Por Sergio Alvez | Ciento setenta y dos trabajadores de prensa, entre periodistas y reporteros gráficos, fueron víctimas de desaparición forzada y asesinato por el accionar represivo del Estado entre 1976 y 1983. Esta es la información actualizada en el Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE) de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Se trata de un recuento que se fue acrecentando y que permanece abierto hacia nuevos posibles aportes informativos.

En  agosto de 1976, es decir a poco más de cinco meses del golpe genocida, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que nucleaba al grueso de las publicaciones periodísticas del país, remitió una nota dirigida al presidente de facto Jorge Rafael Videla, condenando los la violencia sufrida por las y los trabajadores de prensa, y repudiando la censura y represión que padecían los medios de comunicación que intentaban informar lo que ocurría en la Argentina de entonces.

“Desde que comenzó a generarse el terror sistematizado en la Argentina, hemos sido objeto de presiones, maniobras extorsivas, actos terroristas, llegándose inclusive al asesinato” denunciaba un párrafo de aquella nota de ADEPA.

172 trabajadores de prensa, entre periodistas y reporteros gráficos, fueron víctimas de desaparición forzada entre 1976 y 1983., según el Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE) de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Antecedentes

Resulta pertinente señalar, que durante el gobierno anterior al que se instauró con el Golpe, mientras el país estaba presidido por Isabel Martínez de Perón, una enorme cantidad de periódicos políticos y medios gráficos – Noticias, El Mundo, Crónica, La Calle, entre otros- fueron suprimidos, registrándose además el asesinato de trabajadores de prensa. Uno de los casos más relevantes es el del reportero gráfico de la revista Siete Díaz, Julio César Fumarola, bonaerense, quien además era presidente de la Asociación de Periodistas. Fumarola fue secuestrado por la Triple A el 5 de febrero de 1974. Su cadáver, con signos de haber sido sometido a torturas y acribillado por 70 balazos, fue encontrado al día siguiente en los bosques de Ezeiza.

Si la situación de persecución a los medios y a los trabajadores de prensa ya era crítica, con la irrupción de la Junta Militar todo empeoró. Una descomunal campaña de censura y represión fue desplegada desde el Estado, al punto de lograr el cierre masivo de publicaciones en todo el país, y ejecutando ya en los primeros meses del régimen secuestros, desapariciones y torturas contra periodistas. Las fuerzas militares ingresaban a las redacciones, a los bares, a las casas, para llevarse a los comunicadores, que luego eran torturados y en la mayoría de los casos nunca aparecieron.

Incluso hubo un periodista que fue directamente detenido en el cine, en medio de la proyección de un film. El 17 de julio de 1976, Enrique Walker, de 35 años, se encontraba en una sala de la avenida Rivadavia, en Capital Federal, cuando un grupo de tareas ingresó al recinto, obligó al operario a encender las luces de la sala y procedió a la detención de Walker, quien al grito de “¡Soy Enrique Walker, periodista y montonero, llamen a los diarios porque me están secuestrando”! intentó llegar hasta el escenario, pero pronto fue reducido y arrastrado hacia afuera, donde fue introducido a una furgoneta. Walker había sido integrante de la redacción de la revista Gente, dirigía su propia publicación llamada Nuevo Hombre, e integraba la Secretaría de Prensa de del Frente Justicialista de Liberación (FREJULI). Luego forma parte del equipo encargado de la redacción de la revista  principal de la organización Montoneros: El Descamisado.

ANCLA

Una de las experiencias periodísticas emblemáticas durante el genocidio fue la Agencia de Noticias Clandestinas (ANCLA), dirigida por Rodolfo Walsh e integrada además por las periodistas Lila Pastoriza y Lucila Pagliai, y el periodista Carlos Aznarez. Entre agosto de 1976 y septiembre de 1977, ANCLA publicó cerca de 75 cables, informando acerca del devenir cotidiano del terrorismo de Estado tanto en el país como en el extranjero, convirtiéndose en un medio fundamental para la ruptura del cerco informativo que la represión había instaurado. El 25 de marzo de 1977, luego de difundir su Carta Abierta a la Junta Militar, Rodolfo Walsh fue secuestrado.

Además de Walsh, hubo trabajadores de prensa que colaboraban  con ANCLA, que fueron secuestrados y permanecen aún desaparecidos. Son los casos de Eduardo Suarez, Carlos Bayón, Norma Batsche Valdéz, Miguel Coronato Paz, Mario Galli, Luis Villellia, Adolfo Allende y Luis Guagnini.

ANCLA publicó cerca de 75 cables, informando acerca del devenir cotidiano del terrorismo de Estado tanto en el país como en el extranjero, convirtiéndose en un medio fundamental para la ruptura del cerco informativo que la represión había instaurado.

En la provincia de Misiones, el periodista Sebastián Korol rescató del olvido la historia de Estela Urdániz, también periodista que en los años setenta  tuvo a su cargo diversos órganos de prensa del Movimiento Agrario Misiones (MAM) y las Ligas Agrarias de Misiones (LAM). Urdaniz, integra el listado de personas desaparecidas durante la dictadura en Misiones.

Cientos de historias de muerte, exilio y resistencia se atesoran en la retina y la memoria del periodismo argentino. Historias que a su vez evocan el compromiso de trabajadores de prensa que, como expresó Walsh en su inmortal Carta Abierta a la Junta Militar, supieron “dar testimonio en momento difíciles”.

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