Redacción Canal Abierto | El presidente Mauricio Macri emitió en las últimas horas un decreto de necesidad y urgencia en el que fija, entre otras cuestiones, un límite de antigüedad de cuarenta años para los barcos de pesca. Paradójicamente la urgencia de la medida entrará en vigencia en 21 años. Sin argumentos oficiales sobre porqué la iniciativa no fue puesta a consideración del Congreso mediante un proyecto de ley, el gobierno legalizó así a los operadores y propietarios a seguir circulando hasta 2040 con embarcaciones que ya hoy podrían será antiguas.

El DNU que beneficia a los grandes empresarios de la pesca fue rechazado por los astilleros, familiares de marineros, sindicatos vinculados a la actividad y diversos sectores de la industria.

“Plantea una no renovación de la flota” aclara a Canal Abierto Denis Bilardo, trabajador de Astillero Río Santiago que además denuncia que existen fuertes presiones para “permitir el ingreso de buques usados de otros países, bajo el argumento de que hay que renovar la flota, bajando o eliminando los aranceles para la importación” y haciendo casi imposible la competencia con la fabricación local.

El reclamo lo pusieron en agenda los familiares de los tripulantes fallecidos en hundimientos durante los últimos años. “Ahora la situación de riesgo constante se extiende 21 años más” dice el técnico, dirigente de ATE Ensenada.

“Los armadores de la pesca obtienen 21 años de plazo cuando se había empezado a discutir en el Congreso una ley firmada por Pino Solanas que otorgaba una ventana de 3 años para renovar, que incentivaba la cadena de valor y la industria nacional”.

De esta manera, la renovación comenzaría a hacerse realidad dentro de más de dos décadas con buques que otros países descarten por antiguos. El Repunte se fue al fondo del mar en junio de 2017 con diez marineros, en Rawson. Otros dos pudieron ser rescatados con vida. Había sido fabricado en España, luego estuvo en Brasil y después llegó a nuestro país con 50 años de edad. Los familiares denuncian que no estaba en condiciones de zarpar y reclaman que se lo reflote para hacer las pericias. El año pasado se hundió el Rigel -también en Chubut-, con 9 personas, además de otras tres naves.

Desde el 2000 se produjeron 44 hundimientos de buques pesqueros dejando un saldo de 95 trabajadores entre muertos y desaparecidos, en un sector que “tiene súper ganancias, que exportaba con un dólar a 15 y ahora exporta con un dólar a 40, con retenciones que se mantienen iguales porque son en pesos” explica Bilardo. “Son los grandes ganadores de este modelo: Argentina exporta mas pescado que carne”, resalta.

“Hay otro tema que afecta a todo el pueblo argentino: Se le permite a los armadores poner el permiso de pesca como garantía de la compra o la construcción del buque, pero el permiso es una concesión que da el Estado al comprador, no es propiedad del armador, y en estas condiciones, se la puede terminar quedando el banco, un recurso que es de todos los argentinos”.

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