigios de alta complejidad”. En la lista de sus principales clientes, tal como informaban en su página web al momento de su designación en el supremo tribunal, destacaban Clarín, La Nación, América TV y Cablevisión. Hoy esa lista no está accesible ya que su página salió de servicio ese mismo diciembre de 2015.
Su estudio no sólo representó a Clarín en el juicio por la ley de medios ante la Corte sino que, además, Rosenkrantz fue fundador de la “Asociación para la Defensa de la Competencia”, una ONG creada desde el estudio con el único propósito de presentar un amparo tendiente a lograr la suspensión de la Resolución 100/10 que declaraba la caducidad de la licencia de Fibertel. En esa ocasión, Clarín logró una vez más evadir la ley y que Fibertel continuara operando como una pieza clave del monopolio mediático que, gracias a su designación, expandió su poder a la mismísima Corte Suprema de la Nación.
Rosenkrantz es experto en litigación constitucional y casos complejos. Una de las especialidades de su estudio es el arbitraje internacional, donde defendió numerosas empresas y fondos de inversión contra el Estado argentino ante el CIADI y la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral, por sus siglas en inglés).
Ante su nombramiento, una de las impugnaciones surgió de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) que por entonces argumentó: “Con la misma lógica con que Macri armó su gabinete, con cada área atendida por sus propios dueños, el ingreso del doctor Rosenkrantz a la Corte sincera el arribo de la CEOcracia a la cabeza del aparato judicial, y promete limitaciones aún mayores a la posibilidad de que un poderoso pierda un juicio, o que un pobre lo gane”.
Por su parte, desde el multimedio que supo tenerlo de abogado, alegan que el nombramiento es una forma de “bajarle el perfil ‘político’ al máximo tribunal y concentrarse en temas puramente judiciales”. Un planteo interesante tratándose de quien, ya juez, avaló el 2 por 1 para condenados por delitos de lesa humanidad.
Lesa humanidad: el 63% de los detenidos, con prisión domiciliaria
Un informe reciente de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal refleja que de 984 imputados con sentencia, 862 fueron condenados y 122 absueltos. Sobre un total de 1004 detenidos, 641 se encuentran con arresto domiciliario.