Redacción Canal Abierto | La Comisión Provincial por la Memoria presentó un informe preliminar en el Juzgado Federal de Dolores en el que concluyó que el operador Marcelo D`Alessio, “desplegó tareas de inteligencia en tanto existen pruebas suficientes que indican que de manera planificada recopiló, procesó, analizó y sistematizó información con enunciados fines tácticos o estratégicos”.

El ciclo de espionaje ilegal “contuvo una planificación, una fase operativa de reunión informativa, un análisis de la información recolectada, su sistematización y la posterior difusión a los destinatarios de dicha actividad de inteligencia” señala el texto difundido por la CPM, al tiempo que aclara que “El fondo documental contiene indicios de que estas tareas de inteligencia culminaban con la remisión del producto a las personas a quienes reportaba, referidas a contactos con agencias de inteligencia nacionales y extranjeras o con actores del Poder Judicial de la Nación”.

El relevamiento del material secuestrado en la casa del falso abogado, entre otras pruebas, fue realizado a requerimiento del Juez Federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, el 22 de febrero, en el marco de la causa judicial “D´Alessio, Mercelo Sebastián s/ asociación ilícita y otro”.

El resultado da cuenta de la realización de prácticas de inteligencia ilegal en Argentina y otros dos países. Entre las mismas se pudo establecer el acceso a información sensible NO pública de organismos estatales, la realización de seguimientos y las denominadas técnicas “de ablande”, con el objeto de coaccionar personas para posibles actos extorsivos.

También se llevaron a cabo la captación de comunicaciones, el acceso al registro de migraciones y el acceso a información estatal y privada reservada, todo esto sin la debida autorización judicial y por lo tanto por fuera de la ley.

Tales acciones violan las normativas que regulan la materia de inteligencia y de seguridad interior como exterior (leyes nacional de Inteligencia N° 25.520, de Seguridad Interior N° 24.059 y de Defensa Nacional N° 23554).

D`Alessio, desplegó tareas de inteligencia. De manera planificada recopiló, procesó, analizó y sistematizó información con fines tácticos o estratégicos. Se pudo establecer el acceso a información no pública de organismos estatales, la realización de seguimientos y técnicas de ablande, con el objeto de coaccionar para actos extorsivos. También se llevaron a cabo la captación de comunicaciones, el acceso al registro de migraciones y el acceso a información estatal y reservada, todo por fuera de la ley.

Para la CPM los hechos que se investigan en la causa “revisten una enorme gravedad institucional, ya que muestran el funcionamiento de uno o varios grupos que desplegaron actividades de inteligencia prohibidas, que solo pueden llevarse a cabo por parte de los organismos públicos habilitados por las leyes vigentes”.

“Cualquiera de las hipótesis que se acrediten en la causa, la pertenencia de D’Alessio a alguna agencia estatal de inteligencia o seguridad, o la posibilidad de que no pertenezca a ninguna de ellas, configuran hechos que vulneran la institucionalidad democrática y los principio republicanos del estado de derecho”.

Por último, el prestigioso organismo bonaerense que tiene entre sus destacados integrantes a Adolfo Pérez Esquivel, Roberto Cipriano, el Padre Pepe di Paola, Dora Barrancos, Víctor De Gennaro y Nora Cortiñas, advirtió que deben investigarse “de manera exhaustiva estos hechos que no son aislados y en cuyo desarrollo aparecen implicados organismos estatales y judiciales que generan estructuras paralelas a las del Estado, que ponen en peligro el propio sistema democrático” y  llama a los poderes públicos a “adoptar medidas urgentes para revertir esta situación”.

Deben investigarse de manera exhaustiva estos hechos que no son aislados y en cuyo desarrollo aparecen implicados organismos estatales y judiciales que generan estructuras paralelas a las del Estado, que ponen en peligro el propio sistema democrático

Durante esta tarde, el juez Ramos Padilla ratificó la denuncia contra Stornelli y D’Alessio en la Cámara de Diputados, exponiendo ante la Comisión de Libertad de Expresión: «los jueces tenemos la obligación de poner en poder a la ciudadanía este tipo de información», dijo, al confirmar que sigue al frente de la investigación.

Fuente: CPM.org

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