Redacción Canal Abierto | Fiel a su estilo de gobernar mirando las encuestas, el partido del Gobierno leyó el repudio al fallo de la Corte como una necesidad urgente por salir a despegarse.

“Quiero felicitar al Congreso por la celeridad con la que subsanó el vacío legal que dejó la desafortunada ley del 2×1. Ley de la que siempre estuve en contra porque estoy en contra de cualquier herramienta que facilite la impunidad, más aún cuando esa herramienta se quiere aplicar sobre delitos de lesa humanidad”, arrancó el presidente Mauricio Macri la conferencia de prensa en Mendoza, donde viajó para participar de distintas actividades junto al gobernador Alfredo Cornejo.

Con su declaración -en referencia a la media sanción en Diputados de la ley que limita la aplicación del 2×1 a los genocidas, que finalmente Senadores aprobó por unanimidad-  Cambiemos sumó un nuevo intento de desresponsabilizarse por el fallo de la Corte Suprema que generó un rechazo popular masivo.

Al ver un 88% de la población encuestada “en desacuerdo” o “muy en desacuerdo” con la medida -y la convocatoria a una marcha que se anuncia multitudinaria– el oficialismo anunció en boca de su senador Federico Pinedo que presentaría una ley para limitar la aplicación del beneficio a genocidas.

Fueron siete los proyectos presentados en ese sentido: por Victoria Donda (Libres del Sur), Alicia Ciciliani (Partido Socialista), Pablo Tonelli, Daniel Lipovtezky (Pro), Remo Carlotto y Héctor Recalde (FpV-PJ). Y en un hecho atípico, oficialismo y oposición consensuaron una iniciativa que frenase el alcance del fallo.

Por iniciativa de Donda, la Cámara baja se alejó del temario previsto y debatió los proyectos. Finalmente, cerca de las 23, aprobó casi por unanimidad -211 votos a favor y solo uno en contra, el del diputado Alfredo Olmedo de Somos Salta- el freno a la aplicación de la conmutación de penas para detenidos por crímenes de lesa humanidad. Hoy el Senado lo convirtió en ley.

La escalada negacionista

El papel que jugó Cambiemos durante la discusión en Diputados no fue, sin embargo, el de un bloque abroquelado. Pablo Tonelli justificó la decisión de los jueces sosteniendo que “no tuvieron más remedio” que “aplicar la ley más benigna”, mientras que Elisa Carrió culpó al kirchnerismo por no haber sancionado durante 12 años una ley aclaratoria que evitase el fallo de la Corte y aclaró que fue “correcto desde el punto de vista del positivismo jurídico”.

La línea directa que en el imaginario popular vincula a Cambiemos con uno de los fallos más reaccionarios de la Justicia argentina se dibuja gracias a una serie de declaraciones y políticas oficiales que arrancaron por la puesta en duda del número de detenidos desaparecidos, a cargo del entonces ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Darío Lopérfido.

Luego, el ministro de Justicia, Germán Garavano, recibió a los abogados de los represores y el propio Presidente afirmó en una entrevista a un medio extranjero que en los 70 hubo “una guerra sucia”. Pero el escándalo se acrecentó cuando su amigo Juan José Gómez Centurión, titular de la Aduana, negó en un programa televisivo que se hubiese llevado adelante un plan sistemático para la desaparición de personas. Recientemente, además, se supo que un funcionario de Vidal había firmado una solicitada en favor de Rafael Videla en 1989.

Todo esto, sumado a las denuncias de los organismos de Derechos Humanos sobre la paralización de las causas y el desfinanciamiento de las oficinas y políticas encargadas de la investigación de los crímenes contra la humanidad, alientan la idea de un clima de época negacionista que reaviva la teoría de los dos demonios y propició el fallo. Incluso, reafirman la sensación popular –que según las encuestas tiene más del 60% del electorado- de que hacia adentro del bloque gobernante palpita el reclamo de un sector, en vinculación directa con la última dictadura, que lo pedía a gritos y que, hasta el momento, viene ganando la pulseada.